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Intensas lluvias cortan puente del ferrocarril

El ferrocarril de Arica a Tacna quedó suspendido a causa de la crecida del río San José, que se llevó el puente. Lo mismo había ocurrido a la estructura que unía el Valle de Azapa con Arica.

Un muerto y decenas de heridos por fuerte sismo

Los trabajos comenzaron rápidamente para restablecer la conexión por ferrocarril y la carretera, tras el paso del Invierno Altiplánico.

Brutal castigo a abusador sexual en la cárcel

Un fuerte y prolongado sismo sacudió a las 18.10 horas a todo el norte, dejando un muerto, decenas de heridos y provocando pánico en la población.

Alcaldes y subsidio a cuentas de la luz

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Los alcaldes de la Región de Antofagasta van a pedir explicaciones al ministro de Energía por el alza de 25 mil pesos en las cuentas de electricidad por decretos no aplicados en la administración del exPresidente Sebastián Piñera.

El alcalde de Mejillones y presidente de los municipios de la Segunda Región, Marcelino Carvajal, ya pidió audiencia con el secretario de Estado, quien espera reunirse con los ediles en los primeros días de marzo para responder sus inquietudes.

Sin embargo, el edil de Tocopilla, Fernando San Román, ya anunció movilizaciones en caso de no acogerse la demanda local de entregar subsidios a las cuentas de la luz, lo que había acordado con las autoridades de la anterior administración, pero ahora el actual gobierno ni siquiera conoce esta propuesta.

El caso de Mejillones y Tocopilla llaman la atención, por decir lo mínimo. Son comunas productoras de energía, ya que en su litoral están instaladas las principales termoeléctricas del Norte Grande, pero pagan por la electricidad lo mismo que todas las ciudades.

Otro tema que llama la atención es el atraso en la aplicación de los decretos por errores administrativos, que no ingresaron a Contraloría en el 2011. Un país serio funciona en los plazos y tiempos que estipula la ley, no existe otras consideraciones -se supone- para aplicar alzas, ajustes o como quieran llamarlos.

Los usuarios merecen respeto, porque cada mes pagan sus cuentas y no entregan ninguna explicación para pagar a plazos o en cuotas. Por el contrario, quien no cancela este servicio, lo más probable es que deba suspenderlo hasta saldar los montos adeudados. Hay un desequilibrio evidente en estas relaciones comerciales.

También es interesante ver como los alcaldes de la Segunda Región por fin toman la iniciativa y exijan respuestas al Gobierno. Ojalá que esta actitud persista en el tiempo y hagan sentir la molestia generalizada en el Norte Grande por el alto costo de la vida, además del preocupante déficit en infraestructura y en otros ámbitos de la inversión pública.

Defensa penitenciaria

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Una serie de normas nacionales e internacionales establecen la obligación del Estado de otorgar defensa jurídica hasta la completa ejecución de la sentencia.

El Programa de Defensa Penitenciaria, que comenzará a operar en nuestra región durante este año, permite dar cumplimiento a esa normativa interna e internacional. Esta modalidad de defensa procura hacer realidad la idea que los derechos humanos no quedan en las puertas de las cárceles.

La reforma procesal penal, pese a sus detractores, constituyó un cambio sustancial en la forma de hacer justicia. Lamentablemente, no provocó cambios notables en el ámbito penitenciario. Es así como, por ejemplo, las normas de ejecución de las penas se han mantenido inalterables durante más de 15 años. No ha existido ninguna intención de crear una justicia especializada en materia penitenciaria o al menos de dotar de mayores facultades a los tribunales En suma, hasta hoy el tema penitenciario ha estado lejos de las prioridades de la políticas públicas, con la salvedad de lo ocurrido con posterioridad al fatal incendio de la Cárcel de Puente Alto.

Existe cierta opinión generalizada que las personas privadas de libertad pierden prácticamente la mayoría de sus derechos, a tal punto que se les considera, en la práctica, sujetos carentes de derechos. Esta negación de titularidad respecto de derechos básicos los hace especialmente vulnerables.

La Defensoría Penal Pública, pese a las carencias institucionales, ha emprendido de manera sistemática acciones legales tendientes a mejorar la situación jurídica y material de la población penal. La instalación de un programa de Defensa Penitencia en la región nos hará contar con una dotación de abogados y otros profesionales y con los recursos para seguir contribuyendo a esa tarea.

Nuestra aspiración va a contracorriente de lo que se percibe en el debate ciudadano, donde se acrecientan las demandas de penas más severas o de encarcelamiento efectivo. Lamentamos que las últimas modificaciones legales vayan en esa dirección. Esperamos que el discurso populista penal no siga creciendo e impulsando la idea que frente a la delincuencia el único camino es la cárcel. Esperamos que cada vez sean más las voces que postulen una propuesta menos simplista sobre el castigo.