Un fiscal denunció a la Presidenta argentina, Cristina Fernández, y al canciller, Héctor Timerman, por la supuesta negociación de un "acuerdo de impunidad" con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.

El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos argentinos (US$ 23,2 millones).

En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la Presidenta por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario publico y estorbo del acto funcional".

La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge "Yussuf" Khalil.

Según el fiscal, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para "librar de toda sospecha a los imputados iraníes" y "fabricar la inocencia de Irán".

"Por expresas órdenes de la Presidenta se configuró una diplomacia paralela de facto que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal", acusó el titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA.

Nisman detalló que en las escuchas no está registrada la Mandataria argentina, pero sí Larroque y el dirigente piquetero D'Elía que, según el fiscal, aparece hablando directamente con Mohsen Rabbani, ex jefe de la Guardia Revolucionaria iraní y uno de los principales acusados por el atentado (prófugo y buscado por la Interpol).

De acuerdo con Nisman, las negociaciones con Teherán comenzaron en 2011, cuando Fernández decidió acercarse a Irán para "restablecer relaciones comerciales plenas" con el objetivo de superar "la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos" y "hasta venderle armas".

Las supuestas conversaciones culminaron dos años después con la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambos países, que preveía la revisión de toda la documentación de la investigación judicial y la posibilidad de que los sospechosos del ataque terrorista fuesen interrogados en suelo iraní.

El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, rechazó ayer la denuncia del fiscal, tildándola de "disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria".

Junto con defender el rol de Fernández como Presidenta e integrante de la comisión legisladora que en los 90 investigó el atentado, el funcionario dijo que con esta denuncia se busca "desestabilizar al Gobierno".

El canciller Timerman se defendió ayer de la denuncia en su contra y la Presidenta Fernández, asegurando que la acusación "muestra el grado de confusión de la causa". "En todos estos años, ¿avanzó la causa? ¿Se hizo justicia? Sería importante escuchar sobre esto al fiscal Nisman", dijo, citado por Clarín. "Nisman en lugar de investigar a los sospechosos, se dedicó a investigar a la Presidenta", agregó. Ayer, una jueza rechazó tratar con urgencia la causa, luego que se solicitara que fuera vista durante las vacaciones de verano.

El Gobierno de EE.UU. anunció ayer la relajación de las sanciones que limitaban los viajes de estadounidenses y prohibían intercambios de bienes y capital con Cuba, un paso histórico en más de medio siglo de bloqueo a la isla caribeña.

Las medidas, que entrarán hoy en vigencia, fueron detalladas por el Departamento del Tesoro y Comercio casi un mes después de que el Presidente estadounidense, Barack Obama, anunciará el 17 de diciembre un cambio histórico para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con la Cuba castrista.

Las enmiendas del Gobierno norteamericano rebajan los requisitos para los estadounidenses que entren en las doce categorías ya fijadas por EE.UU. para poder viajar a Cuba.

El proceso para solicitar la designación dentro de estas doce categorías se simplificará significativamente, ya que a partir de hoy ese papeleo pasará a ser "general" y menos riguroso.

En esas categorías se contemplaban ya visitas familiares, viajes oficiales gubernamentales, de organizaciones humanitarias, por intercambios profesionales, educativos, religiosos, comerciales culturales o deportivos, así como para coberturas periodísticas.

"Los viajeros autorizados podrán realizar transacciones con normalidad, incluidos los pagos de gastos cotidianos y la adquisición de bienes en Cuba para consumo personal" en la isla, informó el Departamento del Tesoro.

Las nuevas medidas levantan las limitaciones a la exportación a Cuba de equipos de telecomunicaciones, informáticos, televisores y telefonía móvil, con el objetivo de facilitar la comunicación e internet dentro de la isla caribeña, con EE.UU. y el resto del mundo.

EE.UU. también aumentará el valor de bienes que pueden salir de la isla con rumbo a EE.UU. y la cuantía de las remesas que pueden enviarse a Cuba por parte de familiares, grupos religiosos o humanitarios. Según indicó un funcionario de EE.UU., "estos intercambios acelerarán un proceso de transformación en Cuba en el largo plazo que permitirá que los cubanos puedan crear pequeños negocios o contactar con sus familiares".