El fallo del Tribunal de Los Vilos que ordenó la demolición del tranque de relaves El Mauro de Minera Los Pelambres abrió un debate fundamental en el país y sobre el cual una región esencialmente minera como es Antofagasta tiene especial interés.

Incumplimientos a la normativa ambiental, el rechazo de las comunidades y la consecuente judicialización de los proyectos afectan de manera significativa a la industria y economía nacional, afectando decididamente la imagen de la minería y sus sectores encadenados.

Los cuestionamientos comunitarios a proyectos como Pascua Lama, Los Pelambres y el galpón de acopio para los concentrados de cobre de Sierra Gorda SCM en las instalaciones de Antofagasta Terminal Internacional (ATI), por distintos cauces están poniendo a prueba la institucionalidad, un aspecto sobre el cual el gremio minero ha reaccionado enérgicamente.

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero -entidad que agrupa a las 17 empresas mineras más grandes del país- destacó ayer a este Diario que la minería es una industria de vanguardia, que trabaja con los más altos estándares en todos sus procesos.

"Sin embargo, este último tiempo hemos sido testigo de frecuentes episodios en donde vemos a las comunidades levantando la voz y criticando el actuar de estas empresas por diversos motivos. Hemos llegado a un punto en donde se requiere un esfuerzo conjunto, tanto de la empresa como de las comunidades para mejorar ese diálogo", dijo.

daños

Respecto al fallo del tribunal de Los Vilos que ordena a Minera Los Pelambres la demolición del muro del tranque de relaves El Mauro, Villarino advirtió que "las consecuencias podrían ser de un daño humano y ambiental irreparables".

Sin embargo, fue más allá y admitió que si bien esta situación afecta en primer lugar a la comunidad aledaña de la faena, "si analizamos las consecuencias para la industria, esto evidentemente tiene un impacto porque genera total incertidumbre".

En la óptica del Consejo Minero, el fallo parece ser una falta de sentido común incompresible.

"Además, debe tenerse en cuenta que el tranque fue construido después de obtener todas las autorizaciones técnicas y medioambientales correspondientes, y ha estado sometido a periódicos controles por la autoridad sin que existan mayores reparos", dijo.

El tema de fondo es que pareciera que las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de los proyectos ahora parecieran no ser suficientes según el gremio.

criterios

En la misma tónica, el presidente de la Sofofa, Hermann von Muhlenbrock, aseguró ayer que "no comparten" la decisión tomada por el Tribunal de Los Vilos sobre la demolición de El Mauro.

"Respetamos la autonomía del Poder Judicial, pero no compartimos el criterio utilizado. La empresa cuenta con todos sus permisos ambientales aprobados y vigentes, por lo que no existe ninguna justificación para exigir una medida tan radical como demoler el tranque, lo que en la práctica significa paralizar el funcionamiento de la mina".

Von Muhlenbrock agregó que "el fallo deteriora la institucionalidad ambiental, ya que le quita toda validez y resguardo a los permisos que ésta otorga para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos. No puede haber progreso y desarrollo si no existe la certeza jurídica mínima para operar".

Este escenario de incertidumbre que se genera para la inversión minera se ve acrecentado por la baja en las leyes promedio de mineral de los yacimientos nacionales, y el surgimiento de países limítrofes cada vez más decididos a desarrollar su industria minera como son Perú e incipientemente Argentina.

"En nuestro país necesitamos avanzar de manera sustentable e igualitaria y para esto se requiere que la institucionalidad sea robusta, independiente y transparente. Cuando un tribunal invalida una decisión técnica, que es potestad de la institucionalidad ambiental, estamos poniendo en jaque su credibilidad y garantías", finalizó Von Muhlenbrock.

preocupación

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) también cuestionó -a través de su presidente Andrés Santa Cruz-, el fallo del tribunal que determinó demoler el muro del tranque y que -de paso- pone en riesgo el 7% de la producción minera del país.

"Es una aberración decir que hay que derribar el tranque, ¿alguien se imagina lo que es derribar el tranque y el daño ecológico y a todo el mundo que afecta?". Y dijo que es un tema que les preocupa enormemente, ya que "la empresa tiene todas las resoluciones ambientales, todas las aprobaciones, ha cumplido en forma estricta con la legislación".

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago dejó en suspenso su decisión respecto a la suspensión de actividades solicitada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra Antofagasta Terminal Internacional (ATI).

El juzgado estimó que antes de resolver la petición, es necesario que la SMA aclare si los hechos y cargos en que se funda su solicitud, se relacionan con el programa de cumplimiento que el mismo organismo aprobó el viernes de la semana pasada.

