Jaime Tolosa Leiva
Este es el gran 'frenazo' para el desarrollo inmobiliario de Antofagasta, producto del dictamen de Contraloría que ratifica el generado por el Minvu, sobre la limitación de construcciones en altura. Hecho que si bien tiene una aplicación administrativa correcta, deja en evidencia una vez más la obsolescencia de la única y más importante herramienta de planificación territorial que tiene la ciudad: su plano regulador.
diagnóstico. Atraso de la municipalidad en el plano regulador es crítico.
No menos de seis meses podría tardar la solución al problema que tienen las constructoras en Antofagasta para la presentación de nuevos proyectos en altura.
Esto luego de las observaciones que efectuó la Contraloría al plano regulador de la ciudad, lo que podría tratarse de un verdadero freno a la actividad inmobiliaria.
La Dirección de Obras Municipales congeló en marzo la entrega de permisos de construcción, tras la observación del Minvu, que generó el pronunciamiento del órgano contralor.
Entre los reglamentos que estaba aplicando el municipio, se incluía una norma urbanística derogada el 2004, llamada de frente predial mínimo.
La medida afecta al índice de constructibilidad de los terrenos de Antofagasta, lo que en otras palabras sólo permite construcciones de menos metros cuadrados, echando por tierra los proyectos de edificios, que estaban en pleno auge en la ciudad.
Al respecto, el intendente Valentín Volta, dijo que si bien este es un tema muy técnico y jurídico, la situación nace por la falta de la actualización del plano regulador de Antofagasta.
'Esa es una tarea que le compete exclusivamente a las municipalidades en todo el país de acuerdo a la ley orgánica, pero yo manifiesto mi preocupación de que no existe una actualización del plano regulador desde el año 1997', planteó Volta.
Desde la perspectiva de la autoridad, 'eso no es posible, porque no hay claridad no sólo respecto de las inversiones inmobiliarias, sino que también de una serie de servicios que requieren las ciudades'.
Ante ello, Volta planteó que el Servicio de Vivienda, la Subdere y el Gobierno Regional, están muy disponibles para poder colaborar, en que se inicie lo más pronto posible el proceso de actualización del plano regulador y para lo cual están dispuestos a prestar apoyo técnico y profesional.
Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción ya inició gestiones a nivel nacional ante el Ministerio de Vivienda, pues consideran que al menos 16 proyectos, que todavía no inician sus obras, se verían afectados.
Desde el punto de vista económico, este freno a la industria inmobiliaria, alcanzaría una cifra cercana a los $20 mil millones y no permitiría la generación de 2.400 empleos para trabajadores y profesionales de la construcción.
Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Mauricio Zamorano, sostuvo que 'toda solución parte por la voluntad que tenga la municipalidad de arreglar este tema y actualizar el plano regulador'.
Zamorano reconoció que todavía no se ha reunido con la alcaldesa Karen Rojo para resolver este problema. Pero sí aseguró que han enviado desde la Seremi una serie de documentos proponiendo trabajar en conjunto y resolver este tema.
'Consideramos nosotros que no sería oportuno hacer un cambio integral al plan regulador, sino que sólo a los artículos que afectan estos proyectos inmobiliarios, vale decir a los que inciden los índices de constructibilidad', dijo el seremi.
Sobre esa base, el cambio podría lograrse en un plazo de seis a ocho meses, dependiendo de la voluntad de la municipalidad para llevar a cabo estas modificaciones, según las estimaciones de Zamorano.
También contó que han sostenido contacto con el nivel central del ministerio para poder concretar una reunión técnica con el municipio, la que se concretaría durante última semana de junio.
Esta modificación podría lograrse en un plazo breve si sólo se abocara a cambios del índice de constructibilidad, porque de generarse un cambio completo del plano regulador de la ciudad, esto podría tardar hasta un par de años fácilmente.
Al margen el Ministerio de Vivienda debería incorporar normas de responsabilidad para las empresas, que tienen que ver con las medidas de mitigación a la comunidad de los proyectos que se realicen.
Por ejemplo, los planes de para el transporte urbano, ya que hasta ahora las empresas sólo se preocupan de levantar sus edificios, sin tomar en cuenta necesariamente el entorno, incluidos más estacionamientos, áreas de esparcimiento, entre otras obras.
El seremi de Vivienda adelantó que el cambio que se requiere hacer al plano regulador, atrasará necesariamente algunas obras, no así en aquellas que tienen sus anteproyectos aprobados.
Salud. Tendrá 30 días para presentar proyecto definitivo de relleno sanitario.
Un ultimátum de 30 días entregó la seremi de Salud a la municipalidad para presentar el proyecto de un nuevo relleno sanitario y el plan de cierre del actual basural La Chimba.
Esto fue confirmado por la máxima autoridad sanitaria de la Región de Antofagasta, Lila Vergara, quien aseguró que esta medida busca presionar al municipio para solucionar definitivamente los problemas sanitarios producto del basural, además de apurar los plazos para el cierre del mismo.
'Nosotros buscamos que el municipio resuelva a la brevedad el tema del relleno sanitario. Hemos hecho llegar un requerimiento a la municipalidad en ese contexto, con un plazo de 30 días para que nos presenten el proyecto de relleno sanitario además del plan del relleno actual', señaló Vergara.
Entre las exigencias que debe presentar el proyecto a la seremi destaca el diseño del nuevo relleno, los tiempos de ejecución e implementación del mismo además de un cronograma de trabajo en conjunto.
Si al finalizar el plazo no es presentada alguna iniciativa a las autoridades de salud, procederán a sumariar al municipio con multas que podrían llegar hasta las 1.000 UTM, ya que hasta el momento, la municipalidad no ha cumplido con las exigencias planteadas por la propia seremi en julio de 2009, en donde pedía claridad en las fechas de cierre del vertedero y construcción de un nuevo basural.
Además de la sanción monetaria, legalmente el Ministerio de Salud podría cerrar el relleno sanitario La Chimba, aunque esto fue completamente descartado por la seremi Lila Vergara.
'Continuaremos con el conducto regular que es pesquisar y seguir insistiendo con soluciones. Tenemos la facultad de cerrar el relleno, pero generaríamos una alerta sanitaria porque no tenemos otro vertederos en donde podamos disponer de los residuos. Pero legalmente ellos (municipio) están obligados a cumplir', agregó la autoridad.