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El Estado Islámico dice que quemó vivo a rehén jordano

conflicto. Los yihadistas publicaron un video de la presunta ejecución.

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El grupo yihadista Estado Islámico (EI) asegura que quemó vivo al piloto jordano Muaz Kasasbeh, rehén capturado en diciembre en Siria, según un video publicado ayer por los extremistas en Internet.

En la grabación, cuya autenticidad no pudo ser verificada, aparece Kasasbeh caminando por una zona en ruinas con edificios derruidos, donde le espera una fila de extremistas enmascarados.

Acto seguido, se ve al piloto en el interior de una jaula, con imágenes intercaladas de víctimas de supuestos bombardeos de la coalición internacional que encabeza EE.UU. contra el EI, y en la que participa Jordania.

Uno de los enmascarados porta un antorcha que otro yihadista enciende y acerca a una mecha, que se extiende desde el exterior de la jaula hacia su interior. La llama se expande y alcanza al piloto, que es quemado vivo.

La publicación de este video se produce después de que el sábado fuera decapitado por los extremistas el periodista japonés Kenji Goto.

El EI solicitó la excarcelación de la extremista iraquí Sayida al Rishawi a cambio de la liberación de Goto y de evitar la ejecución de Kasasbeh. La liberación nunca se llevó a cabo.

El Presidente de EE.UU., Barack Obama, dijo que el aparente asesinato del piloto jordano obliga a "redoblar" la "determinación" de la coalición internacional formada para "derrotar" a ese grupo yihadista.

El Gobierno venezolano ocupa supermercados por "guerra alimentaria"

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El Gobierno de Venezuela ejecutó ayer la ocupación temporal de una cadena de supermercados por supuestos delitos de acaparamiento, luego de que el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ordenara tomar las tiendas y detener a los propietarios por ser parte de una "guerra alimentaria".

Durante una inspección realizada la madrugada del martes a los depósitos de la red de supermercado populares "Día a Día", las autoridades afirmaron que la empresa almacenaba productos escasos en el mercado venezolano.

"Pueden apreciar la cantidad de alimentos que hay aquí depositados, más de 2.500 toneladas de alimentos y de productos (...) en la inspección que hemos hecho hemos visto productos que teníamos tiempo que no veíamos en otro sitio", declaró Diosdado Cabello, presidente del Parlamento venezolano.

Como parte de las investigaciones, Cabello informó que el propietario de las más de 30 tiendas se encuentra "en un proceso de investigación, sometido a un interrogatorio por los organismos de seguridad".

"Nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no asesinamos a nadie; qué es lo que podemos usar, la ley, y la ley es dura pero es la ley", agregó el parlamentario.

El operativo de la cadena de supermercados fue ordenado ayer por el Presidente Maduro en lo que denominó la "Operación Sucre", una arremetida contra quienes, asegura el Mandatario, son la "punta de lanza de la conspiración" económica en su contra.

La ocupación de la cadena de supermercado y la red de farmacias venezolanas se realiza en un momento en el que el país petrolero experimenta frecuentes ciclos de escasez en varias áreas de consumo pero principalmente de alimentos y productos de higiene personal.

La crisis de escasez y desabastecimiento ha provocado largas filas de personas que se agolpan en las puertas de las tiendas desde la madrugada para poder comprar los artículos, muchos de ellos en cantidades racionadas por persona.

Confirman que fiscal pidió detención de Fernández

Argentina. Persecutora que indaga la muerte de Nisman se retractó tras haber negado la existencia de un borrador de la solicitud.

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El fiscal Alberto Nisman preparó un borrador con una petición de detención de la Presidenta Cristina Fernández, requerimiento que finalmente no incluyó en su denuncia contra la Mandataria por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA.

Viviana Fein, fiscal que investiga la muerte de su colega -ocurrida pocos días después de denunciar a la Presidenta- se rectificó ayer de lo que informó en el lunes, cuando en un comunicado había negado la existencia de un borrador con la petición de detención que fue hallado en un recipiente de residuos en el departamento del investigador.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero en su departamento. La justicia investiga si el hecho se trató de un asesinato, un suicidio voluntario o fue víctima de un suicidio inducido.

"Fue un error de terminología e interpretación, yo asumo que incurrí en un error quizás", dijo a radio Vorterix la funcionaria judicial, quien indicó que el borrador de Nisman con la petición de detención de Fernández está incorporado en el marco de su "actuación... con el acta de incautación con todo lo que se encontró" en el departamento del fiscal.

Fein explicó que le redactó por teléfono el comunicado a la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal y que al hacerlo pudo haberse equivocado. "La palabra que yo hubiera usado es: 'me consta que hubo borrador'. Fue un error de interpretación no imputable a la oficina de prensa", subrayó.

"Yo estoy al margen de toda postura política y no sufro ningún tipo de presión, soy una persona independiente en mi forma de pensar y de actuar, que quede muy claro", puntualizó Fein.

El borrador en cuestión fue motivo de un entredicho el lunes entre el diario Clarín, que durante el fin de semana había informado de su existencia, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. En medio de una rueda de prensa el funcionario rompió las páginas del matutino que se referían a ese escrito al considerar que mentían y eran producto de "una confrontación política urdida desde los medios opositores".

El Gobierno y el Grupo Clarín mantienen un enfrentamiento de larga data que la muerte de Nisman ha reavivado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el "acto de agresión" del jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, quien rompió dos páginas del diario Clarín con artículos sobre el caso Nisman. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, lamentó que el Gobierno argentino "involucre a la prensa dentro de una supuesta confrontación política" descalificando a los medios como opositores políticos", en lugar de considerarlos un "instrumento fiscalizador del poder público, como ocurre en sociedades democráticas".