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Juicios por licitación del relleno sanitario entran a etapa de fallo

proceso. Alcaldesa Karen Rojo debió prestar declaración ante Tribunal de Compras Públicas a petición de abogados de Proactiva.
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Listos para ser fallados por el Tribunal de Contratación Pública (TCP) se encuentran los dos juicios que la empresa Proactiva entabló contra la Municipalidad de Antofagasta por el proyecto Chaqueta Blanca.

El primero data del 22 de julio de 2014 y en él la compañía pide anular el decreto alcaldicio 1111/2014, que declaró sin ganadores la anterior licitación del relleno sanitario, de manera que el proceso retome su curso con las correcciones que dicte el tribunal.

En dicha licitación Proactiva obtuvo el mejor puntaje entre cinco participantes, sin embargo, no logró el mínimo exigido por las bases para pasar a la siguiente etapa de análisis (le faltaron dos puntos), situación que sus ejecutivos atribuyen a una "mala evaluación".

La segunda causa comenzó poco tiempo después, el 12 de agosto del año pasado, y su objetivo es que el TCP declare ilegales las bases de la nueva licitación, actualmente en curso, por contener exigencias que atentarían contra el derecho.

En específico, lo que la compañía plantea es que el municipio usó las ofertas presentadas en el antiguo llamado para mejorar las bases de la nueva convocatoria, "afectando la igualdad y la posición competitiva de las empresas".

Si bien el TCP no tiene plazos para fallar, se espera que, no habiendo diligencias pendientes, antes de fin de mes se conozca el resultado de ambos litigios, que podrían marcar profundamente el desarrollo del proyecto sanitario.

Abogado

"En estos momentos, los dos juicios seguidos ante el Tribunal de Contratación Pública se encuentran en situación de preparación de las respectivas sentencias, tras haber concurrido la alcaldesa de Antofagasta a declarar en relación a los procesos de licitación impugnados", indicó Pedro Aylwin, abogado de Proactiva.

En efecto, una de las diligencias solicitadas por la empresa fue precisamente la comparecencia de Karen Rojo ante el tribunal, trámite que se concretó el 16 de diciembre.

Rojo contestó dos cuestionarios confeccionados por los abogados de la compañía, en una de las últimas diligencias conocidas en dichas causas.

Previamente la empresa había acompañado un informe del Idiem de la Universidad de Chile, el cual indicaba que la oferta presentada en la licitación declarada sin ganadores, cumplía las exigencias establecidas en las bases.

El abogado de Proactiva se mostró confiado en un buen resultado, toda vez que el municipio no habría aportado pruebas que refutaran los argumentos de la empresa.

Aylwin comentó que la rapidez de los fallos dependerá de la carga de trabajo que tengan los jueces del tribunal.

Respecto a la licitación en curso, comentó que el TCP puede ordenar que se deje sin efecto una eventual adjudicación del municipio.

CONFIANZA

Por su parte, el asesor de Alcaldía, Mauricio Peldoza, manifestó que el ambiente en la municipalidad en la antesala de ambas sentencias es de "absoluta tranquilidad".

"La empresa lo único que quería era paralizar el actual proceso, ese era su objetivo, y cuando lo no obtuvo, su rendición de prueba fue bastante pobre", manifestó.

Peldoza refutó la idoneidad del Idiem en esta causa y aseguró que el testimonio prestado por la alcaldesa el mes pasado terminó de despejar las dudas de los magistrados.

Profesor acude a la corte para detener embarques

acción. Interpuso recurso contra EPA, ATI y Codelco por contaminación.
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El profesor Ricardo Díaz, líder del movimiento "Este polvo te mata", presentó un recurso de protección a favor de su familia por el riesgo que representan los constantes embarques de concentrados mineros a través del Puerto de Antofagasta.

Díaz vive junto a su esposa e hija en la esquina de Latorre con 21 de Mayo, a corta distancia del puerto y en medio de la zona que las autoridades han calificado como de mayor presencia de metales pesados.

El recurso, que ingresó a la Corte de Apelaciones el 31 de diciembre, con el patrocinio del abogado Jaime Araya, va dirigido contra EPA y la concesionaria del Frente 2, ATI.

También se persiguen las responsabilidades de Codelco División Chuquicamata en su calidad de principal usuaria de las dependencias.

En la presentación Díaz pide dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental 131/2003, que autorizó la operación del Terminal de Embarque de Graneles Mineros (TEGM), y la resolución exenta 1334/2006, que permitió la construcción del "Sistema de Acopio de Concentrados".

FUENTE

El académico explica que las tareas de embarque, desembarque y acopio en el terminal "son hoy por hoy la principal fuente de contaminación por metales pesados".

Agrega que el hecho de vivir en la zona más contaminada expone a su familia a un riesgo inminente, sobre todo a su pequeña hija, y cita el caso de los niños diagnosticados con plomo en dos jardines cercanos.

Si bien el recurso está presentado a favor de su familia, de ser acogido tendría amplia aplicación, pues suspendería la operación portuaria.

En su primera vista del caso, la corte rechazó una orden de no innovar que buscaba adelantar dicho efecto mientras se resuelve el fondo.