Aborto: pasar del debate a la ley
En 1789 Sieyès decía que los privilegiados "realmente llegan a contemplarse como otra especie distinta de hombre". Medio siglo después, Tocqueville sostenía que la aristocracia "a duras penas se considera parte de la misma humanidad", derivando de esa mirada la definición de la democracia como una "sociedad de semejantes". Es decir, de parecidos, pero no de iguales.
Algo de eso persiste en la democracia aún restringida que la Constitución del 80 y sus defensores se empeñan en mantener. En su defensa y como contrapartida, han tratado de levantar lo que denominan la sociedad de "las libertades", con un evidente énfasis y preeminencia de la economía por sobre otros aspectos sociales y humanos.
Y aunque parte importante de su discurso libertario se basa en las personas enfrentadas al Estado, los autodenominados libertarios chilenos son un obstáculo de primera magnitud para la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres pero, sobre todo, de mujeres.
Desde 1991 a la fecha se han presentado 26 iniciativas legislativas buscando establecer principios mínimos para, desde una óptica de las políticas de salud pública y los derechos humanos de las mujeres, se reconozca y regule las circunstancias en que el aborto deje de ser penalizado como ocurre desde 1989 hasta hoy.
La legislación debe hacerse, más allá de las respetables creencias individuales de los parlamentarios, pensando en el bien común y en la mayoría. Eso es lo que comprometió la Presidenta en la cuenta del 21 de mayo, y es también el compromiso de varios parlamentarios.
Debemos construir una mejor democracia para Chile, una donde todos y todas tengamos posibilidades de ejercer nuestros derechos y nuestras "libertades", pero de manera efectiva y no sólo retórica. De lo contrario seguiremos empantanados en un debate propio del siglo XVIII donde, desde la condición privilegiada de unos por sobre otros, sólo podamos tener un país de semejantes, pero nunca de iguales.