Ejecutivos de la empresa Hidronor informarán mañana a la Municipalidad de Antofagasta que la compañía de capitales belgas no participará de la licitación para la construcción y operación del relleno sanitario de Chaqueta Blanca.

La noticia es otro revés más en el difícil proceso seguido por el gobierno y el ayuntamiento para dotar a la ciudad de un equipamiento exigido por la Ocde y los vecinos. Pero es más complejo considerando las razones dadas por la compañía: demasiadas incertidumbres que impiden hacer una oferta "seria y responsable".

El proceso para la presentación de ofertas culmina esta semana y todo indica que el número de interesados en participar será menor.

PROBLEMA AMBIENTAL

Esto fue relevado por Evendt al momento de explicar la decisión.

"Creemos que la ciudad se merece un sistema de tratamiento de los residuos domiciliarios de primer nivel. La situación de La Chimba se ha prolongado por demasiado tiempo y genera condiciones que pueden afectar la salud y el medio ambiente. No entendemos las razones por las que el municipio declaró desierta la licitación anterior. Tampoco entendemos la calificación que se hizo de nuestra propuesta. Estimamos que hicimos una propuesta técnicamente de primer nivel y creemos que se hizo una evaluación con poco criterio. Invertimos cuantiosos recursos y tiempo para la elaboración de nuestro proyecto en la licitación anterior", detalló.

El ejecutivo precisó que los análisis realizados dan cuenta que las nuevas bases más que reducir las incertezas y mejorar el proceso, carecen de elementos de gran importancia a la hora de realizar una estimación adecuada para hacer una oferta responsable.

Entre estos factores están la falta de claridad respecto de la posible existencia de pertenencias mineras en el terreno destinado para el relleno sanitario, lo que podría conducir a una situación de imposibilidad de desarrollar el proyecto o implicar una interrupción de las operaciones, o un encarecimiento significativo de la iniciativa.

Como es sabido, el lugar elegido tiene vigentes una concesión de explotación de Soquimich S.A. que lo afecta a 3,9 hectáreas, y una concesión de explotación otorgada a la Compañía Minera Gatico, en las 26,6 hectáreas restantes.

Con este antecedente a la vista, el 2013 el municipio adquirió el terreno a Bienes Nacionales con recursos ($259 millones) que le transfirió directamente la Subdere.

Al respecto, el gobierno regional mantiene dudas frente al punto. Sin embargo, un informe jurídico emitido por el municipio en julio de este año indica que la coexistencia de un dueño para el terreno superficial y de otro para lo que existe en el subsuelo es perfectamente posible.

MÁS DUDAS

cuestionamiento

Evendt precisó que no se entregan antecedentes actualizados de la clasificación del proyecto en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), es decir, si este es calificado como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo a la normativa vigente.

"Sólo se entrega un certificado de admisibilidad del SEA de 2012 que indicaba que debía ser una DIA pero no es claro si ese criterio se mantendría para esta nueva licitación. Esto, especialmente considerando los posibles cambios regulatorios y de criterio que han ocurrido en estos años. Si se tratara de un EIA ello tiene impacto en los costos y en los plazos del proyecto", explicó.

Otro de los aspectos cuestionados es que la nueva licitación redujo la importancia de los aspectos técnicos para la calificación. Al tiempo recordaron que en la licitación anterior, "supuestamente", ningún participante cumplió con los requisitos técnicos mínimos por lo que resulta difícil de entender que ahora esa evaluación tenga menos importancia.

En concreto se rebajó de 85% a sólo 7% la ponderación de la parte técnica de las ofertas.

"Creemos que este proceso ha tomado más tiempo del necesario y ahora con las nuevas condiciones no nos resulta posible elaborar una nueva propuesta, por los niveles de incertidumbre que menciono", apreció el máximo ejecutivo de la firma.

Conviene agregar que la empresa Proactiva también postuló sus dudas y quejas en relación al nuevo proceso. Por lo mismo, presentó un reclamo ante el Tribunal de Contratación Pública (ver recuadro). En el proyecto de relleno sanitario Chaqueta Blanca intervienen tres organismos: la Subdere aporta los recursos para el diseño y construcción ($4 mil millones), el gobierno regional mandata los trabajos y la municipalidad los ejecuta.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Ward, está en su tercer período como parlamentario de la zona y considera que es tiempo suficiente para dar la posibilidad a otros políticos de asumir esta responsabilidad. Además, de aspirar a presentarse como senador de la región debería estar otros dos períodos más, "lo que considero que es un exceso, estar finalmente 20 años es demasiado", aseguró.

El congresista dijo que aún no ha tomado la decisión de su futuro político, pero "me gusta el tiraje de la chimenea, creo que los políticos no tenemos que estar siempre pensando en la reelección. Voté a favor por un proyecto de ley junto a otros dos diputados, que limita la reelección a dos períodos, pero 117 lo hicieron en contra".

En tanto, dijo que ya existen figuras políticas que lo podrían suceder, como la actual consejera regional, Alejandra Oliden y el exdiputado Manuel Rojas. "Creo que con esta dupla se garantiza que la UDI tenga un parlamentario para el próximo período, lo que me deja muy tranquilo".

Respecto a la figura de Oliden, dijo que es la primera carta, por su trayectoria, por "la votación que sacó como Core, por su trabajo en la gobernación de El Loa, por su paso por la municipalidad y por la labor que hemos realizado es seis años en el equipo parlamentario, todo esto hace que sea la preferencia número uno".

Frente a Rojas, argumentó que si bien en el pasado han tenido diferencias, considera que es un buen representante para la región, es de Antofagasta y una buena persona para asumir el desafío.

Ward explicó que en las elecciones pasadas intentó ser candidato a senador, pero no le resultó y de seguir intentándolo requeriría estar ocho años más como diputado.