Los mensajes de texto entre los imputados a los que tuvo acceso el Ministerio Público, fueron claves para dilucidar cuál era el propósito de los tres sujetos que fueron sorprendidos por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, transportando explosivos de alto poder destructivo.
Según el relato efectuado por la fiscal Ana María Escobar en la audiencia de formalización realizada en la mañana de ayer, al momento de la detención el grupo se dirigía hacia un cajero automático para llevar a cabo el ilícito. Esto se descubrió después de revisar las conversaciones que habían tenido los imputados por redes sociales como Facebook y WhatsApp.
En los chats también hablan de un cuarto involucrado, el cual trabajaría en un banco, quien les informó que el viernes el cajero que iban a atacar estaría lleno de dinero. Este sujeto aún no ha sido individualizado.
Tomando en cuenta los nuevos antecedentes, el Ministerio Público decidió no invocar la Ley Antiterrorista y sólo formalizar por los ilícitos de posesión y porte de explosivos.
Cabe recordar que el Gobierno Regional se había querellado por 'conducta terrorista' en este caso, pero a la luz de las investigaciones, esta tesis estaría descartándose.
Prisión preventiva
El juez de garantía, Marco Rojas, después de escuchar los argumentos de la Fiscalía y la Defensoría, decidió dejar a los tres imputados -M.T.O (33 años), D.A.E (22 años) y N.G.V (21 años)- en prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad. Además se dio un plazo de investigación de 70 días.
El intendente regional, Valentín Volta, valoró que esta banda haya quedado en prisión preventiva, aunque discrepó sobre la no invocación de la Ley Antiterrorista por parte del Ministerio Público. 'Estamos satisfechos de la prisión preventiva, sin perjuicio que la Fiscalía no da cuenta de la gravedad de los hechos. Nosotros creemos que la cantidad de explosivos así como la naturaleza de los mismos, efectivamente podrían haber provocado daño a las personas (…) nosotros creemos que en ese contexto había una conducta terrorista y en ese contexto la querella tuvo ese estricto tenor'.
La abogada querellante de la Intendencia, Carolina Oyanedel, agregó que recién hoy pudieron tener acceso a la información recopilada por la Fiscalía sobre que estos explosivos serían utilizados en un robo de cajero automático. 'Los antecedentes que ha recabado la Fiscalía entre el día 12 (de la detención) y hoy, efectivamente son diferentes. Lo que corresponde a nuestro juicio es un uso razonable de todos los elementos que nos da la ley. Quedan 70 días para investigar y no podemos descartar absolutamente nada'.
La defensa, en tanto, se mostró conforme con que no se haya invocado la Ley Antiterrorista, ya que según su criterio, no había antecedentes que vincularan a los imputados con acciones de esas características.
El defensor regional (s), Mario Fuentealba sostuvo que la Ley de Control de Armas ya establece penas bastante altas.
'Las dos figuras por las que fueron formalizados los imputados parten en presidio menor en su grado máximo, vale decir de 3 años y un día hasta los 10 años de pena'.
Los formalizados
Según las primeras investigaciones efectuadas por la Fiscalía, fue D.A.E quien contactó a T.M.O, para efectuar el robo de cajero con explosivos.
D.A.E habría bajado los explosivos desde la empresa minera en que trabajaba como polvorinero, transportándolos en un bus.
Los sujetos fueron descubiertos al ser controlados por carabineros de la SIP la noche del viernes, después de no respetar una luz roja en calle Isabel Riquelme.
En su vehículo portaban un dispositivo listo para ser armado, compuesto por una botella plástica, cordón detonante, mecha y dinamita, además de gorros pasamontaña, guantes, cinta aisladora y 'miguelitos'.
Los imputados más jóvenes -D.A.E y N.G.V- tienen irreprochable conducta anterior. Por su parte M.T.O tiene causas anteriores por microtráfico de drogas y lesiones.
