Si bien la Constitución de 1980 creó las Regiones como división territorial del país, sólo en el Gobierno del Pdte. Aylwin se les dotó de personería jurídica y patrimonio propio. Desde entonces el debate público se divide entre quienes creemos que es necesaria mayor autonomía política y financiera regional y quienes sostienen que dicha autonomía es un peligro que afecta el carácter unitario del Estado.

Un duro retraso a una mayor regionalización fue el rechazo a la idea de legislar el Proyecto de Ley sobre Royalty Minero, que el Presidente Ricardo Lagos propuso al Congreso. Hay que recordar que ninguno de los dos diputados UDI de la región en esa época apoyó dicha iniciativa de Ley, obligando a transformarlo en Impuesto Específico a la Minería, cuyos recursos ingresan a arcas nacionales y no a la región.

Pero el centralismo también se manifiesta en el mundo privado, por ejemplo los montos de aprobación de créditos en la banca local son bajos y normalmente se requiere su aprobación en las casas matrices respectivas en Santiago.

También llama la atención que los contratos de proveedores de la región consignan que el árbitro de eventual conflicto será el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago; por lo que además de la asimétrica relación entre mandante y proveedor Pyme, este último para hacer valer sus derechos debe litigar a 1.400 Kms. de distancia. Es un imperativo ético crear un Centro Regional de Arbitraje, como una forma de descentralizar el país.

Descentralizar y desconcentrar las actividades en el país y otorgar mayor capacidad de decisión regional no es sólo un asunto de carácter público, por ello la decisión de elegir democráticamente a los Intendentes y dar mayor autonomía financiera a los Gobiernos Regionales son pasos importantes, pero el mundo privado puede adoptar igual grado de decisiones, con la ventaja que sólo requiere tomarlas en sus propias organizaciones.

La Regionalización es una tarea continua, pendiente y un compromiso de todos.