Es indudable que la reforma tributaria logró un avance importante y todo parece encaminado hacia la consecución de un proyecto emblemático para la actual administración.
En términos sencillos el gobierno ha dicho que para alcanzar un 'desarrollo inclusivo', Chile necesita hacer transformaciones que representarán un incremento en el gasto público y para contar con los ingresos permanentes que lo permitirán, se requiere de una reforma tributaria que asegure la sustentabilidad fiscal.
El ejecutivo ha dicho que la reforma permitirá recaudar 8.200 millones de dólares, mediante mecanismos vinculados con el mejoramiento de la elusión y mayor pago impositivo de algunos rubros.
Antes de entrar en el punto deben comentarse aspectos de fondo relacionadas con sólo algunos supuestos básicos de la transformación, como por ejemplo, la premisa de un crecimiento económico de 4%.
Distintos estamentos ya han advertido una desaceleración y un consecuencial retroceso en ese margen para el país.
En la práctica, un punto de crecimiento menos o más son varios cientos de millones de dólares, de modo que el indicador es sumamente relevante.
Aún así, el ministro de Hacienda refrendó que se cumplirán los objetivos propuestos y que son fundamentales para el cumplimiento del programa de la Presidenta Michelle Bachelet.
Mas, para las regiones, resulta lamentable que nuevamente una transformación de este tipo no considere ningún aspecto ni mínimo, ni menos sustantivo que vaya en directo beneficio de las provincias.
La situación de Antofagasta, y en general del Norte Grande, es paradigmática al respecto. Se trata de la región que más aporta con la minería, un recurso no renovable, pero que recibe muy poco a cambio.
Nuevamente se esfuma la posibilidad de recaudar algún tipo de tributo a nivel local, cuestión que resulta prioritaria para mejorar nuestros indicadores y niveles de sustentabilidad.
Algún mínimo grado de descentralización financiera es requisito relevante para alcanzar objetivos mínimos y esa oportunidad se está escabullendo.