El ex Presidente Sebastián Piñera retomó ayer sus actividades en Venezuela, luego de no haber podido ingresar a visitar a la cárcel al líder opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, Leopoldo López. El ex Mandatario participó del seminario "El poder ciudadano y la democracia hoy".

En la oportunidad Piñera aprovechó de responderle al Mandatario venezolano, quien acusó que la visita del ex Presidente chileno era financiada por narcotraficantes y que tenía el fin de "desestabilizar" su Gobierno.

Sobre esas declaraciones Piñera dijo que "son descalificaciones sin ningún fundamento y absolutamente temerarias".

"Si quiere que lo respeten, él tiene que empezar a aprender a respetar. Hay valores que no reconocen fronteras, la libertad y los derechos humanos, la libertad de manifestación, que puede incomodar a los gobernantes de turno", añadió.

"Prefiero el ruido de la libertad de expresión al silencio de los cementerios. Ha llegado el tiempo de soñar con una Venezuela plenamente libre, plenamente democrática", agregó en respuesta a lo dicho por Maduro.

En su alocución en el foro, al que también fueron invitados los ex Presidentes de Colombia, Andrés Pastrana y de México, Felipe Calderón, ex el Jefe de Estado señaló que asistió "invitado por la oposición democrática de Venezuela, que es parte de la sociedad venezolana" y agregó que lo hizo para "manifestar nuestro más profundo compromiso y apoyo a la causa de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, porque son valores universales".

Asimismo, remarcó que su intención no es "intervenir en la política interna de Venezuela, porque eso le corresponde a los venezolanos".

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se refirió al viaje del ex Mandatario y señaló que "es una visita privada del ex Presidente Piñera y nosotros no podemos decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, lo que sí corresponde es apoyarla".

El canciller destacó que "el Gobierno va a "proporcionarle (a Piñera) todas las facilidades de la embajada, pues no solo es un ciudadano chileno sino que tiene además la investidura de haber sido Presidente de la República así que vamos a estar con él para todo aquello que sea necesario".

El canciller Heraldo Muñoz, presentó ayer un nuevo documento que refuta "inexactitudes" que Bolivia ha cometido en su argumentación de la demanda marítima que fue presentada por ese país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El texto "El libre tránsito de Bolivia. La realidad", busca demostrar "el fiel cumplimiento del régimen de libre tránsito" por parte de Chile al país vecino y responde a "las inexactitudes del gobierno" de ese país sobre el asunto, según informó ayer el ministro de Relaciones Exteriores.

Muñoz explicó que el documento se hizo necesario luego de que tras la publicación del primer texto titulado "Chile y la Aspiración Marítima Boliviana. Mito y Realidad", el canciller boliviano David Choquehuanca, y la Diremar de ese país "se vieron a la necesidad de reaccionar y en esa oportunidad plantearon un conjunto de afirmaciones llenas de errores y de omisiones, que acusan supuestos incumplimientos de Chile e incluso violaciones al régimen de libre tránsito".

El canciller señaló que el texto de 25 páginas es "un documento sencillo, fácil de leer, que desvirtúa estas acusaciones de que Chile no estaría cumpliendo con el libre tránsito que le otorgamos a Bolivia".

En primer lugar, el texto rebate las interpretaciones de Bolivia en términos históricos que, según el canciller chileno, "no se ajustan a las evidencias".

La publicación se refiere también al régimen portuario y aduanero exponiendo las facilidades de que goza Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta, donde tiene agentes de aduana, almacenaje gratuito y ningún gravamen por tránsito de carga ni aplicación del IVA, manifestó Muñoz.

El texto también incluye menciones a las peticiones bolivianas sobre el puerto de Iquique, que el canciller chileno consideró "improcedentes", pues "aún no se han perfeccionado las instalaciones de este puerto para la habilitación del libre tránsito".

Asimismo, el documento hace énfasis en la regulación del transporte terrestre boliviano en territorio chileno, "que tiene que estar en armonía con las leyes chilenas".

"No podemos aceptar que Bolivia pretenda que sus transportistas puedan circular por nuestras carreteras sin licencia de conducir, sin seguros, sin inspecciones a los camiones, sin las llantas que se requieren", argumentó.

El texto también abarca la queja de Bolivia por el funcionamiento del ferrocarril entre Arica y la Paz, a lo que el canciller respondió que "Chile ha puesto su empeño porque esta vía se mantenga en buen estado, pero hay algunas realidades como la falta de demanda para el transporte de pasajeros o las vicisitudes de las propias empresas operadoras que no son atribuibles a nuestro país".

En tanto, el Congreso boliviano tomó juramento ayer a los nueve parlamentarios que representarán al país en organismos internacionales y les encargó la misión de dar a conocer los argumentos y defender la postura de Bolivia respecto del litigio.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Santiago, que obliga al Estado a pagar una indemnización por daño moral a la madre y hermana de Matías Catrileo (23), que murió el 3 de enero de 2008 de un balazo por violencia innecesaria de Carabineros.

En un fallo unánime de la Novena Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras María Soledad Melo, Ana Cienfuegos y el abogado (i) Rodrigo Asenjo, se ratificó la sentencia de la jueza Inelie Durán, del Segundo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó al Estado pagar $ 80 millones a María Quezada Merino, madre de la víctima y $ 50 millones a su hermana, Catalina Catrileo Quezada.

La resolución determinó la responsabilidad del Fisco en el actuar del cabo de Carabineros Walter Ramírez Inostroza, luego de que de estableciera la condena criminal contra el uniformado como el autor de la muerte del joven.

En el fallo se estableció que los "antecedentes son bastantes para estimar concurrente la ejecución de una acción ilícita por parte de una persona que tenía la calidad de agente policial del Estado, invocando y actuando en su condición de tal durante los sucesos".

La sentencia además concluye que el hecho tiene rasgos delictivos desde el punto de vista criminal, y que desde el punto de vista de la responsabilidad civil "constituye, a lo menos, un cuasidelito si se le pone en relación con el resultado lesivo, toda vez que el agente, aun sin la intención positiva de causar el daño, obró negligentemente en el cumplimiento de una orden o en el ejercicio de sus funciones policiales, empleando, sin motivo racional, violencias innecesarias que aparejaron la muerte del ofendido Catrileo Quezada", se explica en el texto de la resolución.

El cabo Walter Ramírez fue condenado en 2010 por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, en su condición de agente policial del Estado en el incidente, ocurrido el 3 de enero de 2008 en el Fundo "Santa Margarita", ubicado en la localidad de Vilcún, en la Región de La Araucanía.

En el caso de Matías Catrileo, la justicia atribuyó además responsabilidad institucional a Carabineros, "dado que, pudiendo y debiendo hacerlo, no dispuso los medios intelectuales ni materiales para prevenir, como era su deber, las gravísimas faltas y excesos observados".