Nuevos antecedentes se sumaron ayer a las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la Seremi de Bienes Nacionales de la Segunda Región. Fuentes ligadas a los procesos de arriendo en la repartición gubernamental denunciaron un supuesto encubrimiento deliberado de ilícitos para favorecer a ciertos productores con conexiones políticas.

El 26 de diciembre Contraloría entregó a la Seremi de Bienes Nacionales el informe final de una auditoría efectuada durante 2014, en el cual ordenó una serie de sumarios y términos anticipados de contratos de arriendos.

La auditoría fiscalizó los ingresos por concepto de enajenación y arriendos de inmuebles fiscales entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

En específico el subtítulo 3 "Observaciones específicas asociadas al arrendamiento" consignado en el informe del organismo fiscalizador se detalla una serie de incumplimientos por parte de la Seremi en lo que respecta a contratos de arriendo de terrenos para la extracción de áridos en la zona de Limón Verde, provincia de El Loa.

Uno de los casos más graves es el de los contratos de arriendo celebrados con la firma Plangen Mineral Group y un particular, quien luego se descubriría era socio de esa firma, situación que ya es irregular. Asimismo, detectó contratos de subarrendamiento de esos terrenos con otra empresa -Astaldi Sucursal Chile-, la cual era finalmente la que realizaba la operación.

Además, según Contraloría los titulares de esos contratos incumplieron normativas relacionadas con fraccionamiento de polígonos, una mayor área de operación a la asignada y mayor extracción de áridos al permitido, entre otros.

boletas

Sin embargo, lo más grave no tiene que ver con los incumplimientos o ilícitos en que pueden haber caído los arrendatarios de estos terrenos fiscales, sino en que -según estas fuentes- la autoridad estaba perfectamente al tanto de ellos y habría evitado proceder según corresponde legalmente, es decir, terminando con los contratos de arriendo y cobrando las boletas de garantía.

Los contratos en cuestión se firmaron durante el último mes de la administración anterior. Su tramitación duró menos de 30 días, en circunstancias que el proceso normal demora seis meses.

"Los encargados de Arriendos y Fiscalización sugirieron al seremi y a su asesora terminar los contratos en forma automática en cuanto inició la nueva administración (6 de marzo de 2014) ante ello, no se obtuvo respuesta ni instrucción. Sólo se indicó que debiese mantenerse el arriendo por una razón de fuerza mayor", explica la fuente.

ministerio

Posteriormente, en octubre del año pasado una auditoría interna del ministerio alertó nuevamente sobre el caso a los encargados de Arriendo de la Seremi. "En aquella ocasión se indicó que por instrucción del seremi no se dispuso el término de los contratos".

Algo similar -detalla la fuente- estaba sucediendo en el Puerto Seco de Calama, "donde se constató subarrendamiento, causal suficiente para poner término a un contrato, pero la carpeta se retuvo en poder de la encargada de Unidad de Bienes, Olga Aguilar, quien se negó a dar explicaciones por la situación".

Contraloría

Luego, en diciembre del mismo año, Contraloría observó la situación por tercera vez. En esta oportunidad los funcionarios encargados habrían vuelto a explicar la situación, ahora agregando más antecedentes.

"La encargada de la Unidad de Bienes y el mismo seremi, Arnaldo Gómez, pidieron acelerar la renovación de esos contratos, en circunstancias que debieron haberse terminado efectuándose el cobro de las boletas de garantía. Incluso se estaba autorizando el recambio de boletas debido a que el titular había cambiado de cuenta corriente", explican.

En una primera instancia, las autoridades de Bienes Nacionales habrían justificado su "accionar" ante los funcionarios en que estas faenas proveían un material estéril -llamado cover- a las operaciones de Codelco en la región.

Sin embargo, la fuente aseguró que "finalmente se reconoció a los funcionarios que la protección a esas personas naturales y empresas estaba relacionada con el financiamiento de campañas políticas afines al actual gobierno".

Los tres funcionarios que trabajaban en el área de Arriendos de la Seremi y que insistieron en tomar acciones en este caso, fueron desvinculados o reasignados a otras áreas de menor relevancia, entre ellos una funcionaria con fuero maternal.

subsecretario

Es necesario consignar que este Diario se contactó durante la mañana de ayer con el seremi, Arnaldo Gómez, para conocer su versión respecto de estas aseveraciones, sin embargo, aduciendo motivos de agenda laboral no pudo referirse al tema.

De hecho, la autoridad regional se encontraba reunido con el subsecretario de la cartera, Jorge Maldonado, quien llegó ayer hasta la ciudad como parte de una agenda anual "acordada con mucha anticipación".

10.000

metros cúbicos de áridos al mes es el máximo que puede extraer una empresa desde terrenos fiscales.

$2.642

millones por concepto de venta de terrenos fiscales se mantienen sin cobrar en la región.