Para nadie es un secreto lo atractiva que se ha vuelto la Región y en especial la ciudad de Antofagasta producto del constante desarrollo minero. Como antofagastino, he sido testigo de este desarrollo, en donde pasamos a una ciudad cosmopolita y bien despierta. La ciudad cambió, perdiéndose un poco la identidad.

De esta forma la ciudad se fue transformando en lo que es hoy, y como las autoridades la "venden" en el exterior: una ciudad pujante con niveles de calidad de vida de las grandes ciudades del mundo. Pero para nosotros, los antofagastinos, este desarrollo conlleva una serie de costos para sus habitantes, muchas veces costos que afectan a todos los bolsillos.

En lo micro, los costos que están afectando a los habitantes de Antofagasta son los altos valores que vienen marcando las viviendas desde 2013, en donde las casas han aumentado casi en un 123% alcanzando las 7.116 UF (172 millones aprox.) mientras que los departamentos marcan un aumento del 35% bordeando las 3.936 UF (95 millones aprox.). Estas cifras han llevado a que muchas personas, tanto chilenos como extranjeros que no pueden acceder a una vivienda, tomen como alternativa vivir en campamentos, los cuales ya ascienden a 21.

Es ahí donde se clarifica que el desarrollo no incluye a todos por igual, ya que es aproximadamente un 20% de la población la que depende de la minería y puede tener acceso a pagar este alto costo de vida; mientras que el resto de la población, que se desempeña generalmente en el sector de servicios y otros, no cuenta con los mismos recursos.

Esto conlleva a buscar nuevas opciones para "sobrevivir", convirtiéndose en una alternativa ir a vivir a los campamentos.

Con lo anterior, las desigualdades son más notorias. A pesar que esta decisión pueda ser mal mirada, incomprendida y objeto de discriminación; es importante destacar que muchas veces se toma por necesidad y que precisamente este pujante desarrollo antofagastino se vuelve excluyente.

Hace unas semanas el Gobierno recibió una serie de propuestas para avanzar en la descentralización y regionalización del país, que fueron debatidas y afinadas en una comisión ad-hoc, donde participó activamente el exsenador Carlos Cantero junto a otros 33 expertos, en lo que parece otra de las reformas clave de la administración de Michelle Bachelet.

Entre las propuestas más importantes está la elección popular de intendentes de cada región a partir del 2016, además de la idea de impulsar una ley de rentas con carácter regional.

También los expertos proponen adecuar la Constitución Política para dotar a los gobiernos regionales y municipios de capacidades de autonomía de gestión política, administrativa y fiscal-económica. Otra innovación pasa por designar a un delegado del gobierno nacional en cada provincia, quien velará por la seguridad y orden público.

En una entrevista dominical de este diario, la senadora Lily Pérez -quien lidera el ala más liberal de la centroderecha- analizó en forma satisfactoria estos cambios, pero también agregó algo muy cierto: "ojalá el gobierno y el Parlamento estén dispuestos a perder poder, porque descentralizar significa perder poder y traspasárselo a las regiones".

La parlamentaria, con años de trayectoria en la política, espera que exista una masa crítica capacitada para hacer andar estos cambios estructurales en el país y que no queden como otros archivados por años para que cada cierto tiempo vuelvan a resucitar en los gobiernos de turno.

Este análisis no es antojadizo. El poder es parte esencial de la política y si las regiones logran cierto grado de autonomía tendrán otra forma de relacionarse en términos administrativos y a nivel de autoridades. Por ello la regionalización y descentralización hasta ahora siguen en eslóganes, pero sin medidas concretas, pese al paso de sucesivos gobiernos.

Por ello, las propuestas reformistas ahora deberán saltar la dura barrera del poder.