El 16 de septiembre del presente año, se publicó la Ley 20.770 que modifica la Ley de Tránsito y el Decreto ley sobre Libertad Condicional en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves, gravísimas o con resultado de muerte, conocida como "Ley Emilia". La idea es endurecer la pena para dichos delitos aumentando el marco penal aplicable; estableciendo reglas especiales de determinación de la pena; sancionando a quien no detenga la marcha, no preste ayuda o no de cuenta del accidente a la autoridad; y obligando al condenado a cumplir necesariamente un año de pena privativa de libertad. Además, configura como delito la negativa a someterse al examen de alcoholemia.

Impulsado por circunstancias mediáticas y de presión social tras la dramática muerte de una menor de 6 meses luego que un hombre en estado de ebriedad impactara el vehículo de sus padres, el legislador se vuelca a la creación de una ley de emergencia, es decir, se dicta una norma que de manera general responda a un caso concreto. Dicho así surge preocupación, pues esta ley merece observaciones. Primero, vuelve asistemático el régimen de penas al aumentar el marco penal aplicable y se produce, además, una desproporcionalidad respecto de otros delitos a los que la sociedad asigna igual o mayor gravedad.

Así, se visualiza un legislador contradictorio en cuanto a la política criminal; por una parte está la modificación de la Ley 18.216 (en junio del 2012), que establece penas sustitutivas de las privativas o restrictivas de libertad y, posteriormente, en un sentido diametralmente opuesto dicta la Ley Emilia, obligando a que todo condenado por el delito de manejo en estado de ebriedad, independiente de si provoca lesiones o la muerte de alguna persona, cumpla un año de privación de libertad. Al parecer de la Defensoría Penal, la Ley Emilia atenta contra el principio de no autoincriminación y contra el principio de presunción de inocencia, ambos informadores del sistema procesal penal y garantizados legal y constitucionalmente.

Pese a los anuncios, la Piscina Olímpica de Antofagasta, muy lamentablemente, no estará lista para el próximo verano. Con ello, un centenar de deportistas, niños y adultos mayores no contarán por segundo año consecutivo con la alberca ubicada en calle Condell.

Un golpe que se veía venir para la comunidad. Esta pileta no sólo es un lugar de esparcimiento, de encuentro y donde los niños aprender a nadar y ver el deporte como una manera entretenida de aprovechar el tiempo, sino también cumple un importante rol social para la tercera edad, detalle no menor en este análisis.

En el plano competitivo, el exitoso trabajo de los nadadores antofagastinos queda truncado ante la imposibilidad de tener un entrenamiento de alto rendimiento, por lo que éstos deben quedar sujetos a la buena voluntad de algunos establecimientos educacionales y de complejos deportivos para compartir sus instalaciones.

Hay que destacar que estos deportistas mantienen una permanente figuración en torneos escolares, certámenes nacionales y en los Judejut. Tener cerrada por un año y media una piscina es un traspié para los niños, nadadores y las respectivas asociaciones de la ciudad, que prácticamente quedan de brazos cruzados.

¿Por qué tanta demora? ¿Cuál es la causa de este problema? La burocracia y falta de capacidad de gestión parecen ser la génesis del atraso, sobre todo después de los sucesivos anuncios sobre la materia y los montos comprometidos.

Es más, en 2011, hubo un anuncio de remodelación por 846 millones de pesos.

¿Qué pasó al final? Nada. Las autoridades del Instituto Nacional del Deporte (IND) y la seremi del ramo aún están entrampadas en los arreglos de filtración de agua de la pileta, un problema que ya se tornó un dolor de cabeza con las consecuencias ya conocidas.

El nuevo anuncio de entrega de la piscina quedó fijado para abril de 2015. A la luz de los antecedentes, habrá que ver si ello se cumple o seguiremos esperando por la apertura de la Piscina Olímpica.