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Caso Aliro es el único homicidio del 'sistema antiguo' que sigue abierto

justicia. Investigación por muerte ocurrida el año 2001 aún tiene diligencias pendientes.

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A trece años de ocurridos los hechos, la desaparición y muerte del empresario Aliro Álvarez Armijo sigue figurando en los registros del Poder Judicial como una causa abierta y con diligencias pendientes.

De hecho, este misterioso caso es hoy la única investigación por homicidio del 'sistema antiguo' (anterior a la Reforma Procesal Penal) que continúa vigente en la región, aunque las posibilidades reales de ubicar a sus responsables sin duda son mínimas.

Aliro Álvarez desapareció la noche del 13 de julio de 2001 desde el centro de Antofagasta y no se volvió a saber de él hasta el 15 de diciembre de 2005, cuando un recolector de chatarra encontró sus restos en el sector Roca Roja.

Peritajes al cuerpo establecieron que la muerte se produjo debido a dos impactos de bala en la cabeza, percutados a corta distancia y en un ángulo descendente, como si el joven contador y experto en computación hubiese estado arrodillado y dando la espalda a sus asesinos.

'ELUCUBRACIONES'

El presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Óscar Clavería, dijo que en este caso, que en algún momento estuvo en sus manos, se hicieron 'todas las diligencias posibles', pero que los datos disponibles eran demasiado vagos para conseguir mejores resultados iniciales.

'Era imposible tomar decisiones en base a los antecedentes existentes. Sólo eran elucubraciones', recuerda.

En efecto, el caso fue complejo desde un comienzo, por la ausencia de un cuerpo y la gran cantidad de pistas distintas que manejaron los equipos investigadores.

El expediente del crimen consigna allanamientos en un edificio de la Coviefi, pesquisas en Calama y en otras ciudades del país, y también varios datos falsos o bromas que distrajeron los esfuerzos policiales.

Incluso una persona fue procesada a fines de 2001 por llamar a la familia para intentar sacarle dinero asegurando conocer el paradero del joven.

Ni siquiera el retorno forzado al país el año 2007 del socio de Aliro, Israel Álvarez Tapia ayudó a esclarecer la verdad en este caso.

Por lo que se conoce, Álvarez Tapia fue el último en ver con vida a Aliro y tras su desaparición, el sujeto abandonó todo (incluidos sus negocios) y se estableció en Ecuador.

Dicho comportamiento lo transformó en blanco de las sospechas de la familia y de la misma justicia, que tras su retorno al país lo procesó por el crimen, aunque posteriormente quedó libre por falta de pruebas.

RESULTADOS

El ministro Clavería descartó que a trece años de ocurrido el crimen la investigación siga abierta por motivos 'de imagen'.

'Los órganos jurisdiccionales no pueden ser mediáticos, no por el fondo ni por la forma, sino por la manera en que deben sustanciar el procedimiento', manifestó.

El magistrado evitó entregar un pronóstico sobre el resultado de las pesquisas que falta completar en la causa.

'Eso (el éxito de las diligencias) es algo que sólo puede responder la jueza que lleva la causa (Olaya Gahona, del Tercer Juzgado) y nunca lo va a decir en términos públicos, sólo mediante resoluciones', enfatizó.

Clavería señaló, sin embargo, que si actualmente no existe una 'encargatoria de reo' (el equivalente antiguo a una acusación), significa que no hay antecedentes para probar un delito o para justificar la participación de alguna persona en el mismo.

Consultado por el efecto que éste y otros casos donde no se conocen culpables pueden tener en el 'clima social', el presidente de la Corte de Apelaciones indicó que más del 95% de los delitos que se cometen en toda sociedad nunca son descubiertos.

'Está claro en todas las sociedades democráticas que la capacidad que tienen los órganos persecutores de hacer efectiva la responsabilidad penal es mínima. Lo óptimo es un 7%, y de ese porcentaje se logra la mitad de las condenas. Así y todo, en esta región eso significa más de mil condenados al año', subrayó.

SUMARIOS

La autoridad judicial restó dramatismo a la posibilidad que el homicidio pueda cerrarse sin culpables y recordó que la investigación ya se archivó una vez y fue reabierta por nuevos antecedentes (el hallazgo del cuerpo en 2005).

'Los sumarios se reabren mientras no haya una sentencia definitiva en cuanto al delito y a la participación en ellos, incluso pueden pasar 20 ó 30 años, porque podemos estar frente a delitos imprescriptibles como pasa en las causas de derechos humanos. Los homicidios van a prescribir, como tienen pena de crimen, a partir de los 10 años, pero hay algunos que prescriben después de los 15 años y otros son imprescriptibles', aseguró el magistrado.

Parlamentarios discrepan por decisión de no adjudicar relleno

basura. Guillier apoya, pero Hernando y Araya son críticos.

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Mientras el senador Alejandro Guillier justificó la decisión de declarar inadmisibles las ofertas por el relleno sanitario Chaqueta Blanca y pidió 'no cuestionar a los equipos técnicos', sus colegas de la Nueva Mayoría Marcela Hernando y Pedro Araya criticaron el resultado.

La diputada Hernando comentó que el daño que provoca a la ciudad el dejar la licitación sin ganadores es demasiado importante para pasarlo por alto, sobre todo si existieron informes que advertían que algunas empresas podrían haber calificado.

Hernando, quien como alcaldesa tuvo a su cargo la elaboración de las bases del proyecto, destacó que éstas fueron revisadas por la Fiscalía Nacional Económica y luego corregidas en aspectos muy puntuales por la actual administración.

'Licitaron con las bases modificadas por ellos, por lo tanto no me vengan a decir a mí que el problema estaba en las bases', manifestó.

RECURSOS

La exalcaldesa explicó que el problema de postergar el proyecto radica en que los costos aumentan y los recursos asignados por la Subdere ($4 mil millones) podrían terminar siendo insuficientes.

El senador Pedro Araya, en tanto, dijo que lo sucedido es un 'bochorno' para la ciudad, que deberá seguir conviviendo, 'nadie sabe por cuánto tiempo', con el basural La Chimba.

Araya comentó que le llaman la atención las discordancias que se observan entre los informes entregados por las direcciones de Control y Jurídica del municipio respecto a la decisión de no adjudicar.

La posición de Hernando y Araya contrasta con la sumida por Alejandro Guillier, quien apoyó la medida aduciendo que las empresas deben asegurar buenos proyectos.