El equipo jurídico de Bolivia se encuentra afinanco detalles de la respuesta que presentará hasta el próximo 12 de noviembre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según informó ayer el procurador del Estado Héctor Arce.

"Nuestro equipo jurídico afina el alegato a cargo de nuestro agente (el ex presidente boliviano Eduardo Rodríguez) y los abogados extranjeros", dijo Arce. Asimismo, el procurador boliviano hizo hincapié en que Bolivia solicitó a la corte que emita un fallo obligando a Chile a sentarse en una mesa a negociar una salida al mar. "No pidió que decida una salida al mar para Bolivia, que no es lo mismo", subrayó Arce.

Chile presentó el 15 de julio pasado un recurso de excepción preliminar de competencia de la corte a la demanda boliviana.El tribunal fijó como plazo el 15 de noviembre para la respuesta legal de Bolivia.

"El gobierno de Chile ha ingresado en la estrategia de usar argumentos incorrectos sobre el proceso que alteran o tergiversan la demanda", respondió el vocero internacional de la demanda boliviana, el ex presidente Carlos Mesa, tras asegurar que Bolivia no pidió revisar los límites con Chile estipulados en el Tratado de 1904, tal como ha sido expresado por Santiago.

Bolivia, que desde 1978 no tiene relaciones a nivel de embajadores con Chile, perdió su acceso al mar en la Guerra del Pacífico en 1879, conflagración en que Chile se anexionó territorios de ese país y Perú.

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y de Evópoli, llegaron ayer hasta La Moneda para pedirle a la Presidenta Michelle Bachelet que le solicite la renuncia al embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras (PC).

Los parlamentarios de la Alianza le hicieron llegar su solicitud a la Mandataria a través de una carta, en la que manifestaron que las acusaciones hechas por Contreras en una entrevista con el diario uruguayo La Diaria, en la afirmó: "No tengo ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha".

Los diputados de oposición le pidieron que más allá de consideraciones "orden partidista", le pida la renuncia al diplomático puesto que las declaraciones del embajador sientan "un precedente negativo" para las reciones internacionales de Chile, puesto que crean la idea de que "un embajador puede opinar de política contingente, imputar delitos a amplios sectores de la sociedad y vincular a quienes nos hemos opuesto a sus reformas con hechos terroristas como la colocación de bombas, sin ser removido de su cargo".

Tras entregar el documento en el palacio de Gobierno, el diputado RN José Manuel Edwards, afirmó que "creemos que a Chile no le conviene seguir manteniendo un embajador que ha hecho tanto mal a la credibilidad de la diplomacia chilena". "Tampoco le conviene a Chile tener un embajador que no sólo se ha inmiscuido en política interna, sino que ha imputado delitos a sectores opositores y empresariales y después de eso ha argumentado con faltas a la verdad", agregó.

Por su parte, el gremialista Gustavo Hasbún, acusó al Gobierno de convertir a la Cancillería en "activismo político".

Luego del revuelo que causaron las declaraciones del embajador Contreras, la Cancillería envió un instructivo a los representantes diplomáticos para que se abstengan de emitir declaraciones sobre la contingencia, puesto que son funcionarios públicos de confianza de la Presidenta,