Ayer, nuevamente, los docentes antofagastinos aglutinados en el movimiento "Profesores indignados", volvieron a rechazar la propuesta de acuerdo que la semana alcanzaron Jaime Gajardo, del Colegio de Profesores y el gobierno.

A no dudar, los maestros exigen algo de toda justicia. El magisterio nacional está enfrentado hace años a un deterioro de su labor, situación que no ha sido ni calibrada, ni solucionada a cabalidad por los distintos gobiernos.

Demandas como la mejora de sueldos, rebaja de tiempos en el trabajo (por la enorme carga que deben seguir desarrollando en casa) y otras son serias y atendibles; más aún, son fundamentales para el desarrollo de los menores y jóvenes del país.

No cabe duda que la demanda de calidad en la educación cruza a toda la sociedad; esa es la manera de equiparar la cancha y para ello, los profesores son protagonistas centrales.

Debe recordarse que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó una nueva versión de su reporte "Education at a Glance", el cual arrojó que los docentes en Chile reciben las menores remuneraciones dentro de los países miembros, un 39% menos que sus pares.

En la misma línea, mientras el sueldo promedio Ocde es de US$42.861 al año para profesores de enseñanza media, en Chile reciben US$26.195. El país sólo se ubica por encima de Israel (US$25.634) y Polonia (US$23.688). En tanto, los sueldos de los docentes son ampliamente superados por países como Alemania, Países Bajos y Bélgica, que cuentan con salarios por sobre los US$60 mil.

A esto se suman otros aspectos igualmente complejos. La cantidad de horas de clases de los profesores en Chile es una de las más altas. Mientras el promedio Ocde es de 600 horas anuales, en el país lo hacen por más de mil horas al año.

¿Puede decirse que los profesores son el problema? Es de toda lógica que en estas condiciones rendir como lo exige la sociedad no es posible. Ciertamente se debe sacar los malos elementos, pero por sobre todo poner a los docentes en el sitial que se merecen.

Desde hace un tiempo vemos a un importante grupo de ciudadanos movilizarse por temas vinculados a la contaminación y manifestarse en contra de la construcción del galpón en el Puerto de Antofagasta y problemáticas similares, buscando instalar en la discusión la importancia de los derechos medioambientales.

Se ha puesto así en la agenda, la responsabilidad que tienen las empresas de respetar el ecosistema donde desarrollan su actividad productiva, empezando por la salud de las personas, por un lado, y por otro, la del sector público de establecer normas y leyes que den tranquilidad a las comunidades. Mucho de esto último ha quedado en entredicho. Evidencia de ello son las movilizaciones que dan cuenta de un debilitamiento de la confianza ciudadana en las autoridades, empresas, estudios y normas.

Uno de los elementos que puede estar a la base de la desconfianza, especialmente en los temas medioambientales, es la escasa participación en la toma de decisiones que afectan la vida de las personas. Las movilizaciones han permitido visibilizar el tema y captar la atención de la ciudadanía, y esta suerte de puesta en alerta podría servir para avanzar en formas más robustas de participación. No basta solo con realizar procesos de información o consulta, sino que se requiere involucrar activamente en las decisiones a la comunidad, es decir incentivar el tomar parte en los asuntos que los afectan, eso incluye generar las oportunidades para que este ser parte pueda darse en condiciones de horizontalidad.

La participación es un elemento básico en el logro de una mayor cohesión social y favorece los lazos de cooperación, reciprocidad y confianza entre los individuo y también en las instituciones. Por ello es necesario generar los mecanismos en los distintos niveles para hacer parte a toda la sociedad de un proyecto común. Tener la certeza de que quienes toman las decisiones lo hacen pensando en el bienestar social y no de manera arbitraria o velando solo por el interés de unos pocos, es clave en un tema donde está en juego la salud de las presentes y futuras generaciones.