El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, dio detalles ayer de la llamada 'Operación Mascarada', que fue llevada a cabo por personal de la Policía de Investigaciones y que terminó con el decomiso de 2,4 toneladas de pasta base de cocaína y marihuana.

'Ya el día viernes habíamos estado en Investigaciones, en otra incautación muy importante, cercana a los 1.200 kilos y hoy, nuevamente Investigaciones, ha dado un golpe duro al narcotráfico, un nuevo golpe a estas organizaciones criminales, de la mano del Ministerio Público, bajo la coordinación de la investigación del Ministerio Público', dijo el secretario de Estado.

Peñailillo informó que con los decomisos que van en este año ya se ha alcanzado lo incautado en todo 2013, que cifró en torno a las 20 toneladas. El titular de Interior además llamó a la población a que 'coopere con las instituciones para cada día tener un mejor trabajo'.

El director general subrogante de la PDI, prefecto general Juan Hernández, señaló que esta es la 'segunda incautación más importante de los últimos 10 años. Cerca de 2,5 toneladas de droga, equivalente a más de 10 millones de dosis'.

Según se ha podido establecer la droga venía desde Bolivia y era almacenada en la región de Coquimbo. El viernes la PDI realizó el decomiso de 2,4 toneladas de cocaína base y marihuana a la altura de la ciudad de Pichidangui, que viajaban a Santiago en un minibús desde Calama.

El subsecretario Mahmud Aleuy anunció ayer que los propietarios de bancos cuyos cajeros automáticos resulten con daños por detonaciones de artefactos explosivos, serán sancionados con el pago de multas.

La autoridad de Gobierno informó que aquellas entidades financieras afectadas por bombazos o por explosiones por saturación por gas podrían llegar a pagar multas por $ 40 millones. 'Nosotros hemos establecido que 'cajero detonado es cajero multado' y por lo tanto cualquier cajero que se detone en Chile se va a multar al banco correspondiente', afirmó Aleuy.

El subsecretario explicó que la medida se aplicará porque si los bancos cumplieran con la normativa acordada entre el Gobierno, Carabineros y la banca, esos dispositivos no debieran sufrir el robo de las gavetas con dinero. 'Si un banco cumple con la normativa de seguridad que hemos concordado con ellos mismos (...) no debieran robárselos', dijo Aleuy.

El alto personero de La Moneda además señaló que al 31 de agosto 2.850 cajeros automáticos ya debían contar con las nuevas medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y que a contar de ayer, un día después del plazo acordado, la policía uniformada comenzaría a fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

El subsecretario agregó que la idea es que al 31 de diciembre un total de 5.347 dispensadores de dinero cuenten con las medidas de seguridad de la nueva normativa, lo que además tendrá que ser fiscalizado por Carabineros.

El anuncio de Interior llega luego de que el subsecretario de la cartera sostuviera una reunión con una comisión de Carabineros en la que se le entregó un informe sobre la situación actual de los delitos en contra de los cajeros automáticos.

La situación de Brinks

El subsecretario del Interior además se refirió ayer a la situación que enfrenta la empresa de transporte de valores Brinks, que fue afectada por el robo de $ 6 mil millones en la losa del aeropuerto de Santiago el pasado martes 12 de agosto.

La autoridad informó que Carabineros ha cursado 100 infracciones a la compañía en el último periodo, por cometer infracciones y no cumplir con la normativa establecida en el transporte de dinero, por lo que podrían enfrentar una reducción en sus operaciones como consecuencia.

'Por ello la decisión que hemos tomado es que a partir del 1 de octubre, si la empresa no regulariza el conjunto de observaciones que se le han hecho, van a reducir sus operaciones en 30%', anunció Aleuy.

El subsecretario apuntó que la disminución en las operaciones sería a nivel nacional y que se le solicitará a Carabineros un informe de todas las empresas que transporten valores en camiones blindados.