El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), uno de los entes fiscalizadores de Brasil, declaró que el Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff cometió un "delito de responsabilidad" fiscal al usar recursos de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado.

"No hay duda. Hay un incumplimiento de la ley. Un banco público no puede prestar dinero al Gobierno", afirmó el relator del proceso en el TCU, Jose Múcio, a los medios locales.

De acuerdo con el tribunal, entre 2013 y 2014 el Gobierno de Rousseff atrasó "sistemáticamente" el envío de recursos a las entidades públicas Caixa Económica Federal, Banco do Brasil y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.

En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, según explicó el TCU, que calcula que más de 40 mil millones de reales (US$12.120 millones) fueron "sacados" por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicos. "No creo en la mala fe (por parte del Gobierno). En realidad, faltó dinero y se necesitaban pagar las cuentas", comentó Múcio.

El TCU determinó que el Tesoro brasileño pague los recursos debidos a los bancos públicos y aprobó una audiencia con los supuestos implicados en el caso conocido como "pedaleadas fiscales". Los 17 gestores citados tendrán 30 días para justificar las prácticas identificadas por el tribunal, consideradas ilegales.

Entre las personas que deberán ofrecer explicaciones se encuentra el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini; el exministro de Hacienda, Guido Mantega, y los titulares de Planificación, Nelson Barbosa, y de Trabajo, Manoel Dias, entre otros.

El fiscal general del Banco Central, Isaac Ferreira, minimizó la decisión de la corte de escuchar a representantes de la entidad: "No hay ninguna investigación deflagrada, hay un mero pedido de esclarecimiento. Eso es usual".

El posicionamiento del TCU fortalece a la oposición, que, según medios locales, podría usar este episodio como argumento para abrir un proceso de destitución contra Rousseff.

La declaración del tribunal ocurrió el miércoles, mismo día en que el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, fue detenido por su vínculo con el caso Petrobras.

Ambas noticias castigan aún más a un Gobierno debilitado por una creciente crisis política, sumergido en paupérrimos índices de popularidad (13%). La petición de "impeachment" fue la principal reivindicación en las dos jornadas de protestas antigubernamentales que se realizaron en marzo y el domingo pasado, y es apoyada por el 63% de los brasileños, según un sondeo reciente.

Para el editor de "O Globo" Alan Gripp, la detención del ahora ex tesorero del PT "dará munición a una oposición que dio una clara señal de que dejará la postura pasiva y buscará el enfrentamiento". "Todavía no se puede decir si la prisión de Vaccari será el argumento (para el juicio político), pero es, sin duda, lo que la oposición tiene de más poderoso hasta ahora", afirmó Gripp a DPA. Una cuñada de Vaccari, Marice Correa, fue declarada ayer como "fugitiva". Se sospecha que la mujer está implicada en el caso.