Mientras llovía el 25.03 pasado sentimos el temor de repetir la tragedia de 1991, con la pérdida de la vida de 108 personas y con todos sus problemas que afectaron nuestra ciudad, pero esta vez comprobamos que las piscinas aluviales nos dieron seguridad y la tranquilidad que esos daños no volverían a ocurrir en los sectores protegidos.

Quienes cuestionaron la inversión de $10.000 millones en las piscinas de Salar El Carmen y La Cadena reconocieron la acertada decisión y oportuna inversión, sobre todo por lo ocurrido en Atacama; sólo por referencia digamos que con esos recursos se pudieron construir seis playas artificiales como El Trocadero, de gran impacto y mejoría en calidad de vida, pero que no nos habría protegido del riesgo de fuertes lluvias; por tanto salvar vidas fue el principio que motivó esa inversión.

Sin embargo debemos aprender de lo ocurrido y es evidente que hay aspectos a considerar:

1°) Junto con construir esas piscinas se organizaron Comités Vecinales, como en Villa El Salto, que incorporaron a los ciudadanos en tareas de educación y prevención de estos riesgos; por eso no sólo hay que construir nuevas defensas aluviales sino también incentivar la participación ciudadana en la cultura de seguridad previa al siniestro.

2°) El día después del siniestro es angustioso y es cuando mas se necesita, tener elementos identificados para superar los daños, por ejemplo, catastro de maquinaria pesada y operadores de las mismas, coordinación con empresas y técnicos para recuperar los servicios básicos, prestadores de servicios de salud y otros, que aseguren recuperar pronto una vida normal.

3°) Asumir que el cambio climático cambió nuestras vidas y que en los últimos años ha llovido sin excepción, obliga terminar con la construcción de viviendas de techos planos y tener una cultura permanente de limpieza de los techos, para dejar de ser la ciudad del plástico cada vez que llueva.

Finalmente hay 13 quebradas con riesgo de aluvión que impactan en la ciudad, por lo que continuar construyendo piscinas decantadoras, junto a sus respectivos comités vecinales, debiese ser una tarea prioritaria y pendiente.

La Región de Antofagasta y su capital regional tienen varias severas complicaciones y entre las más graves se cuenta la falta de áreas verdes y espacios públicos y, especialmente, el déficit de viviendas para sectores más desposeídos, pero especialmente para la clase media.

En Antofagasta, prácticamente no existe oferta de inmuebles por hasta 2.500 o 3 mil UF, precios a los que puede acceder una familia de clase media. Esta es una ciudad cara, fenómeno influenciado por los mayores sueldos, como por la falta de una oferta elemental de todo tipo. Desde casas, hasta salud.

Y recién a inicios de esta semana sufrimos un nuevo antecedente al respecto. En Chile serán construidas 60 mil viviendas en el marco del Programa Extraordinario de Reactivación Económica impulsado por el Ministerio de Vivienda, sin embargo, en nuestra Región se presentaron sólo dos proyectos que consideran apenas 374 inmuebles, vale decir, menos del 1% del total.

Es evidente que el asunto no es estrictamente económico. A esta altura, es un tema político que muy lamentablemente no ha sido tomado con la urgencia necesaria por las autoridades. El tema tiene diagnóstico claro, sin embargo las mitigaciones planteadas no son suficientes.

Una prueba es la mínima cantidad de viviendas sociales construidas en los últimos años.

Respecto del escaso interés de las constructoras regionales por participar de estos llamados, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta (CChC), Jaime Tolosa, comentó que el alto valor del suelo sigue siendo un factor que desincentiva la ejecución de proyectos de este tipo. A modo de ejemplo citó que en el sector norte de la ciudad los terrenos pueden fluctuar entre 4 y 7 UF el metro cuadrado, a lo que sumamos el mayor coste de la mano de obra y otros insumos.

El precio del suelo, en definitiva, está resultando en un incremento preponderante del final, lo que es casi una paradoja considerando que es el estado el mayor propietario en esta región.

¿Hasta cuándo se soportará esta realidad? ¿Hasta cuándo se deberá soportar por soluciones definitivas?