La conclusión a la que llegó la auditoría realizada al discutido Censo del año 2012 por parte del mismo Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) es categórico: La medición sencillamente no permite elaborar proyecciones de población, marcos muestrales para encuestas futuras o generar información para áreas geográficas menores.

Si se toman en consideración los objetivos que tiene un estudio de población, claramente se puede inferir que éste no cumplió. Según Ximena Clark, directora del INE, ni siquiera se puede hablar de un "censo". Agregó que tampoco es posible usar esta actual base de datos para diseñar políticas públicas.

En general, uno de los principales problemas del estudio realizado en 2012 tiene relación con la omisión de la población. De acuerdo a la auditoría, ésta llega al 9,6% a nivel nacional. En regiones del norte este margen se hace mayor, incluso llegando a un 15,1% en el caso de Antofagasta, mientras que en Arica y Parinacota la cifra de habitantes no considerados sería de un 11%.

La omisión se transforma en una debilidad insoslayable, porque no permite conocer profundamente aspectos y datos que interesa que un censo entregue.

Detalles respecto a edad, condiciones sociales, sexo, migración y otros similares quedan en una gran incógnita debido a que casi un 10% de la población nacional no está considerada o fue omitida. Porque aunque la población se puede conocer estadísticamente a través de proyecciones con información concreta -como inscripciones de nacimiento, las defunciones, entrega de cédulas de identidad y otras- no así los datos demográficos más concretos y específicos.

Hoy, ojalá se cierre el capítulo que buscaba corroborar e identificar los errores del proceso del año 2012.

Ahora, el país debe concentrarse en remediar este traspié para poder avanzar con pleno conocimiento, no sólo de cuántos somos, sino de quiénes somos y en qué condición nos encontramos para enfrentar el desarrollo y el equilibrio social que el país persigue.

Desde la CChC, y con motivo de nuestro aniversario número 30, entregamos por primera vez el "Premio Gestión Social" a la empresa Nueva Urbe, responsable de gran parte del desarrollo inmobiliario del sector norte de Antofagasta. Menciono esto con el afán de relevar que sí existen iniciativas dignas de replicar en donde se evidencia, de manera certera, el aporte que el sector privado puede entregar a la comunidad donde está inserto su negocio.

La empresa destacó por la cantidad de proyectos sociales que otorga la CChC y que fueron tomados el 2014 por sus trabajadores, la coordinación que mantienen con los vecinos de sus faenas, la colaboración con jardines infantiles de escasos recursos y el reciclaje de los propios materiales que realizan en sus obras. Sabemos que son pequeñas iniciativas que exhiben un avance pero aún queda un largo camino para concientizar a cada empresario de la zona respecto al compromiso social que debe adquirir.

A pesar que la "responsabilidad social empresarial" suele ser utilizado por distintas empresas como una forma de aplicar o medir su relación con el medio, también creemos que su importancia radica en utilizarlo como una herramienta de gestión para garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Llevándolo a la práctica, en nuestro rubro la competencia no puede continuar siendo solo el precio, si no por quién entrega más áreas de esparcimiento, espacios comunes, áreas verdes, cercanía y entorno amable. No queremos solo construir casas o edificios, queremos hacer barrios y también mejores ciudades. Observar a quienes lo han hecho bien y seguir el ejemplo. Nuestro gran reto en Antofagasta es elevar la calidad de vida de la población, y debemos aportar a ello construyendo viviendas y entornos que faciliten la integración social, y el respeto y la conservación del medioambiente.

Como empresarios de la construcción es nuestro deber reflexionar sobre los aportes que estamos haciendo y preguntarnos cuál es la contribución que la ciudad espera que entreguemos hoy.