El senador Pedro Araya respondió a las críticas del exdiputado UDI Manuel Rojas, luego que éste dijera que acudir a la Ocde para reclamar por el 'caso galpón' no cambiaría el visto bueno que la Corte Suprema dio al proyecto. Araya también descartó la 'sugerencia' de negociar el voto a la reforma tributaria a cambio de intervención presidencial.
El emplazamiento del exparlamentario llegó luego que los senadores Araya y Alejandro Guillier anunciaran la presentación de un reclamo al Punto Nacional de Contacto de la Ocde. La idea surgió después que el máximo tribunal del país repusiera los permisos de construcción del galpón de ATI que la Corte de Apelaciones de la región había paralizado.
Tras la 'luz verde' para que las obras continuaran, ambos senadores por Antofagasta comenzaron a preparar los antecedentes del proyecto que involucra a las empresas ATI, FCAB y Sierra Gorda SCM.
mediación
Con esto pretenden demostrar que la iniciativa minera no respeta algunos principios básicos que la organización de cooperación promueve para empresas internacionales. La crítica de Rojas apuntaba a que si ya hay una resolución judicial, la Ocde no podría intervenir y daría el tema por cerrado.
'La Ocde nunca ha sido un tribunal de justicia, por lo tanto el razonamiento de Manuel (Rojas) parte de un error', manifestó Araya. Lo que hace, agregó, es buscar la mediación entre partes en conflicto.
El senador precisó que si las directrices (criterios medioambientales) de la organización no se cumplen, ésta elabora un ránking de cumplimiento que es presentado en la reunión anual que sostienen sus países asociados.
Araya aclaró que se trata de una vía que nada tiene que ver con lo judicial, ya que 'esta es una denuncia internacional hacia empresas. La Ocde puede resolver cuando estima que el caso es de interés público y se reúnen los requisitos para ello'.
El parlamentario independiente detalló que el 2 de septiembre entregará la solicitud de intervención a la organización. Luego hay un plazo de hasta 60 días para estudiar la denuncia, proceso en el que podrían solicitar más información a quienes piden que se intervenga el proyecto.
Si la Ocde llega a la convicción de que el hecho denunciado vulnera sus directrices, inicia un procedimiento de notificación a las empresas denunciadas para fijar un plazo y que puedan realizar sus descargos.
En caso de llegar a esta instancia, Araya puntualizó que habría algo similar a un comparendo entre denunciantes y denunciados, para que logren alcanzar un acuerdo.
Lo que desean conseguir con esto, añadió, es que la empresa haga el estudio de impacto ambiental completo, sin fraccionar el proyecto.
'Queremos que se cumpla con la legislación interna, con el impacto vial que significará el mayor tránsito de trenes y camiones para trasladar el concentrado de cobre al puerto', aseguró el senador.
Este es el punto más importante en el planteamiento de los parlamentarios, ya que explican que si las empresas dicen tener un fuerte compromiso social con la ciudad, e incluso participan en el plan Creo Antofagasta, deben sentarse a conversar para encontrar una solución.
compromiso
Junto con detallar que con un reclamo en la Ocde no se conseguiría nada, Manuel Rojas emplazó a los senadores a que negociaran con la Presidenta Bachelet los votos de la reforma tributaria para que intervenga el proyecto minero. 'No hay que mezclar los temas, yo tengo un compromiso en aprobar la reforma para conseguir los recursos que necesita la educación', afirmó Araya.
Sobre el ejemplo de la termoeléctrica Barrancones que citó el exdiputado UDI, el senador dijo que lo ocurrido en la Tercera Región y que paralizó el gobierno de Piñera, fue porque el proyecto tenía trámites pendientes que permitieron su rechazo.
