Fuertes críticas de parte de los concejales tiene el sistema de televigilancia instalado en la Tercera Comisaría de Carabineros y que funciona con recursos municipales, bajo el mando de la gobernación provincial.

Un total de 31 cámaras están instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, sin embargo, no siempre están todas operativas y los operadores sólo pueden tener unas pocas a la vista. El sistema cuenta con una memoria que guarda hasta por 27 días, todo lo que las cámaras registran.

El concejal Jaime Araya, sostuvo que desde hace varios meses se están recibiendo de manera religiosa oficios de la gobernación dando cuenta del déficit económico que mantiene el municipio con el sistema.

'No hay una actitud colaborativa del municipio con la gobernadora Fabiola Rivero, esto evidentemente y se explica por la postura de la alcaldesa Karen Rojo frente al gobierno', dijo.

La visión de Araya es crítica respecto de las cámaras, principalmente porque desde su perspectiva deben ser sólo una parte de la estrategia en materia de seguridad.

'Esta era 'la gran solución' al tema de la delincuencia y siguiendo el tema de cómo evoluciona la seguridad en la ciudad uno se da cuenta que donde hay cámaras, es donde hay menos procedimientos policiales efectivos y que corresponde a las zonas donde se comete el mayor número de delitos', aseguró Araya.

La gobernadora de Antofagasta, Fabiola Rivero sostuvo que 'la utilidad de las cámaras es importantísima y basados en el mandato de 'Seguridad para todos' de la Presidenta Michelle Bachelet, estos sistemas deben aumentar'.

Rivero adelantó que la gobernación está preparando un proyecto para ser presentado al 2% de seguridad ciudadana del FNDR, que pretende ampliar el sistema actual. Este plan incluye actualizar algunos equipos y mejorar su tecnología; también se busca implementar más cámaras.

De todas formas, reconoció que existen inconvenientes. Dijo que una vez que asumió el actual gobierno se reunió con la alcaldesa Karen Rojo y ella comprometió su apoyo para la entrega de dineros para la televigilancia, pero de todas formas hay una demora en el traspaso de los montos.

La gobernadora asegura que los procedimientos y las detenciones han demostrado un aumento en un 140% por la utilización de las cámaras, situación que ha sido informada periódicamente a los ediles de la comuna.

El concejal Gonzalo Santolaya, planteó que lo importante es que el tema pueda ser subsanado a la brevedad. 'Más allá de este 'pinponeo' entre la alcaldesa y la gobernadora, creo que la municipalidad tiene que asumir lo que le corresponde, que es hacerse cargo de las personas que trabajan en el sistema y hacer las transferencias que sean necesaria'.

'Lo que comenzó como un buen proyecto se ha ido disipando en el tiempo', planteó por su parte, el concejal Félix Acori, quien dijo que ya no existe respeto por estos dispositivos instalados y lo único que hacen es que la delincuencia se traslade a lugares que no están vigilados. Acori planteó que este sistema 'debería quedar necesariamente en manos del Gobierno Regional, porque en ellos recae la materia de la seguridad y no en el municipio'.

La concejala Doris Navarro, sostuvo, que 'los problemas este año empezaron con un mal presupuesto para cubrir los gastos de estas cámaras, porque si bien hay algunas que están en malas condiciones, la gobernación trabaja para revertir esa situación'.

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