Mientras el país se concentraba en el juego entre Chile y Holanda por el Mundial de Brasil 2014, en el palacio de La Moneda, en Santiago, la Presidenta Michelle Bachelet firmaba en nuevo proyecto para dar vida a la 'Ley Emilia', que busca penas efectivas y más severas contra los conductores que guían sus vehículos en estado de ebriedad y más aún, si protagonizan accidentes que causen muertes o lesiones.

Este proyecto reemplazará uno anterior que fuera rechazado debido a los vacíos que dejaba respecto a las condenas efectivas para los infractores. Con la nueva iniciativa el escenario es distinto: un conductor ebrio podría quedar en prisión preventiva y pasar al menos un año en la cárcel. Además, en el caso de accidentes con lesiones o muertes el mínimo para una condena serán cinco años y se establece como 'delito calificado' en el caso que se registre la huida del lugar del accidente, la reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol o que el conductor involucrado sea un profesional de volante.

Como lo dijera la mandataria al firmar esta iniciativa legal, no es el caso 'ensañarse' con quienes tienen un comportamiento irresponsable en el tránsito, exponiendo su vida y loa de los demás, sino que se trata de establecer castigos efectivos y ejemplarizadores a quienes no asuman la seriedad que demanda el guiar un vehículo motorizado. La iniciativa nace luego de la muerte de la pequeña Emilia en enero de 2013, luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres, fuera impactado en la parte posterior por un furgón conducido por un hombre en estado de ebriedad.

Más allá de este emblemático caso que terminó denominando al proyecto de ley, muchos rincones de Chile han visto cómo la mezcla de alcohol y conducción ha cortado vidas de raíz, sumiendo a cuentos de familias en el dolor, en algunos casos, hasta quedar en la indefensión. Es por eso que se espera que esta ley sea prontamente tramitada y se convierta en un nuevo paso para disuadir y en últimos términos, condenar a quienes aún no entienden los efectos nefastos de conducir tras consumir bebidas alcohólicas.

El desarrollo territorial en nuestra Región se ha impedido por el actuar histórico del Ministerio de Bienes Nacionales, institución que en nuestra región maneja sobre el 70% del suelo y en el resto del país está a cargo de los archivos de las propiedades del Estado.

Su eficiencia se mide por los fondos que generan sus ventas, arriendos y concesiones de suelo, su actuar reduccionista la convierte en una simple 'caja recaudadora'.

En nuestros barrios industriales queda en evidencia esta política, sin agua potable, sin alcantarillado… sin ninguna condición de habitabilidad, paradójico en una región que exporta casi el 40% del total del país, y en ella se ubican las empresas transnacionales más importantes del mundo de producción y servicio a la minería.

Recientemente a espaldas de la comunidad regional, sin informar a las autoridades locales, licita por sistema de concesiones terrenos para la ubicación de grandes centrales termoeléctricas, pudiendo ser a gas o carbón, superiores a 350 MW, ubicadas en el litoral entre Mejillones y Tocopilla. El factor de adjudicación es la mayor renta concesional, con un mínimo de 15.000 UF anuales por 150 hectáreas, en un periodo de construcción y operación de 50 años.

En esta licitación no se hace diferencia por el tipo de combustible. El carbón es el más sucio de los combustibles fósiles. Las emisiones de CO2 de una central a carbón son el doble, en relación de una termoeléctrica a gas natural.

Tampoco se hace diferencia si la central térmica es de ciclo combinado (genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos turbinas a gas y vapor) y tiene un bajo consumo de agua de refrigeración; menos de un 95% con respecto a la de un solo ciclo y con mayor eficiencia energética.

Mejillones que se ubica en el desierto más árido del mundo, donde el agua es un elemento esencial para la sustentabilidad, es uno de los lugares donde existen más termoeléctricas del planeta. Estas para su funcionamiento necesitan desalar agua de mar, dando la oportunidad de entregar agua potable e industrial al puerto, pero la falta de compromiso con el desarrollo territorial y la no exigencia por parte de los gobiernos centrales, no lo hacen posible.

Los gobiernos regional y comunal deben manejar el suelo para lograr el desarrollo territorial.