Mucho se habló sobre lo que significaba el Sistema Binominal. Que era un modelo generado en dictadura y, por tanto, "antidemocrático", que favorecía a candidatos con poca representación ciudadana y que generaba una contienda centrada más al interior de cada colectividad, que realmente una representación amplia de la comunidad.

Sin embargo, nadie puede desconocer que fue un sistema que otorgó estabilidad política, permitiendo una sana transición en los cambios que hasta el día de hoy se generan en Chile.

Hoy nos enfrentamos a un nuevo sistema electoral que genera muchas expectativas. No obstante, creo que nos encontramos frente a un cambio que se hizo "como un traje a la medida" para quienes querían esa reforma y lo llaman sistema electoral "proporcional inclusivo", el cual tiene serias inconsistencias y arbitrariedades.

El nuevo mapa político genera dudas y quizás arbitrariedades que el legislador no valoró en su momento. Si su determinación se funda en la población existente, no se comprende que el distrito de Iquique con un universo de 222.054 electores tenga sólo la posibilidad de tres escaños y la Región de Atacama con un potencial electoral de 221.613, tenga cinco escaños.

Así también es válido señalar que hoy el espectro territorial que tendrán que abarcar los parlamentarios será mucho mayor. Eso puede implicar un alejamiento de la acción comunitaria dado el tiempo que tendrán para recorrer una mayor superficie territorial.

Más aún, con las nuevas reglas en materia de financiamiento de la política generará una debilidad competitiva para aquellos que pretendan presentarse por primera vez y quienes se encuentran en ejercicio y buscan su reelección. Por tanto, la posibilidad planteada por quienes señalaban habría mayores posibilidades para una renovación en la política, a esta altura parece más una idea ilusa.

Así también me parece que la exigencia de 0,5% de electores para conformar un conglomerado político era correcta. Hoy sólo se exigirá un 0,25% y se podrá formar un partido sólo en una región, suprimiendo el requisito de mayor exigencia que era a lo menos en tres regiones. Esta medida que busca oxigenar el sistema partidario, puede terminar provocando una proliferación partidaria que afectará la administración y eficacia gubernamental que tanto costó construir.

Luego de años de análisis el Gobierno firmó el decreto que impulsa la unión de los sistemas Interconectado Norte Grande (SING) y Central (SIC), con el objetivo de establecer un solo sistema desde Arica hasta Chiloé, buscando optimizar su funcionamiento y estabilidad, además de agregar competitividad al mercado y reducir los costos de la energía, tanto a nivel domiciliario como industrial.

Hasta ahora, Chile se encuentra dividido en términos de generación y distribución eléctrica. En el Norte, el Sing abarca las regiones desde Arica hasta Antofagasta, teniendo su extremo sur en Taltal. Desde Atacama al sur, el SIC se encarga de abastecer de energía al país. Esta separación también marca diferencias respecto a la generación eléctrica.

En el norte prima la generación térmica y avanzan las Energías Renovables no Convencionales, con el sol a la cabeza. En el sur, la generación hidroeléctrica tiene una participación fundamental, pero al mismo tiempo, hoy más sensible.

En cada uno de los casos existen potencialidades y también debilidades, que pueden ser cubiertas gracias a la unión entre ambos sistemas. Sin embargo, este mismo hecho no ha estado exento de desafíos, los mismos que tuvieron este proyecto en discusión durante años, desde que fuera una idea, hasta que se transformara en una propuesta técnica concreta.

Pero una vez superados los estudios y discusiones de carácter técnico, el proyecto se encuentra ya en condiciones de ser una realidad.

La ejecución está en manos de E-CL -empresa con fuerte presencia en la zona- con un horizonte hacia el año 2017.

En términos prácticos, uno de los principales beneficios sería la baja en las tarifas eléctricas, la que se aplicaría no sólo para los clientes domiciliarios, sino que también para los industriales.

Siendo que la energía es uno de los insumos que más interviene en la competitividad de industrias como la agricultura o la minería en nuestro país, iniciativas que permitan no sólo estabilizar la oferta de energía sino que además, hacerla más competitiva, debiera tener necesariamente impactos positivos para todos los consumidores.