A cuatro días de que el Congreso aprobara la reforma al binominal, parlamentarios de la oposición acudieron ante el Tribunal Constitucional (TC), tal como lo habían anunciado la semana pasada, a presentar un recurso que cuestiona la modificación al sistema electoral.

Los senadores de la Alianza Hernán Larraín (UDI), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena von Baer (UDI), Alberto Espina (RN) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI), entre otros representantes, interpusieron el recurso argumentando que la reforma al sistema electoral "contradice el sentido y tenor de la actual Constitución".

"La Concertación ha preferido tener un proyecto que los favorezca políticamente, que pueda saciar toda su ambición política de controlar el poder indefinidamente, de ganar las elecciones por secretaría, de perjudicar a los independientes en beneficios de los partidos y de pasar por alto el mayor número de parlamentarios por su mayor costo", manifestó el senador Larraín ayer en declaraciones citadas por Emol.

El parlamentario explicó algunos de los puntos que, según su opinión, contradicen a la Constitución. El senador gremialista señaló que la reforma afecta la igualdad del voto, puesto que ahora ciudades que tienen igual cantidad de votantes, van a elegir distinto número de parlamentarios.

"La forma como se hizo la forma de distribución de escaños en diez lugares favorece a unos y perjudica a otros. Ahora habrá ciudadanos con más fuerza electoral que otros y eso es lo que va contra la Constitución", señaló Larraín.

Asimismo, el senador de la UDI criticó que el nuevo sistema disminuye las exigencias para crear partidos políticos, pero las mantiene para la inscripción de candidaturas independientes. "La Constitución establece que entre los independientes y los partidos políticos debe haber igualdad", dijo Larraín.

El senador además afirmó que la modificación al sistema electoral aumenta el gasto público sin respaldo financiero. "Un Congreso que va a aumentar 47 parlamentarios no va a poder funcionar con los mismos gastos. La Constitución establece que todo incremento del gasto público tiene que tener sustento y éste no lo tiene", aseveró.

Larraín dijo que se vieron obligados a llegar hasta el TC porque "están legislando para sus intereses políticos y no legislando para el bienestar del país con un sistema electoral justo y apegado al ordenamiento constitucional".

El parlamentario acusó que aquellos distritos en que aumentarán los escaños "están hechos con nombre y apellido", porque beneficiarán a candidatos de la Nueva Mayoría.

"En los diez lugares en donde se producen estas contradicciones uno va a advirtiendo que están hechos para favorecer a ciertos partidarios del Gobierno", enfatizó el senador.

En total 12 senadores de la UDI patrocinaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y quienes presentarán los argumentos hoy serán los abogados Ángela Vivanco y Gustavo Rosende.

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, dijo ayer que le llama la atención el requrimiento presentado por la UDI, afirmando que el binominal "estableció distorsiones inaceptables para una verdadera democracia" y que fue "un sistema que hizo mucho daño". "Y finalmente cuando se consiguen los quorums altísimos que establece la Constitución, de tres quintos para su reforma, entonces amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional", agregó el vocero de La Moneda.

12

senadores de oposición patrocinan el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

El ex Presidente Sebastián Piñera no pudo ingresar a la cárcel militar de Ramo Verde, en Caracas, Venezuela, para visitar al líder opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, Leopoldo López, quien se encuentra detenido en ese penal.

El ex Mandatario llegó hasta ese lugar acompañado por el ex Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, la dirigente y ex diputada venezolana, María Corina Machado y Lilian Tintori, esposa de López.

Pero una vez que llegaron hasta el frontis de la cárcel militar, les fue impedido ingresar al recinto "sin razón alguna", según informó Tele 13.

Tras la negativa para ingresar a ver a López, el ex Presidente Piñera cuestionó la decisión y manifestó que "todos los presos de los países democráticos tienen derecho a recibir visitas".

Al llegar hasta la cárcel, los ex Mandatarios se encontraron con un cordón de una treintena de guardias nacionales con equipos antimotines que fueron colocados a dos kilómetros y medio del penal para bloquear el paso de los visitantes.

El Presidente Nicolás Maduro cuestionó el pasado viernes con dureza la visita al país de los ex Mandatarios Felipe Calderón, de México, Pastrana y Piñera, quienes visitan Caracas para participar en un foro de opositores, y los acusó de ir pagados con "dinero del narcotráfico" y de "apoyar un golpe estado".

Según informó la organización opositora al Gobierno venezolano, Voluntad Popular, a través de su Twitter, Piñera habría manifestado más tarde que "si (el Presidente Nicolás Maduro) quiere respeto, aprenda a respetar".

"Esto no es un gesto de un demócrata. Aquí hay la primera violación, el mínimo acto de respeto a los derechos humanos... es que los familiares y los amigos puedan visitar a los presos en los días de visita", indicó el ex Presidente colombiano, por su parte, luego de no haber logrado con el diálogo ingresar a la cárcel.

"Hoy más que nunca... en el mundo vamos a poner los ojos en Venezuela porque sabemos, queremos ver que va a pasar aquí", agregó.

Piñera tiene programado participar hoy de un foro organizado por la oposición venezolana que tratará sobre la democracia.

López, de 43 años, fue acusado en abril pasado por la fiscalía de los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. Al dirigente se le acusa de promover hechos violentos en el centro de Caracas después que la oposición realizara una multitudinaria manifestación contra el Gobierno el 12 de febrero de 2014.

De ser declarado culpable de los cuatro cargos, el dirigente del partido opositor Voluntad Popular podría enfrentar una condena de casi 14 años de prisión, según la fiscalía.

Leopoldo López ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que es un "preso político" del Gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro.