Cuba y EE.UU. concluyeron ayer sin mucho ruido su tercera ronda de conversaciones con el objetivo de restablecer sus relaciones diplomáticas, mientras el Presidente Raúl Castro viajó a Venezuela para una cumbre de Mandatarios en la cual estaba previsto fijar posiciones ante Washington.

A diferencia de las dos primeras rondas de negociaciones, la culminada ayer estuvo marcada por el hermetismo. En un escueto comunicado, la Cancillería cubana manifestó que la cita tuvo como fin "intercambiar sobre temas específicos relacionados con el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países". "Las dos delegaciones acordaron mantener la comunicación en el futuro como parte de este proceso", agregó.

El vocero del Departamento de Estado de EE.UU., Jeff Rathke, afirmó que las conversaciones se centraron en la apertura de embajadas.

Las negociaciones se producen en momentos en que Venezuela, el principal socio comercial y político de la isla, mantiene una confrontación con EE.UU. debido a las sanciones impuestas por Washington a la nación caribeña.

Cuba solidarizó con Caracas y en el mismo momento en que la Cancillería emitía su comunicado, el Presidente Castro llegaba a Caracas para participar de una cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) convocada por el Mandatario Nicolás Maduro ante la crisis con EE.UU.

La policía brasileña desarticuló ayer una red de corrupción acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos US$ 31,2 millones) de la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público de Brasil.

Los miembros de la banda son acusados de promover fraudes con créditos para la adquisición de viviendas, que la Caixa Económica Federal desembolsaba pese a que carecían de garantías o eran para la compra de inmuebles inexistentes o por un valor en 1.000% superior al real, según informó la Policía Federal brasileña en un comunicado.

La operación para desmontar la red de corrupción enquistada en la Caixa Económica Federal, una de las más importantes empresas estatales de Brasil, se produce en momentos en que la Policía, la Fiscalía y el Congreso investigan un gigantesco escándalo por desvíos en la petrolera Petrobras, la mayor empresa del país y también pública.

El caso de corrupción en Petrobras es investigado desde hace un año y por el mismo ya han sido condenadas 11 personas y son juzgadas otras 82, en tanto que la Corte Suprema autorizó investigar a 50 políticos con fuero privilegiado, 35 de ellos parlamentarios, de los que se sospecha que se beneficiaron de los millonarios desvíos.

La indignación con la corrupción en Petrobras fue señalada como el principal motivo de las protestas antigubernamentales que movilizaron a cerca de dos millones de brasileños el domingo en diferentes ciudades.

La Policía Federal dijo haber movilizado ayer a 133 agentes en Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres mayores estados de Brasil, para desmontar la organización acusada de los desvíos en la Caixa Económica Federal.

El juez a cargo de la investigación dictó 34 órdenes para permitir que los acusados sean sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 órdenes para separar a funcionarios públicos de sus funciones. Los responsables por la operación también dictaron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 mandatos de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes.