Los ministros políticos de La Moneda (Interior, Segegob y Segpres) se sucedieron ayer las vocerías para reafirmar un punto que el Gobierno insiste en defender: Giorgio Martelli, ex recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, habría tenido un rol de "bajo perfil" en ese trabajo electoral. Con ese mensaje, los secretarios de Estado salieron al paso de la publicación de The Clinic, que informó que el operador político arrendó por un mes la sede del comando de la actual Mandataria en Providencia.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, insistió ayer que la campaña de Michelle Bachelet se apegó "estrictamente" a la normativa. "La campaña presidencial en todos sus ingresos y gastos está apegada estrictamente a la normativa legal y la información que se comenta es la que el comando presidencial rindió al Servel", comentó.

El jefe de gabinete volvió a negar que el dueño de la empresa Asesorías y Negocios SpA, Giorgio Martelli, cumpliera roles protagónicos en la última campaña presidencial de Bachelet.

"Él fue parte de un comité que las campañas tienen de recaudación ciudadana y ese es el rol que tuvo, lo que no tiene que ver con la campaña del 2005, que fue un rol de administrador electoral hace 10 años", añadió Peñailillo.

sin ocultamiento

En la misma línea, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, negó ayer que La Moneda haya ocultado información sobre ese contrato de arriendo.

El vocero de La Moneda explicó que el dato "no se ha ocultado" ya que aparece en la rendición del comando ante el Servicio Electoral. Respecto de por qué La Moneda no había reconocido hasta ayer el vínculo más cercano entre Martelli y el comando de la entonces candidata, Eilzalde resaltó que "lo que hemos dicho es que él colaboró con la campaña como muchos otros y efectivamente en un arriendo que él tenía vigente lo cedió a la campaña".

"El propio ministro (Rodrigo) Peñailillo contestó esta pregunta hace varios días. Él fue efectivamente administrador electoral de la primera campaña del 2005 y colaboró en la campaña del 2013, pero no tuvo un rol protagónico", agregó.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, dijo que "dar cuenta de todos los trabajos que se hicieron hoy día parece innecesario, salvo que tengan que darse explicaciones por estar vinculados a temas delictivos, que no es el caso de ninguno de los ministros ni subsecretarios, al menos de ninguno de los que hemos conocido públicamente".

"Por lo tanto, creo que hay que tener prudencia. Hoy, el ser asociado con una empresa en particular, para la opinión pública significa un veredicto de culpabilidad y creo que tenemos que cuidar la honra de las personas", argumentó la ministra Rincón.

reforma constitucional

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer una reforma constitucional que establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia electoral.

La reforma propone que desde las próximas elecciones se pierdan el cargo quienes rompan las normas de financiamiento y control de gasto electoral. Lo anterior se regulará con una ley orgánica constitucional y se haría efectivo una vez que se establezca la responsabilidad penal.

En la ceremonia, la Mandataria dijo que en el ámbito parlamentario serán los propios legisladores quienes lo van a establecer en un proyecto de reforma de iniciativa propia.

El vicepresidente de RN, Luis Mayol, calificó el proyecto como "un primer paso".

"Aquí vienen varios proyectos más que tienden, en definitiva, a ordenar todo lo que está ocurriendo hoy día, a transparentar la política con el apoyo financiero", afirmó el exministro de Agricultura del Presidente Sebastián Piñera.

El exPresidente Ricardo Lagos afirmó ayer que ante la crisis política es momento de tomar decisiones "más radicales" hacia una salida que debe conducir la Presidenta Bachelet. En entrevista con Tele 13 Radio, Lagos dijo que "es indispensable un entendimiento nacional mayor para pensar en los próximos 20, 30 años. Eso falta, a mi juicio. La necesidad de la inmediatez nos impide tener una mirada larga y son los largos consensos los que nos hacen generar algo positivo". Ante una posible opción presidencial, el ex Mandatario añadió que "cuando tenga algo que decirle al país, se lo diré con claridad.

El exsenador y excandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, llegó ayer a la Fiscalía de Rancagua para declarar como testigo en el caso Caval, en el que se indaga una presunta negociación incompatible, violación de secreto y tráfico de influencias.

Según el abogado del también ex ministro, Alejandro Espinoza, la asistencia del exparlamentario fue "voluntaria y en calidad de testigo", con lo que descartó una posible vinculación en las supuestas irregularidades en la compra de terrenos en Machalí por parte de la empresa Caval.

Longueira se habría visto mencionado en el caso luego de la declaración de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, quien habría señalado que no sabía si parte de las utilidades de la venta de los terrenos de Machalí pudo haber llegado a la campaña de Longueira a través del operador UDI Juan Díaz.

Su nombre también habría aparecido en la declaración del asesor comercial de Caval, Victorino Arrepol.

"Pablo Longueira solicitó al fiscal regional venir a declarar. Es una declaración voluntaria, como testigo, a objeto de precisar lo mismo que hemos declarado públicamente, en orden a que no tiene una vinculación con este negocio ni con las personas involucradas en él", manifestó Espinoza.

Luego de que trascendieran esas informaciones, el ex candidato presidencial comentó que evaluaba tomar acciones legales contra los responsables.

Cerca del mediodía de ayer, Longueira se retiró del edificio sin conversar con la prensa, mientras su abogado reconoció que el exministro estaba "molesto" por los dichos.

"Él está molesto, no es grato que a uno lo involucren en una actividad que es reprobable desde el punto de vista ético y que puede ser constitutiva de delito", afirmó el abogado Espinoza.

La Fiscalía de Rancagua indaga la adquisición por parte de Caval de terrenos para los que habría apostado a un posible cambio en el plan regulador, lo que aumentaría el valor de esos paños.

Dichos terrenos fueron comprados luego de conseguir un crédito por $6.500 millones en el Banco de Chile, otorgado a una firma que contaba con un capital inicial de $6 millones.

Después de la operación de adquisición de ese crédito Caval vendió los terrenos en un monto de $9.500 millones a la empresa Silca, que ahora acusa de estafa a Caval.