Campamentos en Antofagasta suben de 24 a 29 en el último año
fenómeno. Base de datos del municipio confirma la proliferación de tomas ilegales en la ciudad. Alto costo de arriendos y aumento de inmigrantes son algunas de las causas.
Si a principios del año pasado había preocupación por el alto número de campamentos en Antofagasta, con 24 tomas de terreno, el fenómeno parece estar lejos de detenerse según las cifras del municipio en este 2015: ya hay 29 asentamientos de este tipo sólo en la ciudad.
A pesar de las variadas instituciones que trabajan constantemente con quienes viven en estas tomas, son las tragedias o emergencias las que logran que el tema de los campamentos entre en el debate público. Sin ir más lejos, el pasado 20 de noviembre un incendio destruyó los hogares de 40 familias de la toma 'Luz Divina', ubicada en La Chimba (extremo norte de Antofagasta).
Durante varios días, autoridades y servicios se movilizaron para brindar ayuda, pero una vez terminada la construcción de las viviendas de emergencia, el tema pasó a segundo plano.
cifras
Pero las cifras de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la municipalidad evidencian que los campamentos siguen aumentando.
La base de datos de Dideco, que fue actualizada durante las primeras semanas de este mes, muestra que en la comuna hay 29 campamentos, junto a cinco caletas (sumando un total de 34 tomas ilegales). Desde la casa consistorial añadieron que las caletas no cuentan con personalidad jurídica porque no cumplen con algunos requisitos, como contar con un número mínimo de integrantes.
El departamento informó que de los campamentos emplazados en la ciudad, 28 tienen personalidad jurídica. Unión del Norte, ubicado en el sector norte y último asentamiento en conformarse, está en proceso de obtener su representación legal. De hecho, la Gobernación cursó notificaciones para desalojar el lugar (ver recuadro).
Ignacio León, director de Dideco, explicó que lo que el municipio puede hacer con los campamentos es brindar asesorías para gestionar los comités de vivienda, de manera que puedan resolver la situación irregular en la que están.
A pesar de esto, León aclaró que "bajo ningún punto el municipio avala la toma de sitios, ya que es una cuestión ilegal. Por ley sólo estamos obligados a tramitar las inscripciones de las personalidades jurídicas de los comité". También quiso precisar que la entrega de este documento no implica que estos grupos estén facultados para ocupar terrenos fiscales.
Incluso agregó que no es obligación de la municipalidad entregar agua a los campamentos, aunque es una práctica que realizan hace varios años de manera esporádica y por estrictas razones humanitarias.
El aumento de los campamentos contrasta notablemente con los resultados de la Casen (2013), encuesta nacional que mide la pobreza en el país.
pobreza
El estudio reveló que en Antofagasta, las personas en situación de pobreza según sus ingresos representan sólo un 4% de la población, número que en 2011 llegaba al 7,1%.
La estadística era aún más bajas si con el mismo parámetro se medían a los hogares, dejando un 3,2% en la región, en comparación al 6,1% de 2011. Para Diego Alcalde, director regional de la fundación Techo, el diagnóstico es claro y no ve señales que puedan revertir este escenario en el corto plazo.
"La falta de reacción y de políticas públicas empujó a muchas personas a vivir en campamentos, algo que es deplorable ya que no cuentan con agua potable ni servicios básicos", puntualizó Alcalde.
El director de Techo detalló que ahora las tomas terminan siendo una situación muy común, explicada por el costo de los arriendos y la falta de viviendas sociales.
Además advierte que los migrantes, tanto de otros países como de otras regiones, están llegando directamente a vivir en los campamentos. Por ello, Alcalde dijo que mientras la ciudad siga necesitando mano de obra, llegará más gente y las tomas seguirán aumentando su población.
"Las personas vienen a trabajar desde otros países o regiones y quieren mandar dinero a sus familias, pagando un arriendo no les alcanza el dinero y vivir en un campamento es un ahorro que permite enviar recursos", sostuvo el director de Techo en Antofagasta.
Según Marcelo Guajardo, encargado regional de campamentos del Serviu, desde el punto de vista urbanístico este contexto está generando complicaciones con la aparición de cordones de pobreza y de marginalidad habitacional.
"Es algo complejo, ya que la entrega de viviendas sociales que sería la solución definitiva, son medidas de mediano y largo plazo por todo lo que este proceso involucra", explicó Guajardo. Las estimaciones que maneja el encargado de campamentos del Serviu, indican que hay más de mil familias viviendo en esta condición.
La gobernadora de Antofagasta, Fabiola Rivero, sostuvo una reunión con los vecinos de Villas Las Américas, sector norte alto de la ciudad, debido a la solicitud que éstos hicieron pidiendo el desalojo del campamento Unión del Norte y Rayito de Sol. La personera de gobierno dijo que está a la espera del informe de Bienes Nacionales para "realizar el acto administrativo de notificación de restitución de terrenos", informó la Gobernación. Rivero explicó que se notificaron 165 órdenes de desalojo en ambos campamentos, y enfatizó que "queremos trabajar con dirigentes con manos limpias, no con quienes se aprovecharon de las circunstancias y de forma ilegal vendieron terrenos.
Pablo Kramm S.J. lleva años trabajando en la ayuda a inmigrantes en Antofagasta. Desde su posición apunta que en general la situación de esa población es habitualmente muy compleja.
¿Cuál es la situación de los inmigrantes en Antofagasta?
- Deplorable, igual que la de los chilenos en esa condición. Quienes viven en campamentos no tienen servicios, agua, luz y además hay gente que no los quiere, como ha pasado en algunos campamentos. Varios extranjeros han debido irse porque los echan, lo que aumenta sus dificultades.
¿Qué tipo de ayuda presta el Estado?
- Ninguna, porque los inmigrantes no tienen derecho hasta tener residencia definitiva, que demora al menos cinco años. Luego se requieren otros cinco años más y si consideramos que la ola inmigratoria es de los últimos tres años, vemos que difícilmente alguien podría postular a una vivienda. Hay en trámite una ley para bajar la cantidad de años de residencia y entiendo que está bastante avanzada, pero en lo concreto aún sigue en trámite.
Entrevista
Ciudadano Global