Alcaldesa invocará ley municipal para aprobar contrato por relleno sanitario
licitación. Concejo no entregó los siete votos que la edil requería por temor a conflictos con dueños de las pertenencias mineras.
Invocando una atribución exclusiva establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades, la alcaldesa Karen Rojo asegurará la aprobación del contrato con la empresa Santa Marta, por el diseño construcción y operación del relleno sanitario Chaqueta Blanca.
El artículo N° 82 del citado cuerpo legal establece que si los concejales, pasados 20 días desde una solicitud formal, aún no se pronuncian aprobando o rechazando una concesión, regirá lo propuesto por la autoridad comunal.
Y es precisamente eso lo que anunció ayer la propia edil, tras fracasar en su segundo intento por lograr el quórum requerido para la firma del contrato.
RESPALDO
Para que el vínculo se entendiera aprobado, Karen Rojo requería el apoyo de dos tercios del Concejo Municipal, es decir, siete votos afirmativos.
El 18 de febrero, fecha en que el contrato con Santa Marta se votó por primera vez, apoyaron la petición de firmar Hugo Benítez, Gonzalo Santolaya, Elivia Silva, Félix Acori y la misma alcaldesa (cinco).
En aquella ocasión Doris Navarro, Andrea Merino y Patricio Reyes se abstuvieron de votar, mientras que Jaime Araya, Antonio Cárdenas y Roddiam Aguirre no asistieron.
Ayer, ante el Concejo en pleno, Rojo sumó un sexto voto a favor, el de Jaime Araya, quien pese a manifestar serios reparos a la conducción del proceso, estuvo por aprobar.
Por su parte, los tres concejales que en febrero se habían abstenido, endurecieron su postura y votaron abiertamente en contra de la propuesta edilicia, posición a la que se sumó Antonio Cárdenas.
La abstención del concejal Roddiam Aguirre cerró el cuadro que dejó a la alcaldesa sin cumplir su objetivo de sacar adelante el contrato con apoyo del Concejo Municipal.
FLANCOS
Durante la sesión varias veces Karen Rojo interpeló a los concejales asegurando que todos los flancos jurídicos y administrativos estaban cubiertos, sin embargo, las dudas nunca se esfumaron por completo, sobre todo en lo que dice relación con las pertenencias mineras que existen en el terreno de Chaqueta Blanca.
Ni siquiera la incorporación en el contrato de una cláusula adicional que dejaba establecido que Santa Marta sería la responsable de cancelar las indemnizaciones derivadas de eventuales juicios con los titulares de esos derechos, hizo variar la opinión de los concejales objetaban la firma.
Terminada la votación, la alcaldesa confirmó que no llevará nuevamente el contrato al Concejo Municipal y que hará uso del artículo 82.
"En 20 días más yo tengo la facultad de tomar la decisión y por supuesto que la decisión será afirmativa", anunció.
De esta manera, cumplido el plazo que establece la ley, la alcaldesa dictará un decreto donde da curso al contrato con Santa Marta, aduciendo que el Concejo Municipal no se ha pronunciado. Esto, porque legalmente la propuesta no está aprobada ni rechazada, pues ninguna de las opciones alcanzó el quórum de siete votos.
"Yo estoy muy tranquila. Acá hay un equipo municipal que tiene una experiencia amplia en este tema", señaló la alcaldesa, consultada por la responsabilidad que asume.
Cabe precisar que uno de los temores que planteaban los concejales con insistencia era si las indemnizaciones que pudieran exigir los dueños de las pertenencias mineras, los podrían afectar a ellos individualmente, asunto que con esto se entiende despejado.
Según se informó ayer, durante el periodo de 20 días, se trabajará junto a Santa Marta en la obtención de los permisos sectoriales que requiere el proyecto para comenzar.
Santa Marta ofrece desarrollar el diseño del relleno sanitario en 100 días y construirlo en 136. Sumando los tiempos muertos, la solución sanitaria debería estar operativa, según los plazos de la empresa, en 315 días contados desde la firma del contrato con el municipio.