Antofagasta era en la costa del Pacífico uno de los puertos que mostraba mayor interés por adquisiciones de material naviero. Los avisos sobre este ramo aparecían periódicamente en las páginas. En uno de éstos se leía: 'Se vende puesto en la bahía de Talcahuano un vaporcito de 60 toneladas en perfecto estado'.
Tanto se ha dicho y escrito del proyecto Sierra Gorda y su símbolo, el galpón de acopio levantado por ATI en el Puerto, que mucho de ello corre el riesgo de pasar a convertirse en mero ruido.
La iniciativa ha presentado una oposición tenaz y comprensible. Se ha dicho que el proyecto carece de 'licencia social', aspecto que hoy parece relevante, más allá de las autorizaciones legales.
Las empresas involucradas hoy pagan eso, en el entendido que se hizo poco por socializar la obra, más cuando se trata de un proyecto que interviene toda la ciudad de Antofagasta, con beneficios nulos o poco claros para la población. En concreto, habrá más recorrido de trenes y más acopio de concentrado, costos que paga la comunidad.
La pregunta es válida: ¿A cambio de qué?
Si sumamos la presunción de focos de contaminación, el tema se complica más. La propia reacción de las empresas tiende a confirmar la sospecha. Sólo el arribo y voluntad de dar la cara por parte de nuevos ejecutivos ha hecho posible mejorar los estándares.
Así como las empresas deben asumirse sus responsabilidades y entender la molestia, desconfianza y resquemores, también deben hacerlo las exautoridades y en general toda la población que no está atenta a lo que le rodea. Vivir en comunidad exige estar informado, más cuando hay debilidades en nuestra legislación ambiental.
Ahora, es de esperar que pronto se llegue a consensos y se solucione un conflicto que genera un estrés en los inversionistas y la población, aspecto en el que el Estado y el gobierno tienen un rol fundamental. Lo preocupante es que hasta hoy ello se ha hecho de manera difusa. Evidentemente debe imperar y hacerse respetar el derecho y eso significa avalar lo aprobado y actuar con celo si ello no se cumple; si la idea es en contrario, también debe decirse ahora.
A estas alturas resulta bastante evidente que todas las partes deben hacer un esfuerzo, dejando de imponer absolutos. Esta no será la última ocasión que un proyecto de tal magnitud se desarrolle, por lo que deben aprenderse lecciones, pero también, entregar señales claras, no confusas, explicitando qué se quiere hacer.
Carlos Tarragó
Por Aetós
La necesidad de descentralizar el país ha estado presente a través de intenciones, discursos o promesas en los últimos cinco gobiernos, sin que hasta ahora se haya avanzado de manera substancial en ella. Innumerables páginas de todos los diarios regionales recogen el clamor transversal de diversos sectores y actores, que han llevado y llevan aún al tope la bandera de la regionalización.
Somos muchos los que pensamos que lo mejor que le puede ocurrir al país es transitar hacia un desarrollo más armónico, a través de una descentralización efectiva, otorgándole a las regiones mayores facultades políticas y administrativas y un manejo más autónomo en la asignación de recursos, entre otras atribuciones.
Pareciera que hoy el viento está cambiando y el escenario fuera otro. Uno de los capítulos del programa ofrecido a la ciudadanía por el conglomerado gobernante dice 'Necesitamos el aporte de las regiones. Necesitamos cerrar las grandes diferencias de bienestar entre regiones y comunas de Chile. Si no lo hacemos, no alcanzaremos un desarrollo inclusivo'.
El primer paso se ha concretado con la creación de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, compuesta por expertos de diversas sensibilidades políticas, en la cual nuestra región está representada por el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, quien la dirige, y el exsenador Carlos Cantero. Sin duda que esta iniciativa, es una señal tangible de la voluntad gubernamental por dar pasos concretos respecto de superar los desequilibrios, que el exacerbado centralismo provoca para quienes vivimos en regiones.
La Bancada Regionalista de la Cámara de Diputados y la Comisión por la Descentralización del Senado, son iniciativas complementarias e independientes de la instancia generada por el ejecutivo y, por cierto, tendrán una participación relevante a la hora de convertir en leyes de la República, las propuestas que el ejecutivo les envíe luego de recibirlas de la comisión asesora presidencial.
El exintendente de Los Ríos, Juan Andrés Varas, integrante también de la comisión afirmó que 'la potencia del reclamo regionalista es extremadamente fuerte'. Si todos los astros se alinean, estaríamos ad portas de un camino sin retorno, ojalá sea así.
'Los medicamentos subirán en 30% por una ley que despreocupó la salud'.
'Empezar la reforma por los colegios subvencionados fue un tema ideológico'.