Los nuevos antecedentes conocidos el fin de semana en torno a la detención de tres personas con un poderoso artefacto explosivo en el sector norte de Antofagasta, desacreditaron la teoría de un móvil terrorista, como planteó el Gobierno Regional en una querella presentada a las pocas horas del hallazgo.

Diálogos por WhatsApp que sugieren que el objetivo de la banda era el robo de un cajero automático y el hecho que a los imputados no se les haya detectado nexos con grupos radicales o anarquistas, dejaron prácticamente sin sustento la acción legal y a sus impulsores en un incómoda posición.

En este contexto, no tardaron en llegar las críticas.

El senador Pedro Araya planteó que en base a los antecedentes conocidos podría hablarse de una "sobrerreacción" de las autoridades, que aparentemente actuaron "sin haber reunido todos los antecedentes que el caso ameritaba".

"Uno cuando presenta una querella criminal tiene que hacerlo con la mayor cantidad de antecedentes posibles, de forma tal de no errar la figura penal, y más cuando lo que se está invocando es la Ley Antiterrorista", señaló.

PENAS

REQUISITOS

La parlamentaria de RN dijo ser de la idea de utilizar la Ley Antiterrorista siempre que la situación lo amerite y existan antecedentes suficientes, sin importar quiénes son los afectados o en qué lugar del país ocurren los hechos.

Núñez acusó al Gobierno de un actuar errático en esta materia y recordó algunos serios ataques cometidos en La Araucanía, donde "pese a cumplirse todos los requisitos" la ley no fue invocada, al contrario de lo ocurrido en Antofagasta, donde la reacción, a su juicio, fue "para la foto".

"Si vamos a comenzar a invocar una ley de tanta especialización, y una ley que además requiere modificaciones, en todos los casos, entonces vamos terminar desnaturalizando o desvirtuando una norma que es para ciertos delitos. Para sancionar a delincuentes que quieren robar cajeros automáticos está la legislación penal ordinaria, no la Ley Antiterrorista", apuntó.

Paulina Núñez agregó que en temas tan delicados como el combate al terrorismo, lo que se espera de las autoridades son "buenas decisiones que contribuyan a solucionar los temas", no respuestas que luego queden en nada.

QUERELLA

Volta aseguró que la querella contra los tres detenidos no será retirada, sin perjuicio que pueda ser recalificada considerando los nuevos antecedentes que surjan en los 70 días que durará la investigación.

El fiscal regional, Cristian Aguilar, explicó que los tres detenidos fueron formalizados por infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos porque los antecedentes que existen apuntan a esa figura penal y no a otra. "No porque la querella (del Gobierno) diga una cosa nosotros estamos obligados a plantear lo mismo", subrayó. Aguilar manifestó que, sin perjuicio de no haber hoy antecedentes que apunten a un móvil terrorista, para el Ministerio Público el caso tiene alta prioridad por la conmoción que generó en la comunidad. La investigación quedó en manos de la fiscal jefe, Ana María Escobar.