Policías y manifestantes libraron ayer una batalla campal en la ciudad de Chilpancingo, en el sur de México, después de que fuera incendiada la sede regional del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una protesta por el caso de 43 estudiantes desaparecidos y presuntamente asesinados.

En el enfrentamiento participaron unos dos mil profesores y estudiantes, y alrededor de 200 policías antimotines. Los manifestantes llevaban piedras, palos y petardos, y la policía les respondió también arrojando objetos y gases lacrimógenos.

La policía detuvo a dos maestros, según denunciaron los manifestantes, y ante la tensión que se generó, un comandante policial se ofreció a irse "como garantía" a un campamento de los maestros, que exigen la liberación de sus compañeros.

Después de que los manifestantes prendieron fuego a instalaciones del PRI, la policía, con escudos y cascos, los persiguió para dispersarlos, pero después fueron los estudiantes y maestros los que avanzaron hacia la policía.

Bomberos llegaron a la sede partidista a apagar el incendio, mientras a unas cuantas calles se producían los enfrentamientos. Dos periodistas que llevaban el rostro cubierto para protegerse del gas lacrimógeno y estaban cerca de los policías fueron lesionados por los agentes.

La protesta de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, se produce un día después de que fuera bloqueado por estudiantes, padres y maestros durante tres horas el aeropuerto de Acapulco, la principal ciudad de Guerrero.

En las últimas semanas ha habido algunas manifestaciones violentas por la desaparición de 43 estudiantes que presuntamente fueron masacrados por una organización criminal en alianza con policías municipales, pero la mayoría de las protestas han sido pacíficas.

La manifestación de ayer estuvo encabezada por trabajadoras de la educación de Guerrero y estudiantes de la Universidad de Guerrero, estado donde desaparecieron los jóvenes el 26 de septiembre.

El Gobierno argentino descartó ayer la aplicación de revisiones salariales y bonos extraordinarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación, pese a los reclamos sindicales que se tradujeron en convocatorias de paro en sectores como la educación o la banca.

"No convalidamos la reapertura de paritarias (negociaciones salariales) ni ningún tipo de negociación que contemple una modificación del impuesto a las ganancias", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Desde el Gobierno tampoco han apoyado las peticiones de un bono extra de fin de año solicitados por las centrales sindicales opositoras para compensar una inflación que organismos independientes cifras en un 40%.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, realizaron ayer la primera jornada de un paro de 48 horas en reclamo de la reapertura de negociaciones salariales (que no están previstas hasta comienzos de 2015) y de mayor presupuesto para Educación. El paro afecta a más de 3,3 millones de alumnos de escuelas públicas bonaerenses.

Este paro se solapará con el que tiene previsto iniciar hoy el sector bancario, que paralizará su actividad dos días para pedir un bono de fin de año y en rechazo al impuesto de las ganancias.

El Presidente catalán, Artur Mas, pidió ayer al Gobierno español un diálogo para una consulta soberanista en esa región, en el mismo día en que se supo que la Fiscalía se querellará contra el dirigente nacionalista por su papel en la votación del pasado 9 de noviembre (9N).

La respuesta a la petición de Mas la dio la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que el 9N fue un "fracaso" de las autoridades catalanas y acusó al gabinete regional de "saltarse la ley con la excusa de la política".

El domingo pasado, unos 2,2 millones de personas votaron en un proceso de participación planteado por los nacionalistas catalanes como vía para expresar su deseo de poder decidir acerca de la soberanía del territorio, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.

El Ejecutivo español considera ilegal esa iniciativa y por ello recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) tanto la consulta oficial que el gabinete catalán convocó inicialmente como el proceso de participación popular que finalmente se llevó a cabo.

El TC suspendió ambas iniciativas y en los próximos meses decidirá sobre su legalidad o no.

Mientras tanto, la Fiscalía decidió presentar una querella, que se hará efectiva hoy contra Mas y, al menos, dos integrantes de su Gobierno: la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, aunque se podría dirigir también contra el titular de la consejería vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles.

Entre los delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consejeros implicados figura el de malversación de caudales públicos, debido a los gastos que ha supuesto la celebración del proceso participativo y sus preparativos.

El Ministerio Público cree que los querellados podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.

Poco antes de conocer esa noticia, el propio Mas se había pronunciado sobre la hipótesis de la querella y dijo estar "muy tranquilo" y "sin miedo" porque están convencidos de que no han hecho nada ilegal.

Artur Mas informó que remitió una carta al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en la que le propone un "diálogo permanente" cuyo fin sea acordar una consulta definitiva y oficial de tipo soberanista en ese territorio. Según Mas, los nacionalistas tienen ahora "más razones" para pedir ese diálogo tras el resultado del proceso participativo del domingo, ya que "no se puede negar la evidencia ni se debe ignorar la realidad". Mas planteó a Rajoy que la situación actual en Cataluña requiere "más política y menos tribunales".