Parece haber consenso en que la señal dada por la Presidenta respecto de los cambios en el gabinete es positiva. No debió ser fácil para la Mandataria una decisión de este tipo, sin embargo, ya parecía necesaria.

Es más, la propia Jefa de Estado había confirmado que las modificaciones eran estudiadas hace tiempo, pero distintas contingencias climáticas y naturales lo habían impedido.

Sin entrar mayormente en los orígenes de este cambio, parece bastante evidente que algunas carteras no funcionaban del todo bien, lo que, junto a otras materias conocidas, estaban golpeando a la Mandataria y al ejecutivo.

También debe decirse que este no es un fenómeno exclusivo de Michelle Bachelet o el gobierno; lamentablemente, es transversal a toda la clase política, con las malas consecuencias que ello tiene.

En lo político, habrá que observar los énfasis que tendrá en especial el ministro del Interior, Jorge Burgos, y en general la administración, que a ratos ha estado bajo fuego intenso por las reformas aprobadas y otras que están en carpeta, las cuales generan dudas importantes en sectores políticos, ciudadanos y empresariales.

Con todo, y esto es probablemente lo más importante, es vital que el gobierno lidere al país en una reconstrucción de las confianzas y del estado general del ánimo.

Debe apuntarse que las expectativas impactan de manera contundente en los resultados, particularmente económicos. Dicho de otro modo, las excesivas incertidumbres -que por paradoja, es el sino de los tiempos- deben ser reducidas con el objetivo de levantar a un país que está lejos de llegar a su máximo potencial.

Ayer mismo, informábamos que los proyectos mineros paralizados suman 40 mil millones de dólares. Eso, en la práctica, significa menos empleo y generación de riqueza, cuestión que debemos resolver.

Es de esperar que este segundo tiempo del ejecutivo, apunte a ello, reponga el valor del crecimiento económico, con el fin que nuestra economía genere más y mejores puestos de trabajo.

Chile lo necesita.

La semana pasada, la Presidenta anunció que, a partir de septiembre, se iniciaría un proceso constituyente. Si bien el anuncio de una nueva Constitución no es sorpresivo-se trata de un compromiso de campaña-la ambigüedad de la fórmula propuesta ha generado una serie de interrogantes.

Por ahora, solo sabemos que será un proceso abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos. Cómo se traduce eso en la práctica es lo que queda abierto a especulaciones. No se sabe quién conducirá el proceso (el Ejecutivo, el Congreso o ambos), ni si habrá un borrador para discutir o cuál es el producto esperado de estas instancias. Tampoco hay claridad respecto del papel que jugarán los partidos políticos en el proceso constituyente.

Un proceso constituyente que deje a los partidos políticos en un plano secundario puede aumentar aún más la débil posición en la que hoy se encuentran. Los partidos políticos son organizaciones que permiten a los ciudadanos organizarse colectivamente en torno a demandas programáticas. Sin partidos presentes se corre el riesgo de que grupos de interés hagan valer sus demandas particulares, presentándolas como si fuesen deseos universales.

Ilustrador es el caso de Islandia, donde, a raíz de la crisis financiera del 2008, surgió un proceso de cambio constitucional que incluyó amplia participación, con ciudadanos seleccionados al azar para generar ideas, comisiones ciudadanas y oportunidades para involucrarse y opinar a través de internet. Sin embargo, cuando el proceso entró al parlamento, las discusiones dieron cuenta de la complejidad de ciertas propuestas, en torno a las cuales tanto los partidos políticos como organismos internacionales hicieron valer sus preocupaciones. Más aún, dado que los partidos políticos habían sido dejados de lado durante la redacción del proyecto, la recepción en el parlamento fue bastante fría. Islandia aún no ha aprobado la nueva Constitución.

Los partidos políticos tienen que jugar un rol importante en la reforma constitucional, cualquiera sea la forma como se lleve a cabo, no solo para lograr el objetivo propuesto sino también para fortalecer nuestra democracia.