La fallida votación del contrato entre la municipalidad y Santa Marta por el diseño, construcción y operación del relleno sanitario Chaqueta Blanca avivó las tensiones que existen entre concejales y la alcaldesa Karen Rojo.
Ayer los tres ediles que se abstuvieron de votar la propuesta, Andrea Merino, Doris Navarro y Patricio Reyes, acusaron al municipio de desprolijidad en el proceso y aseguraron que la autoridad comunal intenta traspasarles la responsabilidad por el atraso que registra este proyecto.
Tal como se informó, el miércoles Rojo no logró los siete votos que requería para aprobar el contrato que transformará a Santa Marta en la encargada de la disposición y tratamiento de la basura domiciliaria por los próximos 20 años.
El traspié provocó la molestia de la alcaldesa, quien acusó a los concejales que no la apoyaron de estar actuando contra los intereses de la comunidad.
CRÍTICAS
En este contexto, ayer la concejala Andrea Merino calificó como una "desfachatez" las críticas lanzadas desde el municipio y reiteró que el miércoles no estaban las condiciones mínimas para aprobar el contrato del nuevo relleno sanitario.
"No es culpa de los concejales que el proyecto se haya atrasado tanto, pero como ellos (las autoridades municipales) tienen un modelo de gobernar populista de derecha, acostumbran presionar manipulando a la opinión pública", indicó.
Merino explicó que la municipalidad no ha podido certificar de manera oficial, y por escrito, que las pertenencias mineras que existen en el terreno de Chaqueta Blanca no provocarán juicios en el futuro, lo que considera trascendente para un "voto responsable".
Además, afirmó en el propio equipo municipal existen dudas que es preciso resolver, por ejemplo, la planteada por la Dirección de Control en orden a si el proyecto que se está adjudicando es el mismo que recibió financiamiento de la Subdere el año 2012.
"Aunque se enojen los señores de No Más Quemas, yo prefiero que el proyecto se retrase dos semanas a que se retrase tres años por una eventual judicialización", subrayó.
Doris Navarro, en tanto, justificó su decisión de abstenerse asegurando que los concejales tienen que evaluar muy bien "a quién le están entregado el proyecto".
Recordó que desde el año pasado la casa consistorial está envuelta en un juicio con una empresa productora precisamente por tomar decisiones rápidas y bajo presión.
"Tenemos que hacer bien las cosas, en este caso una mala decisión puede perjudicar a la comunidad por muchos años", argumentó.
Navarro pidió a la alcaldesa Karen Rojo "calmarse un poco" y aseguró que en el momento que las direcciones de Control y Asesoría Jurídica garanticen que no hay problemas, aprobará el proyecto.
PATRIMONIO
Por su parte, el concejal Patricio Reyes explicó que Chaqueta Blanca marcará la gestión de los próximos cinco alcaldes (la concesión dura 20 años) y por lo tanto "uno tiene que ser consciente de lo que vota".
Reyes dijo que el cierre del basural La Chimba es una prioridad para todos los concejales y más para él, que tiene familia en el sector, pero recalcó que el municipio ha cometido errores que no se pueden soslayar.
Según el edil, cuando Karen Rojo gestionó la compra del terreno de Chaqueta Blanca ante el Presidente Sebastián Piñera, debió haberle solicitado también la expropiación del subsuelo para evitar conflictos por las pertenencias mineras.
"Yo lo único que pido es que las cosas las hagamos bien. Lo que sucede es que ya me aburrí de pagar indemnizaciones porque alguien no hace la pega", apuntó.
MUNICIPIO
En la municipalidad, junto con confirmar que una nueva votación el 4 de marzo, descartaron la entrega de más informes a los concejales sobre la licitación del relleno sanitario.
"Nosotros entregamos toda la información que tenemos, no hay nada adicional que no esté ya en manos de los concejales", indicó Mauricio Peldoza, abogado asesor de Alcaldía.
El funcionario enfatizó que en este minuto, la aprobación del contrato pasa exclusivamente por hecho de comprender que es un proyecto urgente para la ciudad.
Sobre las pertenencias mineras, Peldoza descartó riesgo de paralización del proyecto una vez iniciado o posibles perjuicios al patrimonio municipal por eventuales demandas de terceros.
A la sesión del miércoles no asistieron los concejales Antonio Cárdenas, Roddiam Aguirre y Jaime Araya, lo que generó críticas hacia esos ediles. De los tres, sólo Araya explicó los motivos de su ausencia. El concejal dijo que se encuentra fuera de la ciudad, tema que estaba en conocimiento del municipio. Jaime Araya consideró abusivo que se intente dejar mal a los ediles que no asistieron y recalcó que las autoridades nunca fueron certeras en la fecha de la votación, la cual, de hecho, sólo se confirmó el mismo miércoles. Más allá de eso, el concejal sostuvo que es necesario revisar muy bien el contrato.
20
años durará el contrato por la disposición final de la basura. Eso equivale a los periodos de cinco alcaldes.
19
puntos de ventaja logró Santa Marta sobre su competidora, KDM, en la evaluación del municipio.
