Un grupo de dirigentes de varias ramas de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) expresó temores ante las nuevas atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y un posible aumento en la fiscalización frente a las firmas de mayor tamaño.
Esta supuesta asimetría en la fiscalización, según los dirigentes, perjudicaría a los gremios de Conapyme frente a las compañías de mayor tamaño, las que -según ellos- incumplen en mayor proporción la Ley del Consumidor.
ente sancionador
Rafael Cumsille, presidente de Conapyme, afirmó que el problema de las reformas al Sernac es que 'es poco serio que un organismo que quiere ser fiscalizador y ministro de fe, sea el mismo que sanciona'.
'Los mejores derechos de los consumidores están protegidos por nosotros porque perder un cliente nos afecta mucho', agregó Cumsille.
El presidente de la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), Marcelo Alonso, aseguró que las mipymes no tienen problemas con el Sernac porque 'siempre respondemos rápidamente a nuestros consumidores. Si está mala la torta, la cambiamos'.
El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, sostuvo que 'nos vamos a fijar en las áreas donde no está funcionando la fiscalización actual' y pidió 'tranquilidad a las pequeñas y medianas empresas que respetan al consumidor'.
Según Muñoz, el proyecto de ley 'tendrá un impacto positivo'. 'Este proyecto de ley lo que busca no es judicializar, no es aplicar multas de manera masiva, sino que busca encontrar de manera masiva soluciones para los consumidores', aseguró el titular del Sernac.
'Nos falta mucho para tener una política de protección al consumidor que sea construida por todos los actores', agregó.
El Gobierno planteó modificar el ordenamiento del Sernac y, entre otras medidas, aumentar el presupuesto desde los actuales US$15 millones a US$40 millones.
Se sumarán nuevas atribuciones para los directores regionales, quienes podrán resolver procedimientos administrativos sancionatorios en el caso de que se configuren infracciones al consumidor. La nueva normativa aumentaría hasta 10 veces las multas por infracciones a las normas de protección al consumidor, que podrían llegar hasta 3.000 UTM ($126 millones).
