Casi el 40% de las instituciones de educación superior -universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT)- no están acreditados, ya que les fue rechazada la certificación o se encuentran fuera del sistema, porque no optaron por someterse al proceso de evaluación voluntario que realiza la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

El organismo certificador realizó un análisis del periodo 2014 y detalló que de los planteles técnicos, el 40,5 % de los CFT no se presentó a la evaluación, mientras que al 8,1% de quienes decidieron evaluarse se les rechazó la acreditación. En tanto, el 50,4% recibió el visto bueno de la CNA.

En los IP la situación es similar, porque mientras el 24,2% no realizó el proceso ante la Comisión, al 18,2% se les rechazó la medida. Los que sí obtuvieron acreditación alcanzan, por el contrario, el 57,6%.

La acreditación, si bien es voluntaria, certifica que los planteles cumplan con estándares mínimos de calidad y cuenten con las instalaciones, académicos y recursos financieros necesarios para impartir adecuadamente las carreras a sus alumnos. Además, las entidades que están acreditadas pueden recibir recursos del Estado, por lo tanto, sus estudiantes pueden acceder a becas y créditos estatales.

En el caso de los IP y CFT, los estudiantes pueden optar a las becas Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio, de Excelencia Técnica y de Articulación, además del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En las universidades el panorama es más auspicioso, porque el 74,1% está certificado y sólo el 5,2% no se ha presentado ante la CNA por una acreditación. Al 20,7% se le rechazó la aprobación.

En este último caso, cuando una institución pierde la acreditación, los nuevos estudiantes que ingresen a una carrera no podrán optar a beneficios económicos, como el Crédito con Aval del Estado (CAE), aunque sí se mantendrán para los alumnos antiguos.

Como preocupante calificó la CNA la situación que enfrentan las carreras de pregrado, ya que sólo el 44% está acreditado, por lo que el 56% cuenta con la verificación de la Comisión. En total, el organismo sesionó 112 veces en 2014 y tomó 121 decisiones de acreditación, que afectaron fundamentalmente a 27 instituciones y a 67 programas de postgrado impartidos en nuestro país.

El Segundo Tribunal Laboral de Santiago, entregó ayer su fallo en el juicio laboral que enfrentó al exgerente de Penta, Hugo Bravo y a los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. La justicia ordenó a la empresa a pagar a Bravo las cotizaciones previsionales pendientes, que corresponderían a $301 millones.

Esto corresponde a ocho meses de sueldo, $35.700.000 por cada mes, a contar de julio de 2014, cuando Bravo fue despedido, además de $1,4 millones por 11 meses de cotizaciones previsionales pendientes. Eso da un total de $301 millones, de los que $285,6, corresponden a indemnización y $15, 4 al pago de cotizaciones.

Ese monto se es menor a los $ 2.300 millones que pedía la defensa de Bravo acusando despido injustificado y daño moral.

Las partes del juicio

Sin embargo, el abogado defensor de Bravo, Anderson Weldt, valoró la sentencia de la justicia, porque, dijo, el tribunal concedió "que en el minuto en que se despidió a don Hugo Bravo había deudas de cotizaciones previsionales, una de las acciones que esta parte interpuso en contra de Inversiones Penta III".

La sentencia también decretó que el sueldo de Hugo Bravo correspondía a $35.700.000 y no a $17 millones, como argumentaban desde Penta.

"El Tribunal entendió, creyó, y las pruebas fueron contundentes para demostrar que su remuneración eran $ 35 millones 700 mil, cuando ellos (los dueños de Penta) decían que eran $ 17 millones y medio. Nosotros durante el juicio claramente dijimos que se enmascaraban las remuneraciones y ésta es la mejor demostración, y el tribunal así lo entendió", dijo el abogado.

Weldt dijo que "tanto la parte demandante como la demandada podrán poner los recursos que estimen convenientes".

Por su parte, la defensa de Penta reaccionó positivamente a la decisión de la justicia. "Fue una sentencia mayoritariamente favorable a nuestra postura. El Juzgado establece que el finiquito del señor Hugo Bravo es plenamente válido y, por ende, el motivo de su despido: que incumplió gravemente las obligaciones de su contrato de trabajo. Es aceptado por don Hugo Bravo y, por tanto, es una verdad procesal", dijo la abogada María Paz Inem.

La abogada afirmó que el tribunal le otorgó validez al finiquito por el despido de Bravo, por lo que según Inem, el "despido es justificado", lo que era uno de los puntos en cuestión en el litigio.

"Eso implica, jurídicamente, que el despido, cuya causal ha sido aceptada, no da lugar al señor Bravo para alegar que él ha sido injustificadamente despedido. El despido ha quedado como justificado", explicó la jurista.

El tribunal, además, acogió la objeción de la defensa de Penta que afirmaba que el archivo de audio presentado por la defensa de Bravo como prueba es ilícito.

Inem relativizó que el holding vaya a apelar el fallo. "No habría mayores motivos para recurrir, salvo en aquella materia de las cotizaciones previsionales", dijo.