La posición en que se encuentra la Empresa Portuaria Antofagasta (EPA) desde que se conoció que entre 2011 y 2013 tramitó y obtuvo permiso para ampliar su límite 300 metros más al sur, se ha ido haciendo más incómoda con el correr de los días.

El miércoles el gerente general de la empresa, Carlos Escobar, fue convocado al municipio para explicar los planes de la estatal, debiendo enfrentar las críticas de los concejales Jaime Araya y Roddiam Aguirre, además de otros actores que se oponen a nuevos desarrollos en el sector.

Ayer, en tanto, y por el mismo tema, sesionó en Antofagasta el Directorio de la EPA, encabezado por su presidente, Fernando Fuentes.

A la cita asistió también el intendente Valentín Volta y el seremi de Transportes, Waldo Valderrama, quienes frente a las reacciones que generó el tema en la opinión pública, decidieron involucrarse.

CONSEJO

El acuerdo adoptado durante la reunión fue radicar el debate respecto al desarrollo del terminal al interior del Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, que en Antofagasta no está constituido.

Valentín Volta explicó que la medida garantiza una discusión más transparente y participativa sobre los proyectos específicos que se ejecutarán en el sector, los cuales, según el intendente y la propia empresa, pueden ser de diversa índole.

'Hay un decreto que autoriza un desarrollo portuario en distintas áreas. No existe un proyecto específico como se ha estado comentando, pese a que en el decreto se expresan algunas ideas. Por eso lo que hemos acordado ahora es que esos desarrollos particulares serán parte del trabajo que realizará este consejo', afirmó Valentín Volta.

Hasta ahora EPA se ha defendido de las críticas asegurando que el decreto del Ministerio de Transportes que autoriza su expansión hacia el sur (el N°164 de octubre de 2013) permite distintos tipos de desarrollo, incluso comercial, como ya lo hizo con la concesión a Mall Plaza el año 2006.

Sin embargo, la documentación usada por la compañía para avalar su petición y la que continuó emitiendo con posterioridad (por ejemplo, oficio enviado a la Cámara de Diputados en mayo de este año) indica que el puerto debe expandirse para mejorar sus capacidades de transferencia de carga, principalmente minera.

APERTURA

Sobre el tema, el presidente del Directorio de la EPA, Fernando Fuentes, dijo desconocer lo que se haya pensado o diseñado antes de su llegada al cargo (hace sólo dos meses) y que al menos en todas las reuniones de Directorio que él ha dirigido, la política siempre ha sido de 'apertura a todas las posibilidades'.

'Yo no puedo hacerme responsable de lo que se decía el año 2012 ó 2013 (...) Si alguien tiene buenas ideas, las vamos a considerar', manifestó.

REUNIÓN

El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto existe en todas las comunas que tienen terminales marítimos, pero en Antofagasta no está activo.

De hecho, la última vez que se constituyó fue el año 2004, precisamente para coordinar las tareas de la Costanera Central y el inicio de las obras de Mall Plaza Antofagasta en terrenos pertenecientes a la EPA.

Volta indicó que entre los integrantes de este consejo estarán el Gobierno Regional, EPA, Seremi de Transportes, municipio y 'otras instituciones y organizaciones con interés en el tema portuario'.

La primera reunión quedó agendada para el lunes 4 de agosto, con presencia de los integrantes titulares (se acordó no enviar 'delegados').

Desconfianza

El arquitecto Emile Ugarte señaló que la decisión de llevar el debate al interior del Consejo Ciudad-Puerto tiene un objetivo 'cosmético' y manifestó desconfianza respecto al tipo de solución que saldrá desde esa instancia.

Por su parte, el concejal Jaime Araya valoró que el intendente haya marcado un 'punto de distanciamiento' con las decisiones que se tomaron el gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, pero manifestó que la discusión no tiene que ser qué uso se da a los 300 metros lineales autorizados al puerto, sino dónde estará el terminal industrial-minero que necesita la región.

6,8

10,4

El Tribunal de Contratación Pública (TCP) acogió a trámite el reclamo presentado por la empresa Proactiva Servicios Urbanos tras la fallida licitación del relleno sanitario Chaqueta Blanca y solicitó al municipio informar sobre el proceso desarrollado.

Proactiva acudió al TCP pidiendo dejar sin efecto el decreto alcaldicio que declaró sin ganadores la propuesta, 'retrotrayendo el procedimiento administrativo de contratación al estado de efectuar la evaluación de las ofertas presentadas' y continuando su desarrollo 'con estricta sujeción a la ley y a las bases del concurso'.

De esta manera, la compañía espera que su oferta por el relleno sea reexaminada por el municipio, pase a la etapa de evaluación operacional y eventualmente sea adjudicada.

INFORMES

En su primera actuación el TCP otorga al municipio un plazo de diez días para aportar todos los elementos y documentos sobre el asunto que motivó el reclamo, en especial copia del informe de evaluación técnica y el informe de la comisión de propuesta.

El abogado de Proactiva, Pedro Aylwin, dijo que el fallo del TCP podría conocerse en un mes, aunque dicha resolución puede ser reclamada ante la Corte de Apelaciones, situación que dilataría la decisión definitiva.