Instancias superiores tendrán que pronunciarse sobre la decisión municipal de no adjudicar la licitación por el diseño, construcción y operación del relleno sanitario Chaqueta Blanca.
Esto, porque una de las cinco empresas cuya oferta fue desechada confirmó acciones posteriores, ya sea ante el Tribunal de Compras Públicas (TCP), que es el órgano que vigila la transparencia y legalidad de los procesos licitatorios, o bien ante otros organismos.
Se trata de Proactiva Servicios Urbanos, firma que ya entregó los antecedentes del caso a un equipo de abogados expertos que dentro de esta semana deben recomendar la vía más expedita para oponerse a la decisión de la municipalidad.
'Ese es un tema que se está analizando, que se está trabajando en este momento y que tendremos definido próximamente, porque los plazos son acotados, pero sí, le puedo confirmar que vamos a tomar medidas y que vamos a reclamar', manifestó Elier González, gerente general de la empresa.
PUNTAJES
Proactiva es la compañía que mejor resultado obtuvo durante la etapa de evaluación de los criterios técnicos, económicos y administrativos de las ofertas, con 83,3 puntos, aunque requería a lo menos 85 para avanzar a la siguiente etapa.
Además, es una de las tres compañías respecto de las cuales la Dirección de Control del municipio se pronunció pidiendo la reevaluación de ciertos aspecto de su propuesta.
González dijo que la acción, que lo más seguro es que se interponga ante el TCP, obedece que la compañía estima que no se realizó una correcta evaluación de la oferta presentada.
'La conclusión (puntaje) no es la que esperábamos ni la que considerábamos que era la correcta', comentó el ejecutivo.
ESTUDIO
Mientras Proactiva ya prepara la presentación de acciones judiciales, Hidronor, KDM y Consorcio Santa Marta habrían descartado esta posibilidad.
Girsa, en tanto, que es la quinta y última empresa que postuló al proyecto, se tomará lo que resta de la semana para adoptar una decisión final.
Jorge Prieto, country manager de Stericycle, controladora de Girsa, explicó que si bien la forma en que se cerró el proceso 'no convenció a nadie', esperarán a recibir los informes jurídicos del caso para definir un rumbo más preciso.
Girsa fue la segunda empresa mejor posicionada en la etapa de evaluación técnica, administrativa y económica, con 82,5 puntos, pero en su caso tanto la comisión técnica como la Dirección de Control del municipio estuvieron de acuerdo en que su oferta estaba fuera de bases.
La presentación de un reclamo ante el Tribunal de Compras Públicas podría tener consecuencias en el nuevo proceso licitatorio que pretende realizar el municipio.
Lo anterior porque, según establece el artículo N° 25 de la Ley de Compras Públicas, acogida a tramitación una impugnación, 'el tribunal podrá decretar, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento administrativo en el que recae la acción', es decir, tiene facultades para paralizar el segundo llamado.
Más complejo podría ser el escenario si alguna empresa opta, por ejemplo, por un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.
De hecho, hay quienes recuerdan lo sucedido con los proyectos del FCAB, ATI y Minera Sierra Gorda para el acopio, traslado y embarque de concentrado de cobre, los cuales llevan meses detenidos a la espera de un fallo definitivo sobre un recurso de este tipo.
Reunión
En este escenario, ayer autoridades municipales sostuvieron una reunión con representantes de las empresas para explicarles la decisión adoptada e intentar disipar el peligro de reclamos judiciales.
En la reunión estuvieron presentes el administrador municipal, Rodolfo Gómez, el abogado Mauricio Peldoza, el director de Obras, Juan Gálvez, y la alcaldesa Karen Rojo, quien, según versiones extraoficiales, pidió a las compañías 'no irse en mala'.
En las próximas horas, en tanto, podría concretarse una presentación en Contraloría por parte de un grupo de concejales que interpretan que hace falta dilucidar el panorama de la licitación del esperado relleno sanitario de la ciudad.
