El primer paso para construir un reclamo contra las empresas Sierra Gorda SCM, ATI y FCAB por supuesta vulneración de líneas directrices de la Ocde, dieron ayer los senadores Pedro Araya y Alejandro Guillier.
Ambos parlamentarios, junto al concejal Jaime Araya, acudieron al Punto Nacional de Contacto (PNC) que posee en el organismo en Chile (piso 12 del edificio de la Cancillería) para suministrar los antecedentes iniciales del caso y programar la fecha de entrega formal del expediente completo, trámite que quedó programado para el martes 2 de septiembre.
Lo que plantean los políticos es que en el desarrollo del proyecto de traslado, acopio y embarque de concentrado de cobre que desarrollan las tres empresas, no se respetaron al menos diez principios básicos (líneas directrices) que promueve la Ocde para compañías transnacionales.
Las presuntas vulneraciones dicen relación, principalmente, con criterios medioambientales, derechos humanos, publicidad de la información, comercio justo, transporte multimodal, entre otros.
MEDIACIÓN
Una vez que el PNC reciba todos los datos (el 2 de septiembre), los evaluará y si determina que requieren un análisis más detenido, pedirá las asesorías y los antecedentes que hagan falta.
En teoría, este proceso debería conducir a un acuerdo entre las partes para dar solución a la controversia, el cual debe ser luego informado al Comité de Inversiones de la Ocde.
El senador Pedro Araya explicó que la presentación es el paso inicial de un camino que busca demostrar que tanto Sierra Gorda SCM, como ATI y el FCAB, se alejaron de los principios rectores de la Ocde en materias comerciales.
Araya sostuvo que el proyecto minero fue modificado y fraccionado para abaratar sus costos y saltarse los procesos de evaluación ambiental y participación ciudadana.
No hay que olvidar que en un principio Minera Sierra Gorda era el único titular de un proyecto para exportar concentrado de cobre a través de un mineroducto por Mejillones, iniciativa que luego es dividida de manera tal que el FCAB asume el transporte y ATI el acopio y embarque, que ahora se realizará por Antofagasta.
'La Ocde plantea ciertas normas básicas que las empresas deben cumplir cuando desarrollan inversiones y en este caso estimamos que varias de ellas fueron violadas por el proyecto que encabeza Sierra Gorda', explicó el senador.
Si bien la presentación no podría derivar en una paralización del proyecto, que ya fue aprobado por la Corte Suprema, Araya dijo que si se comprueban las vulneraciones, la calificación de las empresas titulares en términos de sus parámetros Ocde se verá afectada, lo que podría tener consecuencias en futuros negocios.
PUERTO
Alejandro Guillier manifestó que en este caso la decisión es usar 'todos los recursos que existen' para hacer frente a un proyecto que se diseñó 'de espaldas a la comunidad'.
Recordó que el Puerto de Antofagasta estaba destinado al desarrollo de un proyecto económico 'no agresivo y favorable para la calidad de vida', mientras que Mejillones pasaba a consolidarse como el terminal de embarque para las cargas de la minería.
El periodista dijo que el proyecto de Sierra Gorda SCM, ATI y FCAB invierte esa política de desarrollo e implica para la ciudad más contaminación, congestión e inseguridad.
Guillier explicó que lo que vuelve más preocupante el caso es que el propio Directorio de la Empresa Portuaria Antofagasta (EPA), se sumó a este giro, con iniciativas como la ampliación en 300 metros de su límite sur o sus planes para el sector La Chimba.
'Alguien nos cambió el destino que tenía el puerto sin siquiera consultarlo con la comunidad, eso nos parece grave', señaló el parlamentario.
