El Gobierno reiteró la voluntad comprometida por la Presidenta Michelle Bachelet de avanzar a la descentralización del país, en un camino progresivo que se completaría en los próximos ocho años. El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, reiteró este compromiso por avanzar en este proceso de manera "responsable y gradual".

Bien se debe recordar y tener en cuenta que el ideal de regionalización en Chile tiene larga data, es transversal y además, requiere necesariamente del protagonismo de las mismas regiones.

Antofagasta, en este ámbito tiene mucho que opinar y discutir en su propio beneficio y los ámbitos superan largamente la elección directa de los intendentes y consejeros regionales.

Pero afortunadamente hay avances, detallados en la propuesta de la comisión descentralizadora.

De hecho, hace sólo unas semanas ingresó al Congreso el proyecto de ley que fortalece la labor de los consejeros regionales, aspecto esencial de la agenda legislativa descentralizadora, que tiene una serie de hitos.

Entre ellos, está el envío de una serie de indicaciones que partirán con la propuesta para la creación de nuevos servicios públicos regionales: Fomento Productivo; Desarrollo Social y Humano; e infraestructura y Transporte, los que recibirán gradualmente competencias que hasta ahora han sido propias del gobierno central.

De esta manera, se espera que se puedan agilizar muchas tareas y gestiones que hoy quedan entrampadas en el nivel central cuando se trata de resolver problemas domésticos de las regiones, especialmente en áreas que son claves y específicas para su desarrollo.

Quizás uno de los ejemplos más gráficos respecto a estos nuevos servicios y sus competencias, sea el transporte. El titular de la Subdere se refirió, por ejemplo, a los planes de descongestión que deben aplicar las comunas, muchos de los cuales sufren retrasos siendo analizados en Santiago.

Las nuevas competencias y responsabilidades que tendrán las regiones serán una ventaja, en la medida que exista capacidad y agilidad en la gestión pública, y compromiso con las metas trazadas.

El derecho a un medioambiente sano tiene una íntima vinculación con la vida, y es una condición sine qua non del disfrute y ejercicio de los demás derechos. Por ende, es un derecho humano fundamental que goza del estatuto jerárquico preferente que le otorga la Constitución Política de Chile (esperemos que esto no sea derribado por ninguna Asamblea constituyente).

Es preocupante la reciente información del Instituto de Salud Pública (mediciones de arsénico, plomo, zinc y cobre muy superiores a las normas nacionales y/o internacionales en su caso).

En la normativa europea, se encuentra vigente el modelo "Reach" (Registro, evaluación y autorización de químicos), adoptado por los ministros de medioambiente de la Unión Europea el 18 de diciembre de 2006, que se centra en el control de diversas sustancias químicas, entre ellas algunos derivados, y subproductos del cobre, que según esta propuesta pueden provocar riesgos para la salud humana y el ambiente. Por razones de "desconocimiento" o de evitar auto-someternos a exigencias internas más elevadas que "dañen la producción", hemos omitido que, por ejemplo, el concentrado de cobre tiene una composición porcentual de arsénico (0,32%), mercurio (2 ppm), plomo (0,02%), entre otros productos (Fuente Cochilco).

Por supuesto, estos alarmantes reportes ya habrían cobrado más de alguna "víctima política" en la zona central, pero nosotros parecemos inmunes a las responsabilidades o estamos muy lejos de la capital. Debiésemos exigir prontas acciones que permitan la declaración de Antofagasta como zona saturada de contaminación por metales pesados; la aplicación del estándar Reach; el urgente saneamiento ambiental de la ciudad, y someter los planes resultantes a una evaluación ambiental estratégica que garantice participación.

China está incorporándose a un plan de buenas prácticas ambientales que seguramente condicionará las exportaciones de commodities. Debemos adecuarnos y precaver los nuevos tiempos.