Personal de la Dirección de Obras Municipales (DOM) realizó un peritaje técnico para determinar si el galpón que ATI construye en el extremo sur oriente del recinto portuario invade o no terreno que está reservado para uso público en el Plan Regulador.
La diligencia fue ordenada por el juzgado de policía local, en el marco de una denuncia presentada en diciembre del año pasado por la misma DOM.
En aquella ocasión, la unidad municipal acusó a ATI de no dar cumplimiento a una orden de paralización de las faenas, originando así un caso que hasta ahora se había desarrollado alejado de la vista pública.
Lo que debe resolver el juez es si la concesionaria del puerto respetó en el diseño de su proyecto la franja de utilidad pública definida en la ordenanza dictada el año 2002 y que en la zona en cuestión tiene un ancho de 50 metros.
La información que maneja la DOM es que tanto una de las torres del circuito de correas transportadoras como una esquina del galpón en sí, están ubicadas en terreno reservado, asunto que la concesionaria niega.
MEDICIÓN
Para resolver el conflicto, ayer personal municipal llegó al lugar con equipos GPS y realizó las mediciones correspondientes, las cuales, según se informó en el lugar, habrían confirmado el incumplimiento.
El director de Obras del municipio, Juan Gálvez, explicó que el Plan Regulador establece con claridad que en la zona del puerto la franja de los 50 metros se mide desde la línea de edificación oriente hacia el poniente, pero ATI realiza una interpretación distinta.
"Ellos (la empresa) están defendiendo la tesis que su galpón no está dentro de la línea y nosotros sostenemos que sí", explicó el arquitecto.
Si el juzgado de policía local da crédito a la versión de la DOM, la consecuencia práctica sería que el mismo director de Obras tendría que solicitar a la alcaldesa Karen Rojo una orden de demolición para toda la estructura ubicada en el terreno reservado.
"La alcaldesa, ante la obligación mía de pedirle el decreto (de demolición), necesariamente tendría que hacerlo, porque si no estaría incurriendo en un incumplimiento de deberes", señaló Juan Gálvez.
La jefa comunal, quien ayer acompañó a los fiscalizadores en su visita al puerto, explicó que el objetivo del municipio es que se dé fiel cumplimiento a lo establecido en el Plan Regulador.
Respecto a las medidas que adoptará, garantizó que si se constata una irregularidad, no dudará en decretar la demolición de las instalaciones que infrinjan la norma.
"Nosotros defenderemos la posición que no debe haber obras dentro de la franja", señaló la autoridad.
Avenida
La franja de utilidad pública quedó reservada en Plan Regulador del año 2002 con el objetivo de dar continuidad al paseo costero, que en esa zona es interrumpido por el puerto.
Actualmente para ese lugar la Secretaría de Transportes (Sectra) trabaja en el anteproyecto del ensanchamiento de la avenida, lo cual sólo es posible si se libera el terreno.
En caso de querer el municipio u otro organismo público hacer uso de la franja, tendría que activar los procesos expropiatorios que establece la norma.
El tema de la franja está planteado desde el año pasado y en su minuto ATI, previendo un conflicto con el municipio, desplazó una de las torres algunos metros al poniente en el entendido que con eso daba cumplimiento al Plan Regulador.
Sin embargo, en opinión del municipio, el estado de infracción se mantiene.
Ayer la concesionaria del Frente de Atraque 2 emitió un breve comunicado de prensa donde indica que "las obras ejecutadas se ajustan a la normativa legal vigente para las concesiones de puertos estatales y el plano regulador de la ciudad".
Las instalaciones que ATI construye en el Puerto de Antofagasta entrarían en operaciones en abril y su exclusivo usuario será Sierra Gorda SCM, que planea exportar por ese lugar su producción de concentrados con estándares de seguridad que, asegura, son los óptimos.