Funcionario demanda a la Defensoría Penal por "hostigamiento"
juicio. Se trata de la primera demanda por tutela laboral de un funcionario público en Antofagasta. Tribunal deberá resolver si la acción es "procedente".
En el Juzgado de Letras del Trabajo comenzó ayer el primer juicio en Antofagasta por tutela laboral de un funcionario público. Se trata de un administrativo quien denuncia a su empleador, la Defensoría Penal Pública (DPP), por vulneración de derechos fundamentales (hostigamiento síquico).
La medida es inédita en la región, ya que los empleados públicos están regulados por su estatuto administrativo, pero en el país ya hay registro de otros casos que fueron tramitados por los tribunales laborales. El denunciante es Miguel Cañas Varela, encargado de administración, finanzas y recursos humanos en la Defensoría.
El funcionario que trabaja en la DPP desde 2001, inició acciones legales para a su juicio, "detener los menoscabos y hostigamientos que está recibiendo por parte de su empleador".
La defensa de Cañas explicó que cuando hablan de "hostigamiento" se refieren a daño síquico que está acreditado con certificados siquiátricos".
Katherine Valle Cortés, abogada del ingeniero comercial, sostuvo que "lo que buscamos es que el tribunal detenga todo tipo de hostigamiento, el que se ha traducido en la suspensión de funciones de mi representado".
Esto, por "un sumario administrativo que aún no tiene resolución y la mala calificación que obtuvo en su último periodo, luego de 14 años en los que siempre tuvo notas impecables", dijo la profesional.
inédito
El otro abogado de Cañas, Alejandro Cáceres Aguirre, detalló que lo llamativo de este caso es que ante situaciones como esta (hostigamiento laboral", los funcionarios públicos no tienen defensa porque no aparecen en sus leyes de base.
"Este procedimiento permite la protección del trabajador público. Es relativamente nuevo y por primera vez lo vemos en Antofagasta, sin perjuicio de que el tribunal se pronunciará sobre su competencia en la sentencia definitiva", aclaró Cáceres.
Las partes expusieron ayer sus pruebas documentales, en una audiencia que comenzó a las 10.30 horas y terminó cerca de las 17 horas. El juicio continuará el 13 de abril con la prueba testimonial.
El demandante en tanto manifestó que "sufrí amedrentamiento personal, esto comenzó en mayo de 2013 y se legalizó en enero de 2015. Estoy suspendido de mis funciones desde septiembre de 2014".
Con la acción legal, agregó, lo único que desea es "reincorporarme a mi trabajo, que pueda desempeñarme sin hostigamiento. Tal vez todo esto comenzó porque querían reubicar personal en la institución".
El jefe de estudios de la Defensoría Penal, el abogado Ignacio Barrientos, precisó que en materia laboral, la regla general es que primero se ven todos los antecedentes y luego se resuelve si la demanda es procedente o improcedente.
"Es distinto a lo penal, eventualmente el tribunal podría decir que no es competencia laboral. Si el funcionario se siente de esta manera, puede realizar todas las acciones que estime pertinente y la Defensoría responderá", puntualizó el abogado.
Barrientos dijo que en este caso se trata más bien de un tema administrativo y de malas gestiones efectuadas, las que son de larga data.