El viernes 12 de diciembre en este Diario, nuestra gobernadora comentaba, por el reciente homicidio en el centro de nuestra ciudad de un limpiador de vehículos, que "Antofagasta sigue siendo una comuna tranquila".

Esta afirmación resulta preocupante y esperamos que sólo sea un llamado a la tranquilidad o un deseo de la autoridad, por cuanto no se condice con las cifras que el propio Ministerio del Interior entrega periódicamente. Según éstas, la Región de Antofagasta, al tercer trimestre del presente año continúa situándonos en primer lugar nacional con la mayor tasa de casos policiales del país: 1.092 casos por cada cien mil habitantes. El promedio nacional es de 880 casos. Si nos referimos a la comuna de Antofagasta solamente, con 1.014 casos por cada cien mil habitantes nos situamos en el lugar 38 entre las 346 comunas de nuestro país, estadística que es liderada por Santiago con 5.206 casos.

Pero lo que más nos indica que dejamos de ser una ciudad tranquila es que hace sólo 7 años, Antofagasta se ubicaba en el lugar noveno de nuestro país según la tasa de casos policiales, lugar que habíamos mantenido por muchos años y que competíamos con Coquimbo, La Araucanía y Los Lagos, hoy, ellos se mantienen en sus mismas ubicaciones y nosotros pasamos al primer lugar nacional.

El 2007, cuando la Cámara de Comercio denunciaba que los delitos en nuestra región aumentaban aceleradamente, la autoridad de ese entonces nos acusaba de sobrerreaccionar ante los escasos casos delictuales de Antofagasta.

Hoy la preocupación está enfocada en el centro de nuestra ciudad, donde los elementos que propician la acción delictual se reúnen de manera peligrosa, el desorden, el tipo de comercio que ha proliferado, son un foco de atracción para los delincuentes. Creo que no sólo con aumentar el accionar de las policías, que es necesario, podríamos paliar el problema actual, sino que también debiéramos rescatar la propuesta del Plan de Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental. Allí hay un poderoso instrumento.

La lucha que vienen dando las regiones por desprenderse del fuerte centralismo que ejerce Santiago sobre el resto del país, tuvo su primera victoria con la elección de los consejeros regionales por votación popular, en los comicios del 17 de noviembre de 2013.

Una nueva etapa de este proceso, que busca entregar más atribuciones y poder de decisión a los propios territorios y que es parte de la agenda política desde el año 1999, es la elección de los intendentes a través del voto popular. Sin embargo, como dijo el director de la Fundación Chile Descentralizado y exvicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, Heinrich von Baer, surgió la alerta entre los excomisionados de la instancia propuesta por la propia Presidenta Michelle Bachelet, por la posibilidad de que el mundo político retrase la elección popular de los intendentes, acordada en principio para octubre de 2016 y afirma que el cambio en el eje del poder que implicaría este proceso descentralizador ya suma detractores.

Hace unos meses los presidentes de los partidos que integran la Nueva Mayoría ya plantearon sus dudas al comité político de La Moneda por esta agenda de descentralización. Ven con cierto resquemor la posibilidad de realizar la elección del intendente a la par de las elecciones municipales de 2016.

La denominada "madre de todas las batallas", como fue bautizada esta reforma por parte de quienes trabajaron en el panel convocado por la Presidenta, despierta dudas transversales en los partidos políticos. Y es que una vez que los intendentes sean elegidos por los propios electores, se generará una nueva forma de interacción entre el Ejecutivo regional, los partidos y sus parlamentarios y eso provocará transformaciones en las relaciones de poder que implican -en definitiva- una nueva forma de mirar hacia y desde el Estado en las regiones.

Es necesario que los temores y las dudas frente a la iniciativa se vayan discutiendo y analizando entre los actores que tienen implicancia en este tema, con el fin de avanzar de forma concreta en este proceso descentralizador, en beneficio de las regiones.