Después de recibir las conclusiones de la Comisión Asesora para la Descentralización, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que su administración promoverá cuatro ejes de trabajo para avanzar en el objetivo descentralizador: reformas constitucionales, más competencias administrativas, más recursos para las regiones, y más democracia y representación.

Ante esto cabe señalar que el hecho de que la Constitución consagre la cualificación de Estado unitario y descentralizado no garantiza la materialización del objetivo, ya que para ello se requiere una definición de lo que ha de entenderse por descentralización a fin de garantizar su exigibilidad y así se pueda tener claridad sobre la efectividad que han de tener las nuevas competencias que deben recibir los gobiernos regionales y las municipalidades.

Así, entonces, es de esperar que una verdadera política de descentralización considere, además de una adecuada definición, consideraciones económicas, por ejemplo, que los recursos que se generan en la región deben mayoritariamente redituar beneficios en la misma zona. Con esto no se espera modificar la lógica solidaria propia de un Estado unitario, sino que se espera que las regiones no sigan tributando al beneficio histórico que ha tenido el desarrollo metropolitano.

A su vez, se requiere que las decisiones respecto a políticas públicas tengan una mirada regional y no se esbocen ni se decidan programática y presupuestariamente desde Santiago.

Por último, y en función de la democratización de nuestro modelo político como factor de la descentralización, es importante señalar que la elección de intendente por sí sola no es la solución si es que no se le establecen al cargo atribuciones específicas que permitan convertirlo en un real factor del desarrollo regional y en una figura empoderada capaz de satisfacer las carencias de representación que tienen hoy por hoy nuestros parlamentarios.