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Brutal femicidio: asesinan de un disparo a madre de cinco hijos

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Un brutal caso de femicidio estremeció ayer a los vecinos de la Población 23 de Marzo, en Calama. Los residentes del sector fueron testigos de cómo una joven madre recibió un disparo por parte de su esposo, quien al ver que la mujer de 27 años estaba muerta, decidió suicidarse en plena vía pública.

La víctima, identificada como Vannia Monsalves Monsalves, madre de cinco hijos, caminaba por calle Uruguay en la capital de El Loa cuando se encontró con su marido. Carlos Campos González, de 49 años, tenía prohibición de acercarse a su esposa e hijos, debido a una denuncia por abuso sexual contra una de sus hijas. Además, el sujeto fue acusado de amenazas y violencia intrafamiliar.

Tras el encuentro comenzó una discusión, donde el victimario sacó un arma de fuego para intimidar a la joven madre. Vannia huyó del lugar, aunque rápidamente fue alcanzada, y donde el sujeto de 49 le propinó un disparo que no logró herirla.

Un limpiador de vehículos trató de auxiliarla, pero también fue amenazado con el arma. Tras esto realizó un nuevo disparo que segundos más tarde terminó por costarle la vida a la mujer. Al ver que su esposa había muerto, Campos se disparó en la cabeza, quedando ambos cuerpos en plena vía pública, donde Carabineros realizó peritajes.

La pareja se había casado en julio de 2012 y desde entonces, sumaba un largo historial de denuncias por violencia intrafamiliar. En junio de este año incluso fue acusado de abuso hacia una de sus hijas.

Detectives lideraban una red de narcotráfico 'Calama Santiago'

fiscalía. Expolicías que trabajaron en la capital de El Loa aprovecharon contactos con extranjeros para trasladar cocaína, marihuana y pasta base.

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Viajaban desde la capital en un vehículo policial para retirar droga en Calama, la que luego entregaban a un tercer involucrado, quien se encargaba de distribuirla en la zona central del país. Así, en resumen, operaba la red de narcotráfico en la que participaban dos exdetectives de la PDI, quienes fueron enviados a prisión luego de ser imputados por la Fiscalía.

Según el jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de Investigaciones, subprefecto Iván Villanueva, fue la propia policía la que entregó todos los antecedentes del caso al Ministerio Público. Tras conocer la información, la entidad persecutora encargó tres órdenes de detención por el delito de tráfico de drogas, dos para los exfuncionarios de la PDI y otra para la pareja de uno de ellos.

El oficial sostuvo que en la diligencia realizada lograron incautar 47 kilos de marihuana prensada, 51 kilos de cocaína y 72 kilos de pasta base, que estaban ocultos en una vivienda particular en Santiago. Con las órdenes de entrada y registro que consiguió la Fiscalía, además decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otras especies que serán sometidas a peritajes.

"La función que cumplían estos dos expolicías era el traslado de droga desde Calama a la zona central. La acopiaban y esperaban al destinatario final del cargamento", explicó el subprefecto Villanueva. Agregó que en estos momentos desarrollan una investigación reconstructiva, a fin de determinar en cuántos traslados participaron los detenidos.

fiscal

El fiscal metropolitano sur, especializado en antinarcóticos y crimen organizado, Jorge Carmona Moret, detalló que los detectives Luis Alejandro Farías y Manuel Gonzalo Bustos, habían trabajado juntos hace algunos años en Calama.

"Crearon contactos con sujetos de nacionalidad extranjera. Estos lazos los mantuvieron en el tiempo, siendo responsables de la recepción, acopio y entrega de droga", manifestó el fiscal. En la audiencia de formalización de cargos se informó que ambos recibían un pago cercano a los $5 millones por cada viaje.

Carmona aseguró que los 170 kilos de droga que incautó la PDI corresponden a la totalidad de las sustancias que no alcanzaron a ser comercializadas. Para el transporte de estos cargamentos utilizaban un vehículo policial, con el que llegaban hasta Calama para recibir las sustancias de manos de extranjeros.

controles

El persecutor puntualizó que el automóvil institucional favorecía el traslado de la droga, ya que les permitía pasar con mayor facilidad los controles policiales en las carreteras. Los exfuncionarios habrían presentado su renuncia a la PDI el 5 de noviembre.

Esta información fue conocida ayer en la formalización de cargos que ambos enfrentaron en el 11° Tribunal de Garantía en Santiago. Los acusaron de autores en grado consumado por el delito de tráfico de estupefacientes.

Debido a su calidad de investigadores al momento de ejecutarse el ilícito, tendrán una circunstancia calificante que aumenta la penalidad que les corresponderá en el juicio. La sanción que arriesgan es de presidio mayor en su grado medio, lo que podría desde 10 años y un día, hasta los 15 años de cárcel.

En la audiencia, el tribunal determinó que los imputados quedarán en prisión preventiva durante los 120 días que durará la investigación en su contra. En tanto, la pareja de uno de ellos quedó con arresto domiciliario nocturno. En tanto, un cuarto individuo, quien habría realizado la denuncia al supuestamente participar en los traslados de droga, también será formalizado.

Este sujeto estaba en contacto con los expolicías y actuaba como chofer, trasladando los cargamentos en la zona central del país, quien habría actuado junto a dos bolivianos que aún no son parte de la investigación.

Los detenidos fueron tratados como imputados comunes, por lo que asistieron a tribunales engrillados de pies y manos, para luego ser enviados a la cárcel Santiago Uno. La PDI manifestó que no amparará a ningún funcionario que se aleje de los valores institucional, poniéndolos de inmediato a disposición de la justicia.