El último informe del Observatorio de Inversión elaborado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) evidenció un fuerte freno de los proyectos privados en el país por distintos obstáculos que han debido enfrentar las empresas de forma indirecta.

Las tres regiones con mayores niveles de inversión detenida son Atacama, Coquimbo y Valparaíso, las que en su conjunto totalizan US$50.894 millones, cifra que equivale al 69,7% del total inmovilizado.

En el caso de la Región de Antofagasta, por el momento, se identifica sólo un proyecto paralizado, la Central Termoeléctrica Illapa en Mejillones, inversión que alcanza los US$150 millones.

En total, hay 44 iniciativas afectadas, que en su conjunto representan unos US$73.025 millones de capitales sin ejecutar.

Minería

Los proyectos que enfrentan diferentes dificultades para su realización se concentran principalmente en los dos sectores de mayor dinamismo en los últimos años: minería y energía. En el primer caso, las obras afectadas totalizaron 14 iniciativas, con una inversión de US$44.773 millones, cifra que representa el 61,3% de los montos totales que aparecen en el catastro.

Las inversiones asociadas al sector energético son 26 y suman US$27.332 millones, equivalentes al 37,4% de los recursos retenidos.

En la industria minera es posible observar que los proyectos en estado de 'postergado' totalizan ocho iniciativas. También se registran cuatro obras 'paralizadas' y dos 'desistidas'.

El proyecto que involucra más recursos en este sector y que aparece como postergado en el catastro de la Sofofa es la ampliación IV de Minera Los Pelambres perteneciente al grupo Antofagasta Minerals. Su construcción duplicaría la producción actual de la compañía y estaría aplazada en tres o cuatro años. La decisión involucra unos US$10.000 millones.

Factores

Según la Sofofa, uno de los gremios empresariales más importantes del país, las causas principales del freno en la inversión es producto de la judicialización de las iniciativas, la escasez energética, 'incerteza' jurídica y la regulación ambiental.

La judicialización es la dificultad que se presenta con mayor frecuencia en la detención de los proyectos y es el factor que concentra la mayor cantidad de recursos. En este grupo se contabilizaron 20 iniciativas por US$23.513 millones, monto que representa el 32,2% de la inversión detenida.

Entre ellos está Cerro Casale (US$6.000 millones), Central Castilla (US$5.000 millones), proyecto El Morro (US$3.900 millones) y Central Termoeléctrica Punta Alcalde (US$1.400 millones), los cuales, pese a contar con su 'aprobación ambiental', trasladaron su desarrollo a tribunales.