En la actualidad existe un consenso político para poner fin al espurio sistema binominal, sin embargo, se están dando distintas posturas respecto a su reemplazo: desde el mayoritario a una vuelta, que propone la UDI, hasta el proporcional - absurdamente llamado 'moderado' -.

Nada más difícil que cambiar el sistema electoral, pues es necesario un gran acuerdo o, lo que llamaba Ricardo Cruz-Coke, 'un golpe electoral', es decir, actuar por sorpresa y así dejar fuera de la línea de fuego a un sector del parlamento. El problema principal que surge para cambiar los sistemas electorales es el redistritaje, pues ninguno de los incumbentes está dispuesto, de buenas a primeras, que acorten o agranden su distrito, poniendo en riesgo su reelección.

El actual proyecto de ley sobre reforma del sistema electoral no carece de estas distorsiones, a lo cual hay que agregar que perjudica a los candidatos independientes, privilegiando las listas de partidos, con el riesgo evidente de una 'partidocracia' o, lo que es más grave, la reproducción de una oligarquía de castas.

El sistema matemático belga, de Víctor D´Hont, tiende a favorecer a los partidos mayoritarios en desmedro de los pequeños .

El cambio del sistema electoral sería incompleto si no lográramos corregir uno de los defectos centrales de nuestro sistema legislativo: no es lógico que un proyecto de ley tenga que pasar por dos Cámaras, que cumplen exactamente la misma función - alternativamente, una u otra son cámaras de origen y revisoras, respectivamente - lo cual hace muy lento el proceso de tramitación del proyecto de ley-.

El sistema bicameral tiene sentido en países de organización territorial federativa, pues la cámara alta representa, en este caso, a las regiones, estados y gobernaciones. En el caso de un Estado centralizado, como el chileno, el senado carece de sentido, pues ambas cámaras se basan en el mismo principio de representación territorial, con la sola diferencia de la duración del mandato - no existe lógica para que uno sea de ochos años y el otro de cuatro años, salvo la loca idea de atribuir a los diputados más inmadurez en las decisiones, una especie de 'pipiolos del siglo XIX' y, al senado, la sabiduría de la senectud -. De todas maneras, el solo hecho del cambio electoral, aunque de manera imperfecta, es un paso importante para dignificar la política.

Delitos como el reciente asesinato de un cabo de Carabineros, mientras realizaba la fiscalización a un vehículo en la capital incrementan la secuencia de funcionarios caídos en defensa de la seguridad.

En el programa de gobierno se reconoce a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la población, y se insiste sobre todo en la violencia de género y las drogas, y en la prevención, más que en la disuasión mediante penas. Las autoridades han planteado el aumento de la dotación de Carabineros en 6.000 plazas en 4 años, y de 1.200 en la Policía de Investigaciones, con una mayor descentralización y con el refuerzo de las estrategias policiales.

En el Congreso Nacional hay dos proyectos en trámite que buscan aumentar las sanciones por maltrato de palabra o agresión física a Carabineros, medidas que tienen precedentes en países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), donde incluso las amenazas a funcionarios son duramente castigadas. Ese es un tema que amerita un impulso adicional, tanto por la señal de valoración que entrega a la policía como para la disuasión de quienes pretendan agredir a sus miembros.

En forma paulatina se han restado atribuciones a los funcionarios encargados de la seguridad, mientras durante actos públicos son objeto de violencia, sabiendo que no pueden responder a ella, so pretexto de recibir sanciones o incluso ser relevados de sus funciones. El Plan Comunal de Seguridad que prevé llegar a un total de 74 comunas en 2016 es una iniciativa interesante, aunque de compleja ejecución, para diagnosticar mejor las distintas realidades locales y así enfrentarlas en forma más eficaz y eficiente.

Sin embargo, el combate a la delincuencia no pasa sólo por dotar de más recursos a las policías, sino que también por una legislación más severa, que no dé pie a interpretaciones. Mientras esta situación no cambie en el país, podrá seguir aumentando el gasto en seguridad pública, lo que sin duda es bueno, pero los efectos de la mayor inversión en esta materia no serán percibidos por las personas.

El gobierno concedió la medalla al mérito al caballero español, don José Eduardo Llanos, residente antiguo de Iquique, que fue quien, a raíz del combate del 21 de mayo de 1879 dio sepultura a los restos de Arturo Prat en esa ciudad.

El capitán de la Esmeralda fue el héroe de la ocasión.

Una demanda por indemnización y perjuicios por 898 millones de pesos presentó en contra del Municipio de Antofagasta, la empresa constructora Saima LTDA., por la supuesta deuda que mantiene por la construcción de la Plaza Sotomayor.