Una de las primeras tareas como gobierno fue iniciar un proceso para superar la Ficha de Protección Social (FPS) como instrumento de focalización e instalar un nuevo sistema, cuyo desafío es utilizar la información con que cuenta el Estado y de manera limitada la información auto-reportada por los ciudadanos.

A los inconvenientes de la FPS asociados al auto-reporte de información, con casos ya conocidos; o por la evolución propia que debe vivir un instrumento de estas características, sumamos el que debimos responder con urgencia y levantar el estado de revisión en que fueron puestas más de 100.000 FPS a partir de mayo del 2012, para restablecer los beneficios sociales a las personas que los perdieron sin haber experimentado modificaciones relevantes en sus condiciones socioeconómicas.

Bajo este escenario, en abril se dio inicio a la Etapa de Transición de la FPS, que culminará en diciembre, dando paso -en forma gradual- al nuevo instrumento durante el primer semestre del próximo año y así configurar el necesario Nuevo Sistema de Asignación de Beneficios.

Surge entonces el proceso que se ha socializado en 72 diálogos, en las 345 comunas del país, con el objeto de informar sobre esta etapa y levantar las dificultades percibidas al respecto. Por ello decimos que no ha sido un trabajo entre cuatro paredes, se ha incluido a los distintos actores para evaluar la mejor manera de seleccionar a los usuarios de los más de 80 programas sociales que utilizan puntaje o información de la FPS, que muchas veces no pasa directamente por una clasificación socioeconómica, sino más bien por variables territoriales, por ejemplo.

De esta manera, la FPS ya cumplió su ciclo de vida útil, un instrumento de altos estándares técnicos que hace ocho años significó una revolución respecto de los mecanismos que utilizaba el Estado para dirigir sus esfuerzos a los chilenos más excluidos. En el escenario descrito, se asume en plenitud el rol de autoridad social, que busca mediante la implementación de un nuevo Sistema de Asignación de Beneficios Sociales, desarrollar una caracterización socioeconómica más justa, transparente y fácil de comprender por todos los ciudadanos.

Fuera de lo que está ocurriendo entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ahora se suma un nuevo debate respecto a las facilidades que tendrán los transportistas y en general, las cargas bolivianas para llegar a los puertos nacionales.

La sola consulta, la inquietud presentada por Bolivia ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), por este supuesto "incumplimiento de Chile del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT)", paradójicamente sintoniza con lo que propone el video que la cancillería chilena dio a conocer y que en el fondo, afirma que dicho país tiene salida al Pacífico por los puertos del norte chileno.

Probablemente, Arica sea la ciudad que vive con más certeza y cercanía este intercambio. Una de las evidencias es el tránsito constante de camiones en torno al puerto, lo que también responde a las cifras de embarques que se manejan en el terminal.

Oficialmente, en el primer semestre de este año se movilizaron sólo por Puerto Arica un millón 525 mil 582 toneladas, volumen que supera en un 11% al registrado en igual periodo del 2013. De este total, un 82 % corresponde a carga boliviana, un 11% a carga chilena, un 7% a carga peruana y otros mercados.

Es por eso que el reclamo ante la Aladi provocó reacciones no sólo en el Gobierno. El diputado Luis Rocafull apuntó a la necesidad de mantener los controles que al Estado chileno le corresponden, ante transgresiones incluso ambientales en las que incurren algunos transportistas extranjeros. En septiembre, el gobernador de Parinacota Roberto Lau, durante una de las tantas jornadas de limpieza en la ruta hacia Chungará, declaró que "en detalle los desperdicios encontrados, nos damos cuenta que los productos son de procedencia boliviana".

Hechos como éstos, juntos con otros, como los accidentes de los cuales Arica tiene conocimiento, llaman a continuar con los controles que Chile realiza para que el transporte de la carga boliviana se haga de manera segura y que dicha seguridad permita cumplir con los acuerdos entre ambos países.