En efecto, el viernes pasado la SMA aprobó las medidas comprometidas por ATI para subsanar distintas incumplimientos detectados en fiscalizaciones realizadas en abril y octubre del año pasado.

Con la misma fecha, sin embargo, la superintendencia notificó nuevos cargos a la concesionaria del puerto por infracciones a sus resoluciones de calificación ambiental y por no cumplir con mediciones al sistema de filtros ordenadas durante el primer proceso.

Es el marco de esta segunda formulación de cargos que la SMA además solicitó al Tribunal Ambiental la suspensión por 30 días de todas las operaciones con concentrados en las instalaciones de ATI.

Lo que en fondo quiere establecer el tribunal antes de definir si autoriza la medida solicitada es si la superintendencia está abriendo un nuevo proceso sancionatorio por hechos que ya antes fiscalizó.

Esta es la misma duda que planteó ATI en un escrito ingresado ayer al tribunal, el cual, pese a no ser acogido (en esta instancia no corresponde escuchar a la empresa), quedó consignado en el expediente.

La SMA ingresará hoy los antecedentes solicitados por el Tribunal Ambiental y dependiendo de la hora en que lo hagan, la resolución podría conocerse hoy mismo o en su defecto mañana.

Mediciones

La SMA pidió suspender por 30 días las operaciones de ATI por considerar que representan un "serio peligro para la salud de las personas", toda vez que "se detectaron incumplimientos graves en las medidas destinadas a mitigar la emisión de polvo fugitivo que contiene metales pesados".

El organismo menciona que mediciones realizadas con equipos especiales detectaron alta presencia de metales pesados en el recinto de ATI, las cuales decrecen al internarse en el área urbana.

Sin perjuicio de lo que suceda con la solicitud de suspensión, ATI arriesga fuertes sanciones por el nuevo proceso sancionatorio abierto por la SMA, el cual no está sujeto a consulta en el Tribunal Ambiental.

Un ciclo de impugnación social que no se detendrá hasta que la comunidad sienta que se ha hecho justicia. Ese es el escenario planteado por el sociólogo Alberto Mayol, que explicaría los movimientos comunitarios que hoy tienen por las cuerdas a gigantes de la industria minera, los negocios y la política en nuestro país.

Los casos como Penta y Caval en el espectro económico-político, y otros como lo que ocurre en Los Pelambres, Pascua Lama y en el mismo puerto de Antofagasta más relacionados con la industria minera y su encadenamiento, son muestras de que en el país algo está ocurriendo.

¿Qué provoca esta reacción de las comunidades?

-Estos levantamientos de la ciudadanía se generan debido a que los mecanismos de resistencia al malestar en el país están muy débiles.

Existe la sensación de que los individuos y los grupos pequeños no pueden luchar contra procesos históricos y este tipo de conflictos se van a seguir produciendo hasta que el ciclo de impugnación social se acabe.

injusticia

¿Cuándo o cómo acaba un ciclo como el que describe?

-Ese ciclo va a terminar en la medida que la sociedad chilena sienta que por lo menos se cumplió parte del rito final, es decir, cuando los casos emblemáticos que se están desarrollando actualmente terminen con algo que la gente interprete como una forma de terminar con la injusticia. Mientras eso no suceda es muy difícil que terminen estos cuestionamientos.

¿La desigualdad que evidencian las regiones mineras influye en estos comportamientos?

-Las regiones mineras viven una realidad muy especial. En esas zonas hay grandes recursos que pasan por una zona de la sociedad respecto de la cual todos quieren estar muy cerca. Pero acceder a ese flujo no es fácil, así es que la gente acumula muchos problemas porque además son ciudades con un alto costo de vida, es por eso que las zonas mineras tienden a ser las más inestables en el mundo. Es parte de su naturaleza.

¿Podría derivar en otro tipo de conflictos?

-Las situaciones de desigualdad que existe en las regiones mineras son la base de los principales focos de conflicto en una sociedad. Es una enfermedad que produce muchos problemas y evidentemente pueden llegar a manifestarse de otras maneras.

¿Qué debiera hacer la industria o el aparato público?

-Por las características especiales de las zonas mineras es que resolver esos problemas requiere soluciones más sofisticadas.

En Chile no se ha hecho un trabajo planificado en esa dirección, sólo ahora hay una voluntad de ir mejorando porque se ha generado la conciencia de que el problema existe y que está más cerca de lo previsto.

La industria minera debe creer más en lo público y articularse mejor con ese ámbito, y entender que las acciones que no están coordinadas ni pensadas para la ciudad o la región completa es muy probable que resulten en medidas inadecuadas.